EL CASO LA FABRIQUILLA: La doble moral, la justificación social y la buena fe.

Es evidente que el comportamiento de los líderes políticos en España, y fundamentalmente en Almería,  ha exhibido una  «doble moral»  En este sentido se puede afirmar que existe cierto «fariseísmo» de los dirigentes públicos, cuyas actuaciones contrarían las cualidades o sentimientos que dicen tener. De manera que estas prácticas o malos ejemplos, generan, también, un aprendizaje  o justificación social de las actuaciones irregulares en todos los órdenes y niveles.

Así nos encontramos, entre otras cuestiones, que nuestros políticos, sean del partido que sea, se han aprendido bien la lección. Ellos nunca son culpables, ni responsables, de nada tanto en cuanto los informes técnicos, ya puedan ser favorables o de contrario, respalden o no lo que con su voto aprueban o deniegan. Y todo esto es cierto puesto que existen jueces, como la del Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar, Srta., por ahora, Alejo Rico, que consideran que los técnicos que emiten informes favorables( aunque antes hayan sido políticos, aunque antes hayan concedido, con sus informes favorables,  más de 3000 licencias de obras, aunque tengan como técnicos una dilatada carrera administrativa emitiendo informes) –éstos-, después de tantos años en la administración, después de ser licenciados en derecho, después de ser expertos en urbanismo pues como que no son conscientes de lo que firman o, por el contrario, que a pesar de trasgredir la ley, a sabiendas, estos técnicos hacen sus informes tan convencidos que no cabe pensar que lo realicen con ninguna mala  fe, incluso cuando con su “equivocación”, como ya decía antes, conlleve una flagrante y palmaria transgresión de la Ley. Así, pues, nos encontramos con dos disyuntivas

  • ¿Existe o no el delito de Prevaricación en el entorno de la Administración Pública?
  • ¿Quiénes son los culpables de que las arcas públicas sean saqueadas y de que el patrimonio público sea esquilmado?

Los unos, los políticos,  dicen cumplir con su obligación cuando respaldan, con su voto favorable, lo que dicen los informes técnicos y, los otros, los funcionarios-técnicos, y a la vista de algunas resoluciones dictadas por alguna que otra juez, pues como que se pueden equivocar involuntariamente o que no se encuentran lo suficientemente preparados para dictaminar esos informes, en materias tan complejas como sería el caso del urbanismo. En definitiva que no existe mala fe, dolo, etc…. pero el delito se ha cometido y no existe culpable alguno. Nuevamente, la sociedad civil, los ciudadanos, ¡¡¡a joderse toca!!!.

Y a todo esto, tanto S.Sª como el Ministerio Fiscal, obvian u olvidan que indirectamente también encontramos la buena fe disfrazada de la prohibición de la “desviación de poder” que suele encubrir la malignidad de quien dicta el acto formalmente impecable pero materialmente envenenado (Informes Técnicos, Resoluciones Judiciales, etc., etc., etc….)

Diríase que el principio de buena fe, que pretende expulsar a los granujas del juego, tiene poco que hacer en la esfera de la Administración Pública. Por eso, es frecuentísimo que la sincera invocación de la buena fe del contratista (que hace la obra sin formalizar el contrato o que firma un convenio sin cumplirlo), del funcionario (que emitió su informe a instancia de parte interesada pensando que actúa correctamente o sin malicia), o del ciudadano (que consintió confiado un acto administrativo sin impugnarlo en plazo) tropiece con una negativa fundamentada en reglamentaciones y conceptos jurídicos.

Sin embargo, la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se ocupa de la buena fe. Por un lado, la referida a las Administraciones al disponer el art.3.1 que “deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. Y por otro lado, en el art.110.3 sobre los administrados, al advertir que “Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado”.

Así y todo, no faltan manifestaciones de la “mala fe” en la Administración (o más bien en sus autoridades, ya que imputar un vicio humano a una persona jurídica es una licencia expresiva pero irreal). En el fondo, subyace una insana prepotencia, esto es, abuso del poder público y con total seguridad un claro indicio de connivencia técnico-política, al menos en éste caso. Y es, que no podemos olvidar y entre otras cuestiones, que el técnico, D. Nicolás Moreno Pimentel, es el que emite los informes favorables de la Licencia de Obras ilegal  en el Caso La Fabriquilla quién -con anterioridad-, ha sido compañero de partido (PP.) y concejal del Alcalde de Roquetas de Mar, Sr. Amat. El Sr. Moreno Pimentel con posterioridad, a su periodo politico, ha pasado a ser el Técnico Asesor de Urbanismo que respalda, con sus informes, todo aquello que a su compañero y jefe de filas políticas(el que le paga con el dinero público),  le interese.

¡¡¡Si  S.Sª no interpreta la existencia de ésta posible connivencia y la investiga, como así ha sido, digo yo que será porque no le interesa!!! O bien pudiera ser que S.Sª se encuentre mediatizada, el caso le venga grande o que su inminente matrimonio la tenga obnubilada.

Sinceramente lamento tener esta opinión, personal, en éste caso en concreto pero es que por mucho que intento rebuscar cualquier tipo de justificación al incomprensible proceder o medida adoptada por la instructora (el archivo Provisional del Caso La Fabriquilla) no soy capaz, o no me encuentro capacitado, para llegar a otras conclusiones. Conste que no soy el único que piensa así, incluido algún que otro Magistrado y Fiscal.

En fin, que si todos actuásemos con buena fe, lealtad y sinceridad, sobrarían las formas y trámites y desaparecerían los pleitos. Sin embargo, desde que Colón cambiaba espejitos por oro a los indios, y desde que las tribus formadas por sus descendientes confiaron en que el Gran Padre Blanco respetaría los tratados, parece que la buena fe no forma parte del código ético de los discípulos de Maquiavelo, ya militen en las filas de las autoridades público-jurídicas o ya militen en las filas de los ciudadanos pícaros de solemnidad.

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