CASO LA FABRIQUILLA: SE ABRE LA VEDA ¡¡¡EL MUERTO, PARA EL FUNCIONARIO/A!!!

CASO LA FABRIQUILLA: SE ABRE LA VEDA ¡¡¡EL MUERTO, PARA EL FUNCIONARIO/A!!!

Sabemos que en el ámbito del Urbanismo se mueven ingentes cantidades de dinero y que opera con una dinámica que favorece el enriquecimiento fácil a quienes participan de él, tanto desde la esfera privada como desde la esfera pública. Así, el particular, a través de promotoras y constructoras, no sólo puede obtener grandes beneficios económicos sino que, a través de aquéllas puede, además, blanquear dinero con escasas posibilidades de detección. Por su parte, dentro de la Administración local, determinado tipo de funcionarios públicos, como los alcaldes o los concejales de urbanismo, pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance, puesto que de ellos depende el planeamiento urbanístico, la recalificación de los usos del suelo y la concesión de licencias, todo ello con un enorme valor de mercado. En este punto se produce la paradoja de que quien otorga las licencias urbanísticas y quien debe controlar las infracciones contra la ordenación del territorio a menudo coinciden en la misma persona o, de no ser así, tienen un alto nivel de proximidad: ello abre inevitablemente las puertas de la corrupción y, con ello, a una indeseable desestabilización de la democracia local, ya que no hay que olvidar que el lucrativo fenómeno de la corrupción urbanística está también vinculado con la financiación ilegal de partidos políticos.

El pasado 24 de noviembre, la Juez, Dª. María del Mar Alejo Rico, dio por conclusa la última de las TRES rondas declaratorias realizadas a los IMPUTADOS en el caso “LA FABRIQUILLA”.

Recordar que los pasados días, 14 y 17 de noviembre, las distintas tandas de declaraciones se circunscribieron a los políticos integrantes de la que fuera la Junta de Gobierno que  aprobó la licencia de obras para la construcción de los 10 chalets en la parcela 11 de la U.E. 109 del PGOU de Roquetas de Mar (declarada su licencia nula, de pleno derecho, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 07 de noviembre de 2011).

Insólito, y cuando menos poco acertado, “la pasarela cibeles” montada en el entorno de las declaraciones, correspondientes a los días 14 y 17, donde, prácticamente, todo el Equipo de Gobierno Municipal, “en PLENO”, desfilaron arropando al Alcalde y resto de Concejales Imputados. Para unos, los mas incondicionales, una clara muestra de apoyo y respaldo hacia sus compañeros en unos momentos en los que, sobre sus cabezas, se vislumbra la larga sombre de la Justicia  y, para otros, los mas escépticos y conocedores de la verdadera realidad, éste montaje, correspondería mas a una clara muestra de DESCONFIANZA ante el temor de una posible RUPTURA de la estrategia  marcada por la Dirección Letrada del Ayuntamiento Roquetero, en manos del Letrado Asesor D. Francisco Javier Torres Viedma.AMAT ANDALUCES DIARIO

¡¡¡La incorporación de nuevos letrados hace presagiar cierto desasosiego y desconfianza en el entorno mas allegado del Alcalde Amat!!!

Entre los declarantes, 2 ex-concejales y 5 miembros del actual Equipo de Gobierno, se encuentra el mismísimo Alcalde Presidente, D. Gabriel Amat Ayllon( Presidente del Partido Popular, Alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Presidente del Comité Electoral Regional del PP y todo un Presidente de la Diputación Provincial de Almería).

Ciertamente poco, o nada, ha trascendido de los distintos interrogatorios como poca, y era de esperar, la luz vislumbrada en aras de esclarecer los hechos. La negativa, por parte de los imputados, a contestar las preguntas de la Dirección Letrada de las acusaciones, particular y popular(Kaiser y Amayt)respectivamente, deja en el tintero cuestiones, tan obvias y necesarias, como saber, el por qué, de la aprobación de una licencia de obras en Plena Revisión del Plan General de Ordenación Urbana o ¿Por qué no se paralizo el PERI a raíz de los informes negativos emitidos, por los Servicios Técnicos de la Junta de Andalucía? Tampoco se ha aclarado por qué no se realizo, conforme estipula la ley, la revisión de oficio sobre la licencia concedida. Pero, por el contrario, lo que si hemos averiguado, y según la declaración de TODOS LOS IMPUTADOS es que –NINGUNO DE ELLOS, era conocedor de los informes técnicos negativos emitidos por la Dirección General de Obras Públicas como, tampoco, de las Resoluciones Judiciales del TSJA.
Ahora, resulta, que ninguno de los intervinientes era conocedor de nada. Así, la Sra. Toresano, se despachaba, a preguntas del Fiscal, alegando:

“Que ella no comprobaba nada de los expedientes que se llevaban a la Junta de Gobierno Local, simplemente se incorporaba a la Junta y votaba” 

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento tendrán que dar claras explicaciones sobre tales extremos y justificar, o demostrar, la veracidad de lo alegado por los imputados lo que, evidentemente, conllevara otra serie de complicaciones y, posiblemente, la incorporación, a la ya larga lista, de nuevos imputados.

¿Pretenden, con ello, derivar la acción penal hacia una cuestión puramente administrativa cuya sanción no sería de tipo delictivo?

El resultado de esta situación es la existencia de un enorme margen de impunidad de los atentados contra la ordenación racional del territorio. Sobre la respuesta que aporta el Derecho administrativo a este problema se ha se dicho que resulta insuficiente principalmente por dos motivos: por un lado, porque la complejidad de la normativa administrativa y su excesivo tecnicismo dificulta saber cuándo se produce una actividad ilícita, y reduce sus posibilidades de persecución y sanción; por otro, porque no cuenta con suficientes recursos ni preventivos ni represivos. A esto habría que responder que, si bien la normativa en materia urbanística no es sencilla, no lo es hasta el punto de no poder averiguar si estamos o no ante una infracción urbanística y poder perseguirla. En cuanto a los recursos, por lo que se refiere a los instrumentos legales, hay que decir que en la normativa urbanística sancionadora se establece con claridad cuáles son los comportamientos constitutivos de infracción. Sí cabría señalar que los recursos materiales y humanos no se han mostrado suficientes, y, de serlo, no parece que se hayan puesto realmente al servicio de la persecución de las infracciones urbanísticas.
Con todo, lo que, en mi opinión, verdaderamente afecta a la ordenación del territorio no es lo que se acaba de exponer, ya que las infracciones urbanísticas de cierta entidad no suelen carecer de licencia. Lo que suele suceder es que previamente se han puesto «los medios para obtenerla» a través de un oportuno cambio en el plan urbanístico y, con ello, del destino y usos de un concreto suelo, de forma previa, e incluso coetánea, a la concesión de la licencia urbanística, todo ello previo acuerdo entre la entidad que construye y el correspondiente representante de la Administración local. En caso de que no ocurra así, esto es, de que no haya desde un principio una pactada adecuación entre lo autorizado y lo efectivamente construido, tampoco es extraño que se «legitime» posteriormente la ilegalidad sin demasiadas dificultades. Más aún: incluso en el caso de que se haya perseguido la ilegalidad y exista una resolución que obliga a la demolición de la construcción ilegal también nos encontramos con una situación de generalizado incumplimiento, lo que resulta especialmente grave, ya que se trata de una situación de desobediencia a las decisiones judiciales, amparada por la propia administración, que no insta a la ejecución efectiva de las mismas. Todo ello fomenta, lógicamente, la convicción de que, una vez terminada la construcción, sus irregularidades se acabarán viendo siempre legalizadas.HABRÁ JUSTICIA

Pero lo más importante de la relación de sujetos que aparece en el artículo 319 es que se trata de una pluralidad de personas que actúa de forma conjunta y organizada. 

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Informe Jurídico sobre la inhibición de la Fiscalía General (Madrid) en favor de la Fiscalía de Almería Caso La fabriquilla.

fiscalía general de estadoComo ya os comente en su momento y teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Fiscalía General (Madrid), 2 meses después de la presentación de la denuncia por Margarita Kaiser contra el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, D. Gabriel Amat, D. Juan Fernando Ortega Paniagua, SAT Las Hortichuelas, Caja Rural de Almería (CAJAMAR) y otros, los abogados de la denunciante y perjudicada, muestran su extrañeza al respecto de la inhibición de es fiscalía, en favor de la Jefatura en Almería.

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La perdida de un hijo en trágico accidente de circulación, al poco tiempo, le ROBAN el sustento del futuro familiar mediante una “ESTAFA”, tanto en cuanto, le diagnostican un cáncer y, para colmo de los colmos, algunos juegan a “ahuecar el ala”.

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Para ello, repasaremos, muy por encima el “CASO LA FABRIQUILLA”.

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