¡¡¡EL CASO AUDITORIO DE ROQUETAS DE MAR!!! LA FISCALÍA DE ALMERÍA MIENTE EN SU INFORME

Sirva éste artículo como ampliación al anteriormente publicado.

Cierto es que el informe no está refrendado, como en anteriores ocasiones, por el Fiscal Jefe, D. Antonio Pérez Gallegos. En ésta ocasión lo hace D. Manuel Hermoso Guerrero, Fiscal que ha venido ejerciendo sus funciones, hasta hace poco, en la localidad de Huercal Overa.
Curioso, cuando menos, que en ésta ocasión no sea el propio Fiscal Jefe, D. Antonio Pérez Gallegos, el que se vuelva a pronunciar sobre el tema en cuestión pero, todo ello, tiene su explicación.

El Sr. Pérez Gallegos sabe, y conoce perfectamente, que desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Ilmo. Sr. Fiscal, D. Juan Ignacio Fernandez-Amigo De La Torre, emitió Decreto mediante el cual, entre otras y en su parte dispositiva, acordaba lo siguiente:

“Remítase copia integra de las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Almería para que lleve a cabo las actuaciones que resulten necesarias una vez conocida la decisión del órgano jurisdiccional anteriormente indicado”AMAT HISPANO

Estas diligencias, de investigación penal, hacen referencia a la denuncia impuesta por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia(AMAyT) sobre el, ya, más que conocido como caso “Hispano Almería”. En el que se investiga, actualmente, por la UDYCO DE LA COSTA DEL SOL  la posible comisión de los presuntos delitos de Prevaricación, Estafa y Cohecho,  que podrían haber sido cometidos por la empresa HALSA y en los que se encontraría involucrados, de forma directa, y entre otros como perceptores de esas cantidades, altos mandatarios provinciales del Partido Popular de Almería, la propia organización, así, como Alcaldes y técnicos de distintos municipios de nuestra provincia. Los hechos sobre los que se dirige la investigación hacen mención a pagos realizados, en “b”, por la empresa Hispano Almería a cambio de distintas adjudicaciones de Proyectos, Direcciones y modificados de Obra,  así, como su ejecución. Hechos que se encuentran judicializados, bajo el número de Diligencias Previas 836/2014, en el Juzgado de Instrucción número Tres de Almería y de las que, como anteriormente les indicaba, el Sr. Fiscal Jefe, D. Antonio Pérez Gallegos, es perfecto conocedor. Se hace necesario mencionar que entre la documentación aportada al escrito de denuncia, ahora judicializado y en investigación, se incorporaron “recibís“de entregas dinerarias a algún que otro técnico del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y, otras, que irían a sufragar los gastos de la campaña electoral del Partido Popular por importes, “supuestamente”, abonados contra los presupuestos de ejecución, entre otros, de la obra denominada “Auditorio Roquetas de Mar” y cuya cuantía no sería inferior al MILLÓN DE EUROS(unos Doscientos Millones de las antiguas pesetas).
Pues bien, a pesar del evidente conocimiento que tiene el Sr. Fiscal Jefe de Almería sobre la instrucción e investigación de las diligencias previas 836/14, además, los denunciantes que solicitan la apertura de la causa “Auditorio Roquetas de Mar” aportan, a las misma,  mediante escrito de su Dirección Letrada, ONCE RECIBÍS que hacen referencia a esos supuestos pagos y que quedan incorporados en el escrito, “Recurso“, que presentaron, en su día, contra la decisión del Fiscal Jefe y de la actual Juez del Juzgado de Instrucción número Tres de Roquetas de Mar que, sin motivación alguna y al igual que la Fiscalía, mostró su rechazo a re-aperturar las mencionadas diligencias.EL MAZAZO
Igualmente siguen obviando los Sres. Fiscales, Pérez Gallegos y Hermoso Guerrero, que el mismo Decreto del TSJA hacía referencia a lo siguiente:

“Conforme a lo establecido en el art. 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y a través de atento oficio, remítase copia del presente Decreto de Remisión a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado”

Nos sorprende profundamente que el Ministerio Fiscal solicite el sobreseimiento provisional de estas diligencias cuando existen indicios racionales, e indistintamente a los ya indicados, de la supuesta comisión del delito de prevaricación, como a continuación exponemos.

  1. La Junta de gobierno que aprobó la modificación del proyecto está compuesta por los Concejales que tienen la consideración y calificación de autoridad.
  2. – El acuerdo de la Comisión de Gobierno aprobando la modificación del proyecto, es injusta y arbitraría por las razones siguientes: dado que dicho acto administrativo, contiene una contradicción patente y grosera con el derecho, desborda la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, es una clara desviación o torcimiento grosera clara y consciente y supone una clara contradicción palmaria y esperpéntica del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

En el presente caso obra en las actuaciones que dicha aprobación del proyecto modificado se llevo a cabo sin acudir a la licitación pública despreciando el procedimiento de urgencia previsto en el Art. 146 del citado Real Decreto, atribuyendo la contrata de dicha modificación a quien les pareció oportuno (flagrante arbitrariedad) habla por sí mismo, pero además se pasa a la aprobación de dicho proyecto complementario una vez concluidas las obras, dicha actuación se desenvolvió siguiendo un plan trazado en el que no se plantearon respetar los cauces legales y mas aún en contra de los informes del Secretario del Ayuntamiento del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía y del Interventor del Ayuntamiento.
Con ello se intentó ocultar su coste burlando la fiscalización del mismo y se privó a terceros de poder optar a las obras en una licitación pública rompiendo con los principios de publicidad y concurrencia que deben existir en toda licitación de obra pública, anteponiendo los intereses particulares a los generales.
No debemos olvidar que el delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública con los parámetros constitucionales que sustentan su actuación; garantizan el debido respeto en el ámbito de la función pública y el principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social y democrático de derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas. Ello Implica su contradicción con el derecho que puede manifestarse por que se haya dictado el acto administrativo sin tener la competencia exigida, por total ausencia de fundamento, por la omisión de trámites esenciales del procedimiento, desbordando de forma evidente y clamorosa la legalidad o con patente o abierta contradicción con el ordenamiento jurídico y desprecio de los intereses generales.
Por lo tanto es pues evidente que los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron la modificación del proyecto a sabiendas de su manifiesta y clamorosa ilegalidad e injusticia.

Conclusión; nos preguntamos ¿Si el Ministerio Fiscal al solicitar en su informe el sobreseimiento provisional de las referidas diligencias a querido mirar hacia otro lado o no ha analizado en profundidad las diligencias de prueba obrantes en las actuaciones que evidencian, sin dudar a dudas, la supuesta comisión de un flagrante delito de prevaricación?

Desde éste preciso momento los servicios Jurídicos de Amayt se encuentran  analizando, entre otras, ésta resolución que, por cierto, no se encuentra motivada en su informe por el Ministerio Fiscal. No descartando que en breves fechas, y en principio, se proceda a la interposición de una o varias Denuncias-Querellas, por “supuesto” delito de Prevaricación contra el Fiscal Jefe, D. Antonio Pérez Gallegos y, muy posiblemente, algún que otro miembro de la Fiscalía Provincial de Almería.

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