3 Jueces, 1 diligencias penales y Hacienda tras la pista del Alcalde de El Ejido.

ladrones guante blancoSi insólito nos parecía que en un periodo no superior a un año y sobre una misma causa penal, interviniesen tres jueces con tres criterios distintos, mayor es nuestro asombro cuando, a la vista de los documentos que a continuación podrán observar, nos percatamos de que aquello de LA COLABORACIÓN  entre las administraciones, lo de la transparencia de hacienda así como de la administración de justicia es pura y mera coincidencia.

Digo esto por que, si las leyes se promulgan para que TODOS, si excepción alguna, tengamos que cumplir con ellas que menos que, la propia administración, de un claro ejemplo de ello siendo la primera en acatar lo promulgado. Claro esta y en evidencia manifiesta queda, tan digna aseveración que, la consabida transparencia y colaboración entre las administraciones, es PURA RETORICA. Prueba de lo que aquí les cuento es la desconfianza, quizás por cuestiones de forma entre los interlocutores que, en éste caso, se suscita entre la Administración de Justicia, mas concretamente en el Juzgado de Instrucción número Dos de los de El Ejido y la A.E.A.T(Hacienda).

Les sugiero que, para un mejor entendimiento de lo que aquí les detallo, comiencen leyendo el segundo documento de los dos expuestos. Éste segundo documento, DILIGENCIA PARA DEJAR CONSTANCIA, lo realiza el Sr. Secretario del mencionado Juzgado y, se puede extraer de él, varias conclusiones:      

Primero.- Que hasta la fecha, el Sr. Juez y el Sr. Secretario, del mencionado Juzgado número Dos de los de El Ejido, era o son desconocedores de lo acordado por Su Señoría, la Jueza Sustituta, Dª. Juana María Gómez Olivar, según su auto de sobreseimiento libre y  archivo de las Diligencias Previas 710/2.011, de fecha 01 de diciembre de 2.011, que, actualmente se encuentra recurrido, donde se acordaba en su parte dispositiva: Dedúzcase testimonio de las mencionadas diligencias por si los hechos contra la Hacienda Pública pudieran ser susceptibles de infracción administrativa, debiendo de remitirse el mencionado testimonio a la Agencia Tributaria de ésta Provincia.

Segundo.- Que, como anteriormente indicaba, en las cuestiones de formas y en lo referente a ponerse en contacto y colaboración entre las partes (Juzgado y Hacienda), el Sr. Secretario y S.Sª, no entendiesen que fuesen las idóneas o establecidas para tales cuestiones.

Tercero.- Que exista en todo este procedimiento, incluidas sus formas, GATO ENCERRADO, como se suele decir.

Si leen ustedes detenidamente, la Diligencia del Sr. Secretario, se podría deducir de ella que, existe una desconfianza, posiblemente generalizada, al respecto del proceder de la A.E.A.T., en ésta cuestión y, para curarse en salud, situación ésta que ha de parecernos lógica, coherente y de buen proceder, se extiende la mencionada diligencia, por si las moscas. Claro esta que, se podría sospechar y máxime conforme están los tiempos, de si la persona que llama a S.Sª., es quién dice ser y que habla representando a la Institución que menciona.      

Hasta  aquí, todo parecería ser normal si no fuese por que, en el miso día que se dicta la Diligencia por el Sr. Secretario, en ese juzgado no se hubiese recibido FAX con fecha 15 de mayo de 2.012 donde, D. Miguel Ángel De La Fuente Gorostiza, Inspector Jefe de la A.E.A.T., de Almería, dice lo siguiente:


ASUNTO: Le adjunto, de acuerdo con nuestra conversación telefónica, copia del requerimiento de información enviado por la A.E.A.T., a dicho juzgado  relacionado con las Diligencias Previas 710/2.012 y que aun no ha sido atendido.

Para cualquier aclaración le facilito mi número de teléfono.


A éste respecto, he de incidir en varias cuestiones, a saber:

a) Que por parte del Sr. De La Fuente Gorostiza, en su fax, existe un error, con casi toda seguridad de trascripción o al menos así hemos de entenderlo, cuando hace mención o referencia al número de las Diligencias Previas ya que éstas no son del año 2.012 sino, del año 2.011.

b) Que el escrito que adjunta en el mencionado fax, y del que ayer  deje constancia en mi nota publicada en Facebook y en mi Blog, esta fechado en Sevilla, el 8 de febrero de 2.012 y firmado por D. Alberto García Valera (Delegado Ejecutivo de La Agencia Tributaria, Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla).

Consecuentemente, he de manifestarles mi asombro al respecto ya que, es incomprensible, al menos a mi entender, que por parte del Sr. Secretario se dictase la DILIGENCIA a la que hacemos referencia, fundamentalmente por los motivos anteriormente expuestos salvo que, como indicaba, sean desconocedores de las medidas adoptadas por la Juez Sustituta, no conozcan el contenido integro de las Diligencias en cuestión, no exista constancia de la documentación remitida por la A.E.A.T al Juzgado, ésta haya desaparecido del expediente o EXISTA GATO ENCERRADO.

Todo ello, sin entrar en el fondo de la cuestión y éste no es otro que, como ya indicamos con anterioridad, S.Sª, la Juez Sustituta, acordó dar testimonio de las Diligencias a la Hacienda Provincial de Almería, así como traslado del mencionado acuerdo a la fiscalía, con fecha 1 de Diciembre de 2.011. No debemos obviar que, tal resolución, se debe a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, según lo refleja y deja constancia de ello la Sra. Juez, Dª Juana María Gómez, en su mismo auto de archivo que, por otro lado, he de manifestar mi asombro al respecto del mismo ya que, la propia juez, en el apartado RAZONAMIENTOS JURÍDICOS que motivan, entre otros acuerdos, la decisión del archivo y sobreseimiento libre de las actuaciones, argumenta lo siguiente:

los presuntos delitos denunciados, están prescritos, puesto que el plazo de prescripción para los mismos es de tres años, a excepción del delito contra la hacienda pública que es de cinco años, puesto que desde la fecha de la consumación de los mismos hasta el momento de la presentación de la denuncia han transcurrido el plazo de prescripción establecido en el art. 131 del C.Penal.

Al respecto de lo expuesto y argumentado por S.Sª y con el beneplácito del Ministerio Público he de manifestar, nuevamente, mi sorpresa ante la interpretación que los mismos han debido de realizar  para llegar a la conclusión de la prescripción de los delitos que se le imputan por la demandante, entre ellos, al actual Alcalde de el Ejido Francisco Góngora Cara y otras tres personas mas, incluido el administrador único de la sociedad, hermano del Sr. Góngora.

Digo prescripción de los DELITOS puesto que así, también, los tipifica S.Sª y cuando hablo de los criterios utilizados para basarse o fundamentar la prescripción de los mismos no me refiero a los marcados o tipificados en el C.Penal sino, más bien:

UNO.- A cuando se entiende que se ha cometido el/los delito/s.

DOS.- A cuando, verdaderamente, la Sociedad, la Administración, El Estado, La Justicia en definitiva, es o puede ser conocedora de la COMISIÓN DEL DELITO.

 

Estas dos cuestiones las considero de IMPORTANTISIMA TRASCENDENCIA ya que, de los hechos en cuestión y origen de la denuncia, tanto en los Tribunales de Justicia como en la A.E.A.T, únicamente pueden ser conocedores de los mismos aquellos que han intervenido, de forma directa o indirecta, en la consumación de los distintos actos delictivos y claro es que, cuando hablamos de que la base o prueba fundamental de los delitos que se imputan por la denunciante y entre otros, a Francisco Góngora(actual alcalde del Ayuntamiento de El Ejido), se sustentan en un DOCUMENTO SUSCRITO Y FIRMADO DE MUTUO ACUERDO ENTRE DOS EMPRESAS Y DE CARÁCTER PURAMENTE PRIVADO por consecuencia, carece de fundamento lógico y de difícil explicación, fundamentar la aplicación de los periodos de caducidad de los delitos en la fecha en la que se modifico el Pan General de Ordenación Urbana o en la fecha en la que se firmo el contrato privado de compraventa entre las mercantiles AGRICOLA EUROALPUJARRA y MURGIS EDIFICACIONES ya que:

A) Nadie más podía ser conocedor, en la fecha de modificación del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de El Ejido, salvo las dos partes en cuestión, de la compraventa, de carácter privado, realizadas entre las mercantiles. Consecuentemente, aunque el delito se estaba cometiendo en esas fechas, no podía ser  de dominio público por tanto carece de fundamento utilizar como argumento la fecha del PGOU.

B) Por otro lado, única y exclusivamente, la acción popular podría intervenir cuando, a instancia de parte, como así ha sido y una vez conocedora del delito consumado, lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal y esta cuestión, solamente se puede suscitar cuando, evidentemente, se eleva a ESCRITURA PUBLICA, el documento PRIVADO DE COMPRA-VENTA.

C) Igualmente, carece de fundamento a mi humilde entender, el justificar como fecha de inicio para estipular la caducidad del/os delito/s, la firma del contrato de compraventa entre las dos mercantiles, no solamente por lo expuesto anteriormente si no, por que incluso, parte de los delitos que imputa  la denunciante y que pone en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la A.E.A.T, fundamentalmente los que hacen mención a esta última institución, no se habían llegado a cometer, entre otras cuestiones y de carácter relevante, por que la inscripción o elevación a público del documento privado se realiza en Agosto del año 2.007, precisa y casualmente cuando el Sr. Góngora ya no es Concejal del Ayuntamiento de El Ejido. Indistintamente a lo anterior expuesto, se da la circunstancia que el calendario tributario estipula las fechas o periodos en las que, los contribuyentes, han de cumplir con sus obligaciones respecto a la hacienda pública y, claro esta que, al referirnos a empresas-Sociedades, el impuesto de las mismas se devenga en el ejercicio siguiente al cierre contable del año anterior y, en el que se han de reflejar entre otras cuestiones, los incrementos de patrimonio, transacciones, etc., etc., etc., por lo tanto, la hacienda pública tampoco podría ser conocedora de tales circunstancias hasta el ejercicio de 2.008 al igual que tampoco, lo podría ser ningún particular, fundamentalmente tanto en cuanto, no se hubiesen presentado y publicado las cuentas para su cierre en el Registro Mercantil, como lo son de obligado cumplimiento, cuestión esta que, si mal no recuerdo, en el año 2.008 no hace AGRICOLA EUROALPUJARRA . A la vista de lo expuesto y si no me equivoco en ello, en el mejor de los casos para el Sr. Góngora y familia, para el Sr. Fiscal y S.Sª, el periodo de caducidad de los delitos no empezaría a correr hasta Junio-Julio de 2008, al menos el de la hacienda pública y que éste, no se podría considerar ni como falta ni como infracción administrativa por motivo o cuestión  de los importes no declarados y cuyos devengos tributarios serían superiores a los 200.000 euros, importe que, a partir de éste y si mal no recuerdo, son considerados como delito. Me refiero ya no al IVA de los 600.000 euros no declarados sino, al Impuesto de Sociedades que hubiese correspondido declarar por lo defraudado y no declarado.

Teniendo en cuenta que la denuncia se presenta en el juzgado en mayo de 2.011 y que los periodos a computar, para la caducidad, sería en el año de 2.008, el tiempo transcurrido entre uno y otro, no sería superior a 3 años, consecuentemente hemos de entender que no existe prescripción así como, tampoco se pueden considerar infracciones administrativas los “delitos” cometidos contra la hacienda pública.

Todo ello, sin entrar en el detalle de que, la hacienda pública, citase, al parecer en el año 2.009, y sancionase a la empresa  AGRICOLA EUROALPUJARRA por haber obviado la declaración del IVA correspondiente a los importes percibidos y reconocidos por la mercantil como entregas a cuenta a la firma del contrato privado, momento en el que, los representantes de la empresa y en un acto de buena fe y reconocimiento de “un supuesto error”, podrían haber puesto de manifiesto la no declaración de los 600.000 € no declarados, diferencial entre el contrato privado y la escritura pública pero, evidentemente, esta cuestión y visto lo actuado, no se suscito por consiguiente, tampoco existiría la posibilidad de justificar error material o involuntariedad de los hechos.

Se que la extensión de mis notas llegan a perjudicar la lectura de las mismas pero, como casi siempre, intento en la mayor medida posible, dejar constancia y las pruebas oportunas al respecto del tema a tratar así que, en este caso no iba a ser menos y, me gustaría dejaros un pequeño resumen-comentario, al respecto de lo que jurídicamente significa LA PRESCRIPCIÓN:

la prescripción significa la expresa renuncia, por parte del Estado, del derecho a juzgar, en razón de que el tiempo transcurrido borra de alguna manera los efectos de la infracción, institución de carácter puramente material o de derecho sustantivo, ajena, por tanto, a las exigencias procesales de la acción persecutoria.

La prescripción consiste, esencialmente, en invalidar, por el transcurso del tiempo, el valor que habrían tenido determinadas conductas descritas en la ley penal como delito. En definitiva, la prescripción del delito o de la falta existe, dice la STS 26/04/1996, cuando ha transcurrido el tiempo que la ley señala sin procedimiento contra el culpable, bien porque la causa penal no llegara a iniciarse, bien porque terminara sin resolución con eficacia de cosa juzgada, bien porque el procedimiento quedara paralizado, cualquiera que fuera la fase en que tal paralización se produjera pues sobre esto la ley no distingue.

Por último y aunque os parezca mentira, comentar simplemente que, tampoco entiendo la Providencia dictada por S.Sª, el actual Juez del Juzgado de Instrucción número dos (documento 1 de los que adjunto), Sr. D. Francisco José Domínguez Ureña (el tercer juez que pasa por el juzgado, en menos de un año y que es conocedor de la causa), donde pone de manifiesto que:

Dada cuenta, recibida copia de requerimiento de información enviado por AEAT en relación con las Diligencias Previas 710/11 no a lugar a lo solicitado por tratarse de una causa penal abierta hasta tanto no se persone por la Abogacía del Estado. 

Esta providencia, lo manda y firma S.Sª con fecha 15 de Mayo de 2.012, misma fecha en la que reconoce, de forma tácita, haber recibido el documento de la A.E.A.T y misma fecha en la que el Sr. Secretario dicta la Diligencia para dejar constancia de la llamada del Sr. De La Fuente y, ante mi ignorancia, sigo preguntándome, consecuentemente, a que viene dictar la diligencia el Sr. Secretario  si son conocedores y así lo reconoce S.Sª que han hablado y que han recibido la documentación de la A.E.A.T.

Pero, por si todo esto no es suficiente y, ahora si que os prometo que acabo con la presente nota, sigo sin seguir entendiendo, desde mi ignorancia y esto ya si que empieza a preocuparme, ¿que es lo que ha sucedido? y por mas vueltas que le doy no puedo llegar a otras conclusiones que son las que continuación os indico:

1.- Que el Sr. Fiscal no remitiese, en su momento a la A.E.A.T., las actuaciones que, por ORDEN DE S.Sª, la Juez Dª Juana María Gómez, se dictaron  en el auto de archivo de las diligencias, ahora recurridas.

2.- Que, para que COÑO sirve el art.94.3 de la Ley 58/2.003, de 17 de Diciembre, GENERAL TRIBUTARIA, sobre el procedimiento previsto para el requerimiento de información de órganos judiciales que, en el documento remitido por la A.E.A.T al Juzgado (en primer lugar con fecha 8 de febrero de 2.012 y en segunda instancia, el 15 de mayo actual), que dice lo siguiente:

Que el articulo 94.3 de la mencionada Ley, dispone”Los Juzgados y Tribunales deberán facilitar a esta Administración Tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en todo caso el secreto de las diligencias sumariales.

Que se sepa, hasta el momento, no esta declarado el Secreto Sumarial de las Diligencias así que, la duda que me embarga al respecto, como hipótesis, podría ser que o bien no se instruyeron o mejor dicho no se realizó investigación alguna de la solicitada por la denunciante o bien, simplemente, es una cuestión de forma para que S.Sª y en aras de curarse en salud, ante en el supuesto de que el recurso planteado por la denunciante prospere, evitar con ello la posibilidad de impugnación  o de declarar nulo el procedimiento si la entrega de la documentación a la hacienda pública no se hace mediante personación en las actuaciones por parte del Sr. Abogado del Estado.

Ciertamente, mi opinión personal, es la de inclinarme por la primera parte expuesta, es decir que, por parte de la Fiscalía y del Juzgado, no se llegaron a realizar las pruebas que en su día solicitó la denunciante, consecuentemente no puede haber ningún dato de transcendencia Tributaria salvo, los aportados propiamente por la denunciante en su escrito de  denuncia.

Y como lo prometido es deuda. ¡YA HE TERMINADO!

Espero que sea de vuestro interés.

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