Desmontando la estrategia de Gabriel Amat. Antecedentes a la sentencia del TSJA “El Caso auditorio”

justicia resquebrajadaPrimero me gustaría poneros en antecedes de los documentos que se adjuntan en esta nota:

Documento núm. 1: Articulo publicado por el periódico El Berrido De Almería o el ¡¡¡VIVA GABRIEL!!! El 15 de Octubre de 2.005.

Documento núm. 2: Auto judicial penal donde el Juez D. Luis Durban Sicilia, Juzgado de Instrucción Numero TRES de Roquetas de Mar, argumenta y decreta el archivo provisional de las actuaciones hasta que exista pronunciamiento del Contencioso administrativo, de fecha 23 de Enero de 2.006.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se desprende de los documentos que obran, por ahora en mi poder que, este auto que dicta el Juez, esta motivado por un escrito que presenta la defensa del Alcalde de Roquetas de Mar, D. Gabriel Amat, solicitando el archivo de las diligencias.    

Igualmente y conforme queda constancia en el auto de S.Sª, los denunciantes, Concejales del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, presentan escrito de contestación a la defensa del Alcalde, oponiéndose a sus pretensiones y como consecuencia de tales escritos cursados, el Juez, dicta el auto que les adjunto.    

No voy a entrar en la valoración de los argumentos de su S.Sª, no soy abogado y tampoco me considero capacitado como para poder valorar una decisión judicial aunque, si me lo permiten, si quisiera dejar constancia de algunas cuestiones que, a mi entender, causan una total desconfianza en los ciudadanos en lo referente a las interpretaciones, INAMOBILIDAD de las leyes, por parte de los Jueces y mas si cabe aun, en lo concerniente a la propia legislación que, por otro lado, entiendo que ésta debería de ser mas clara y no contradecirse entre sí o, en la mayoría de los casos, dejar menos margen de maniobra en su interpretación al objeto de conseguir una mayor unificación de criterios y evitar con ello las disparidades de autos, sentencias, resoluciones, etc., que se dan, incluso, sobre una misma causa.    

En éste caso, S.Sª, deja de manifiesto que existe un pleito, Contencioso administrativo, en el juzgado de dicho orden número 1 de Almería y que éste, era desconocedor de tal pleito y que el mismo era anterior a la fecha de incoación de la Diligencias Previas en su juzgado. Insiste S.Sª que, además, la querellante, en ningún momento puso de manifiesto tales circunstancias al juzgador que suscribe éste auto así como, también aparecen algunas  personas como demandantes en la causa administrativa y también repiten como querellantes en la causa penal. Igualmente, deja constancia que, la parte querellante así como la querellada, reconocen que el fondo de la cuestión de ambas causas judiciales es el mismo, por consiguiente, el Juez, interpreta que se da el caso de DUPLICIDAD de actuaciones por tratarse de la misma causa y que existiendo aperturadas diligencias, en el juzgado de lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, entiende que, es mas que conveniente, esperar a la resolución de tal causa administrativa al objeto de tener un mayor conocimiento de los hechos acontecidos.

Es mas, S.Sª, considera que no hay indicios de criminalidad y decide archivar, provisionalmente, hasta la resolución judicial administrativa con la intención de, si existiese causa objetiva en el fallo de la sentencia en la causa administrativa, proceder a la  reapertura de las Diligencias, que en éste mismo momento se deciden archivar de forma provisional o, en su caso contrario, proceder al archivo definitivo.

El auto contempla algunas cuestiones que son muy curiosas y que dejarían, posiblemente, la puerta abierta a la reapertura de las Diligencias, claro, si estas aparecen en el juzgado después de 7 años.

Aunque las mismas están recogidas en el auto, que sugiero su lectura íntegramente, son 4 folios nada mas, paso a dejaros un extracto de las mismas.

FOLIO DOS PUNTO 6º: Es obvio que en el procedimiento contencioso se valorará y revisará con mayores garantías y conocimiento de causa la actuación de los querellados. De modo que, si finalmente se descartase la existencia de irregularidades, carecería de sentido seguir con la tramitación de la causa penal. Y sí, por el contrario, se apreciase una actuación contraria a derecho, sería el momento de valorar la ilegalidad.

Poco convincente me parece a mí eso último de SERÍA EL MOMENTO DE VALORAR LA ILEGALIDAD. Me pregunto yo ¿Qué coño hay que valorar en una ilegalidad?, si es ilegal, es ilegal, aplíquese la ley y FINITO, o por el contrario, por tratarse de quién se trata, vamos a ser condescendientes y vamos a intentar buscar una formula para que se escape, como hasta ahora.

 

FOLIO DOS PUNTO SEPTIMO: (ATENCIÓN A ÉSTE PUNTO)

El control jurisdiccional de la actuación administrativa puede ser desarrollado por la jurisdicción tanto contencioso administrativa como la penal, reservando ésta ultima a aquellos actos que infringen notoriamente los principios constitucionales de una administración en un Estado democrático, esto es,  cuando se vulneran abiertamente los principios constitucionales de imparcialidad, de igualdad de oportunidades, de legalidad, etc., que conforman la actuación de la administración. Además, el principio de intervención mínima exige que el sistema penal de control social solo pueda actuar frente a agresiones graves de los principios informadores de la actuación de la administración, no contra meras irregularidades e ilegalidades, que encontraría su mecanismo de control en el contencioso administrativo

 

Si poco convincente, aunque puertas abiertas quedan para una futura apertura de las Diligencias Penales archivadas Provisionalmente, me parecían las interpretaciones del punto anterior, éstas, lo son mucho menos ya que, el principio de PREJUDICIALIDAD es bastante claro y creo que no deja posibilidad alguna de interpretación aunque, claro está que, S.Sª, que es quién tiene la potestad, no opina lo mismo que yo pero, lo que si es cierto es que, es éste punto,  uno de los pilares fundamentales en los que se basa el Sr. Juez para proceder al archivo provisional de las diligencias.  Hay que tener en cuenta que, este extracto que aquí he reproducido proviene de jurisprudencia que aporta S.Sª, para convencerse o justificarse así mismo y a las partes, de una sentencia del Tribunal Supremo. Las contradicciones entre el resultado del auto y las exposiciones o jurisprudencia que se incluyen en el mismo, son claras y manifiestas ya que, por ejemplo, cuando hablamos de Imparcialidad, igualdad de oportunidades, etc., etc., etc., nos encontramos con que, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar no ha cumplido con ninguno de esos principios, primero por no haber declarado un procedimiento nuevo de contratación al superar en mas del 20%, como estipula la ley, el precio de la modificación del contrato con respecto al importe de la adjudicación. Por no haberse presentado el proyecto modificado, antes de la ejecución de las obras, etc., etc., etc., y, segundo, por que la igualdad de oportunidades, se las ha pasado por el forro de las narices ya que, al no existir una nueva licitación, no existe la posibilidad de nuevos ofertantes, como por ejemplo, podrían haberlo sido las empresas que no fueron adjudicatarias del contrato y que si optaron al concurso inicial, al menos, las podía haber invitado. Consecuentemente, al no haber mas ofertas, se limita y restringe la libre concurrencia y, con toda seguridad, se hubiese conseguido un mejor precio de contratación, aunque hubiese sido a la misma empresa si esta, hubiese sido la que reuniese las mejores condiciones, pero claro, esa no era la intención, la cuestión estaba perfectamente organizada, orquestada y premeditada. Ciertamente si había un objetivo o una CAUSA DE FUERZA MAYOR, pero esta no era en iteres del Municipio y de sus conciudadanos si no del propio Alcalde Amat, simplemente, remóntense en el tiempo y piensen ustedes que acontecimiento político se daba en el mes de Marzo del año 2.003, ¿elecciones Municipales? Ciertamente, al final, el auditorio no se pudo inaugurar en plena campaña ya que este lo fue prácticamente un año después, Enero de 2.004 pero, la venta política, se había conseguido y el negocio para unos, en detrimento de otros, también. Para conseguir tales objetivos, tenía que saltarse a la torera todo el procedimiento administrativo que estipula la Ley, por ello he de manifestar mi perplejidad al respecto ya que, no entiendo la postura adoptada en su día, por el Sr. Juez.

  1. proceder a esperarse al resultado del acto contencioso administrativo, alegando además que muy seguramente instruiría con mas garantía el procedimiento.
  2. proceder al archivo provisional de las actuaciones.

Mas bien parece una huida hacia delante del Sr. Juez, intentando hacerse el oídos sordos en esta cuestión, dando una de cal y otra de arena a las partes pero claro, lo que nadie se esperaba, al parecer, es que tarde o temprano, tendría que existir un pronunciamiento por parte del TSJA y este era de esperar y en este sentido ya que, los argumentos esgrimidos por el Sr. Juez de lo penal así como por el Sr. Juez del Contencioso Administrativo de Almería, LA HAN CAGADO CON TODO EL EQUIPO.

La sentencia del TSJA pone a parir, de forma indirecta, estimando el recurso que el órgano contencioso administrativo de Almería se empecinaba en desestimar, llegándose a interpretar que, y es el colmo de los colmos , los concejales no pueden ser parte en el mencionado procedimiento ya que no formaban parte de la comisión y no votaron en contra en ese acto,

¡¡¡CON DOS COJONES MARÍA CASTAÑA!!!.

Pero muy Sras. y Sres. míos, esto, no debe de sorprendernos ya que estamos mas que acostumbrados a encontrarnos ARTIMAÑAS judiciales, en la mayoría de los casos “AUSPICIADAS EN REUNIONES ORQUESTALES EN LA NOCTURNIDAD” que no tienen otros objetivos que

a) conseguir la moratoria en los expedientes hasta que pasen los años, de esa forma la gente se olvida, los medios de comunicación no joden y las obras, recalificaciones, convenios, etc., etc., etc., se sieguen haciendo según el criterio que a ellos les sale de los cataplines, con lo cual, cuando existen los FALLOS CONDENATORIOS EN LAS SENTNCIAS, estas, no pueden ejecutarse en ninguna de sus formas ya que, todo esta montado sobre la política de hechos consumados y NINGUN JUEZ SOLICITA O IMPONE MEDIDAS CAUTELARES AL RESPECTO.Casos de estos en Roquetas, fundamentalmente, conocemos ¡¡¡MUCHISIMOS!!!..,

b) Conseguir a toda costa y bajo cualquier principio que se archiven las diligencias desde el principio, incluso, preparando lo que pudiese ser un posible recurso para que éste no prospere o, en el peor de los casos, conseguir que los denunciantes no puedan personarse en las actuaciones, como así lo han intentado, utilizando como principio general y fundamental el no considerarles partes perjudicadas o interesadas en la cuestión.

 

Sirva de ejemplo, además de este caso, el de otro sangrante como el de LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZADORA AGUADULCE y sigámosle la pista al CASO LA FABRIQUILLA en el que ya, el juzgado, ha perdido en dos ocasiones el escrito de personación de la denunciante en la fiscalía, la demora en las aperturas de las diligencias, etc., etc., etc. ¿SON TODAS ESTAS CUESTIONES CASUALIDADES? y ¿siempre en los Juzgados de Roquetas de Mar? y ¿en causas que afectan, fundamentalmente al Sr. Alcalde, D. Gabriel Amat?, el hermano mayor de Javier Arenas y Presidente del Partido Popular en Almería y Presidente de la Diputación Provincial y miembro de la Comisión Económica del Partido Popular. Digo yo que será por lo bien que hace las cuentas para que siempre le cuadren a él y a su familia y a sus amigos y socios por que, por otra cuestión, tengo mis serias dudas.

 

FOLIO DOS PUNTO SEPTIMO, PARRAFO 2º: 

En la STS 12.12.94, se afirma: debe de alcanzar la categoría de manifiesta insufrible para la armonía del ordenamiento de sus principios rectores, que las administraciones públicas se aparten de los principios de objetividad y del servicio de los intereses generales que le vienen impuestos por la constitución. No se da por el simple hecho de que se haya vulnerado las formalidades legales, ya que estos defectos deben y pueden quedar corregidos en la vía administrativa, el derecho penal solo justifica su aplicación en los supuestos en los que el acto administrativo presenta caracteres notoriamente contradictorios con los valores que deben salvaguardase y respetar. En otras sentencias se refiere que la duda razonable sobre la legalidad de actos administrativos hace desvanecer la idea de hecho delictivo pues la ilegalidad debe ser clara y manifiesta.

Todo ello, en clara alusión, a establecer los criterios que diferencian el ilícito administrativo, susceptible de corrección por la propia administración y la jurisdicción administrativa, del ilícito constitutivo de delito.

Para el juzgador, parece ser que, en este caso, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, su Alcalde, D. Gabriel Amat, no se aparta de los principios de objetividad y del servicio de los Intereses Generales, consecuentemente hemos de entender que la ampliación del contrato a 8 millones de euros, el no cumplir con lo que dicta la Ley de Contratos del Estado, los informes del Interventor, Secretario y de la Comisión de cuentas, la ejecución total de las obras, antes de presentar proyecto modificado el contratista, etc., etc., etc, no llevan implícito ninguna ilegalidad CLARA Y MANIFIESTA.

Podríamos seguir así, durante un largo tiempo pero, creo que es mejor que ustedes lo lean y saquen sus propias conclusiones.    

En la siguiente nota colgare la sentencia y respecto a ella, seguiremos desarmando las estrategias del Sr. Amat así como sus declaraciones, mediante nota de prensa del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ya que, sobre estos temas, él, prefiere no tener que dar la cara y así evitar su exposición a las preguntas insidiosas de algunos profesionales del periodismo y digo algunos por que, otros, prefieren seguir lamiéndole el culo y cobrar en dinero o en especies pero, también les ligará su hora y que no olviden una cuestión, ¡¡¡los ciudadanos almerienses, no se lo perdonaran!!!.

 

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