DEMOLEDOR Y CONTRADICTORIO INFORME DEL FISCAL EN EL CASO “LA FABRIQUILLA”

DESDE el mes de febrero de 2010, aproximadamente, hemos sido testigos del nacimiento de una nueva artimaña jurídica para escurrir la acusación fiscal del delito de ordenación del territorio, y que podríamos resumir en la siguiente frase:

“El delito de ordenación del territorio no es delito si no es doloso, esto es, si el acusado es ignorante de su ilegalidad”.

Por más que nos pueda parecer un ejemplo de antijusticia, que ofende hasta la inteligencia más débil, es así como se está despachando últimamente una ardua labor policial dirigida a la contención del urbanismo salvaje y descontrolado que ha caracterizado las últimas dos décadas de la historia de la provincia de Almería. En este artículo me propongo reflexionar sobre este sinsentido, aprovechando el informe emitido por el Ministerio Fiscal de Almería y el auto de archivo provisional redactado por la Juez instructora de la causa “LA FABRIQUILLA”(que en próximas fechas publicare y del que puedo adelantarles que no tendrá desperdicio alguno, indistintamente de las posibles consecuencias que ello pueda acarrear en un no muy lejano futuro) que, de mantenerse en las próximas fechas su postura, a la vista del recurso planteado y presentado por Margarita Kaiser, podría reconfortar el sentimiento de patente de corso que tienen los alcaldes de nuestra provincia, y así poder disfrutar del libre albedrío ladrillero del que han tenido -y tienen-, gala en una aparente connivencia con el sistema judicial establecido.
Sírvanos de ejemplo el actual caso conocido como “LA FABRIQUILLA” y el informe emitido por el Ministerio Fiscal, que podrán ver pulsando en el siguiente enlace:

 https://es.scribd.com/doc/265543166/1-Info-Fiscal-Caso-LA-FABRIQUILLA

Indistintamente, quiero participarles mi asombro por el informe emitido y las contundentes aseveraciones que, de forma particular, hace el Fiscal D. David Calvo. Al mismo tiempo y aun no estando de acuerdo en absoluto con sus conclusiones finales, en lo referente a su petición de Sobreseimiento Provisional de la causa, y a la vista de sus propias apreciaciones, no quiero perder la oportunidad de mostrar mi satisfacción por el reconocimiento tácito que realiza sobre todos y cada uno de los hechos denunciados, y puestos de manifiesto, en la denuncia de Dª. Margarita Kaiser. Créanme si les digo que pocas dudas tengo sobre las presiones que se han debido de ejercer, como tampoco tengo duda alguna de lo contradictorio que todos ustedes encontraran el referido informe y que NO es un descubrimiento que el Derecho no es una ciencia exacta, presenta multitud de recovecos, fracturas por donde se cuela la justicia para dar paso a la impunidad, por lo que exige una constante actualización y perfeccionamiento.

El informe del Fiscal, D. David Calvo, nos deja una visualización clarisima( mas adelante la expondremos de forma resumida) de como se han ido aconteciendo los hechos y la impunidad con la que han ido elaborando, los miembros de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, una política de hechos consumados en aras de facilitar una licencia de obras ILEGAL, como así reconoce el propio fiscal, a pesar de ser conocedores de su ILEGALIDAD y de una resolución judicial que así lo ponía de manifiesto(emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) pero que al parecer, y por lo pronto, el Sr. Fiscal considera ¡¡¡por UN DÍA!!!, que los miembros de la mencionada junta de gobierno local desconocían. Siendo, éste, el motivo fundamental y único por el que decide proceder a su propuesta de archivo provisional.

ANTECEDENTES DE LOS HECHOS PROBADOS

  1. El 2 de marzo de 2006 el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprueba la modificación puntual de la Parcela 11 (UE-109, Plan Especial de Reforma Interior), promovido por Hortiagricola SL. Se pasa de suelo Terciario (Comercial, servicios a la Ciudad etc)a uso Residencial(10 viviendas).
  2. Las licencias las concede la Junta de Gobierno Local el 14 de mayo de 2007.
  3. Ese expediente de modificación puntual contaba con el informe negativo de la Delegación Provincial Consejería de Obras Públicas de fecha 08 de febrero de 2006.
  4. La propia Junta interpuso recurso contencioso-administrativo el 16 de mayo de 2006 siendo conocedor como parte el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
  5. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como medida cautelar, acordó la suspensión del acuerdo el 10 de mayo de 2007(4 días antes de concederse la licencia por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento)
  6. Sin embargo, formalmente, la notificación al Ayuntamiento se produce UN DÍA DESPUÉS de concederse las licencias (15 de mayo de 2007, así lo certifica el propio ayuntamiento).
  7. Finalmente, la sentencia del TSJA de lo Contencioso Administrativo anula el 7 de noviembre de 2011 esa modificación del PERI (Plan Especial de Reforma Interior) a cuyo amparo de había concedido la licencia para la construcción de 10 viviendas en esa parcela.
  8. Con independencia de la notificación y de si conocían o no los imputados por otras vías la suspensión cautelar del TSJA, los Inspectores de Urbanismo de la Junta y conforme a la legalidad urbanística vigente dicen que no se podían conceder licencias conforme al artículo 27.2 de la LOUA porque había una modificación del uso (de terciario a residencial) y en esos casos se suspende la posibilidad de otorgar licencias en las áreas afectadas.
  9. El Ayuntamiento de Roquetas discrepa y dice que si se podían conceder licencias en esa parcela en concreto porque no estaba afectada por la suspensión.
  10. Fortaleciendo su posición, la defensa ha pedido un informe al Colegio de Arquitectos  y éste le apoya, diciendo que es la Junta de Andalucía la que está equivocada. En idéntico sentido se pronuncia D. Juan Francisco Pérez Gálvez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería y Lorenzo Mellado Ruiz, Profesor de Derecho Administrativo de la misma universidad.
  11. Para legalizar esas 10 viviendas el Ayuntamiento ha hecho la innovación 2/2010 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ésta modificación Puntal sí que contó con el informe favorable de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía.

VALORACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE LOS IMPUTADOS REALIZADAS POR EL FISCAL

En primer lugar, en relación con las desafortunadas apreciaciones que hemos leído en algunos escritos de las defensas, queremos aclarar que dichas declaraciones no han ido encaminadas a manchar la imagen pública de nadie,  siendo su fundamento la garantía fundamental de defensa recogida en nuestra Carta Magna cuando hay indicios de que se ha podido cometer  una infracción penal, aunque después de la instrucción se desvanezca o sean insuficientes para formular acusación.
Dicho esto, pasamos a valorar;

  1. La nota común en todas las declaraciones de los imputados ha sido negar que tuviesen conocimiento del informe de la Junta de Andalucía contrario a la Modificación del PERI.
  2. Todos los integrantes de la Comisión de Gobierno que aprobaron el proyecto, alegaron ser una suerte de “analfabetos en materia urbanística” amparándose en que sus campos profesionales (médico, agricultor etc.)están muy alejados a los tecnicismos  propios de la calificación y clasificación del suelo en las ciudades.
  3. Manifiestan que en la Comisión de Urbanismo nada se dijo de la impugnación ante los tribunales de la modificación del PERI, y en la Comisión de Gobierno se aprobó al llegar con todos los informes favorables.
  4. Es nuestra impresión que dicha legítima estrategia de defensa NO RESULTA CREÍBLE. Basta con escuchar a los imputados hablar sobre urbanismo y ver los años que llevan al frente de la Corporación Local- muy activa en ésta materia- para concluir que saben perfectamente lo que hacen y el alcance de sus decisiones administrativas.
  5. También es llamativo y poco CREÍBLE que en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, quienes tienen que tomar las decisiones sobre la concesión de ésta licencia no conociesen el informe negativo y la impugnación ante los tribunales por parte de la Junta de Andalucía. Parece razonable hacer constar en los expedientes dicha incidencia y si no se hace CUESTA CREER QUE SEA ALGO ACCIDENTAL.
  6. Como creemos firmemente que si conocían ésta situación puesto que los distintos departamentos del Ayuntamiento no son compartimentos estancos y por razones elementales de buen funcionamiento deben comunicar a otras secciones toda la información que les puedan afectar en sus decisiones, hubiera sido lo más prudente no conceder las licencias si sabían que se había impugnado el acuerdo de modificación y el TSJA iba a resolver en breve las medidas cautelares.
  7. TAMPOCO nos resultó convincente el ampararse -como lo hicieron varios de los imputados- en lo resuelto favorablemente por la Comisión de Urbanismo y en la máxima de que los expedientes que llegan a la Comisión de Gobierno NO SE REVISAN, aprobándose sin más los proyectos. Resultaría mucho más tranquilizador como ciudadano saber que nuestros gobernantes no conceden licencias a “ciegas” y que revisan la documentación antes de votar, por mucho que se concedan más de 300 licencias en un día y se presuma públicamente de la celeridad en su otorgamiento.
  8. Igualmente, algunos de los imputados pasan al ataque contra los informes de los Técnicos de la Junta de Andalucía olvidando lo que de forma definitiva ha resuelto – no lo olvidemos, dándoles la razón- el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (que ANULA esa modificación del PERI).
  9. Es un hecho indiscutible, por la tanto, que la actividad urbanística del ayuntamiento de Roquetas de Mar fue ilegal.
  10. Es unos años después cuando el ayuntamiento de Roquetas de Mar reconoce el error y lo dispuesto en la resolución judicial, rectifica la deficiencia y aumenta esa dotación hasta las proporciones reconocidas en la ley del suelo, por eso ahora la licencia de primera ocupación es informada favorablemente por la junta de Andalucía y no se opone a una actuación urbanística que inicialmente era ilegal.
  11. Después de estudiar lo informado por los peritos (colegio de arquitectos y dos profesores de derecho administrativo de la universidad de Almería) nos convence más el dictamen de los técnicos de la junta de Andalucía (que además son funcionarios de carrera con un deber de objetividad e imparcialidad en su actuación del que en absoluto dudamos).
  12. Llama y mucho la atención el informe del colegio de arquitectos de Almería. es inaudito y está absolutamente fuera de lugar que un colegio profesional de una ingeniería puedan entrar a valorar cuestiones exclusivamente jurídico-penales, ajenas al objeto de su pericia, como es el caso de si los autorizantes de la licencia tenían o no conocimiento de la medida cautelar del TSJA. Más allá de las notificaciones formales, el conocimiento puede ser demostrado de muchas otras formas con medios admisibles en derecho y es algo que debe evaluar exclusivamente los profesionales del derecho. Por tanto estas valoraciones exceden claramente de sus competencias, y colateralmente, ensombrecen las consideraciones estrictamente técnicas, aunque no dudamos que han tratado de ser imparciales.
  • ¡¡¡PUES BIEN, A PESAR DE TODO ELLO, EL FISCAL, SOLICITA EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LAS DILIGENCIAS!!!.

Consecuentemente, se ha de desprender que el art. 320 CP restringe el delito de ordenación del territorio para los alcaldes y funcionarios, favoreciendo con ello la impunidad de los mismos mediante el empleo de recursos tan ambiguos como discutibles, y perfectibles, como el error de derecho, que han sido utilizados para absolver de delitos, en contra de todo sentido común. Por fortuna hay sentencias que dejan claro que no se debe abusar de este recurso y que hoy día, en la era de la información, nadie puede alegar desconocer las leyes, menos aún los alcaldes que están ahí para hacer que se cumplan.
Al amparo de alcaldes que han creído tener patente de corso, carta blanca para hacer y deshacer a su antojo y conveniencia, se han construido decenas de miles de viviendas en suelo no urbanizable, creando una ciudad horizontal caótica y desordenada cuyas consecuencias ambientales, económicas y sociales sólo están empezando a emerger. Es fundamental que los procesos contra alcaldes imputados terminen con condenas ejemplares que dejen muy claro que el asunto con el que han estado jugando es muy serio, de modo que sirva de señal o advertencia para las próximas legislaturas, en las que los nuevos alcaldes se piensen muy bien sus decisiones y se aseguren muy bien de estar jurídicamente respaldadas conforme a Derecho. Por lo que concluyo que, a diferencia de la creencia (o deseo) de los alcaldes de que las faltas relacionadas con la ordenación del territorio deberían ser reguladas a través del derecho administrativo, sostengo con toda la contundencia que estos argumentos me puedan dar, que hoy, más que nunca es imprescindible la vía penal para frenar el desmadre ladrillero en suelo no urbanizable, no sólo porque considero que hay en todos los casos  tipicidad, es decir, delito penal, por parte de alcaldes y constructores, sino porque es la única forma de conseguir un efecto disuasorio en el futuro, al dejar claro que este asunto tiene consecuencias graves para el infractor.

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