EL MESON GITANO, 5ª ENTREGA.”LAS VINCULACIONES ENTRE LOS TÉCNICOS, LA EMPRESA FACTO Y LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL CONCURSO DE LIMPIEZA VIARIA DEL AYTO. DE ALMERÍA”

Quiero ponerles en su conocimiento, queridos lectores y seguidores de Wikiluis, que el artículo previsto para ésta 5ª entrega se pospone para una próxima debido a ciertos descubrimientos, de SUMA IMPORTANCIA  y a tener muy en cuenta, a la vista de un análisis mas pormenorizado que he realizado de las investigaciones efectuadas por los Agentes de la Brigada Judicial encargados de la investigación a quienes, muy posiblemente y por falta de conocimiento, se les haya podido pasar lo que a continuación les voy a contar. No sin antes reiterarles mi admiración, por estos agentes y su labor impecable realizada en todo el proceso.

ANTECEDENTES

En el apartado de conclusiones, de mi anterior articulo, les manifestaba lo aconsejable que sería realizar, a la mayor brevedad de tiempo posible, una profunda INVESTIGACIÓN Y AUDITORIA de todos los Servicios, Contratos, etc…, en los que hayan intervenido los funcionarios públicos  que facilitaron con sus informes, y su supuesta connivencia, la adjudicación de las obras del Mesón Gitano a la empresa Facto.

De todo lo expuesto por los Agentes de la Brigada de Policía Judicial no cabe otra posibilidad que pensar en la existencia de una supuesta “trama”, perfectamente organizada por políticos y técnicos municipales, para facilitar las adjudicaciones de obras y servicios públicos a empresas previamente seleccionadas manteniendo alguno/s de ellos, incluso, vínculos con esas mercantiles de forma mas o menos directa.

Tengan a buen seguro que no ando mal encaminado y como una prueba mas, de ello, les pido por favor que me disculpen y que nos retrotraigamos en el tiempo, más concretamente al día 26 de Noviembre de 2013 cuando se emite el Informe Técnico sobre:

  • VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (SOBRE” B”), DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPALES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (LOTE 1) Y LIMPIEZA URBANA Y DE PLAYAS (LOTE 2) DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA.
    Los referidos informes se realizan desde el ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO Y SERVICIOS CIUDADANOS DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS.

Recordar que fue el Equipo de Gobierno del Partido Popular, capitaneado por D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, el que decidió separar los dos servicios(Recogida de Residuos y Limpieza Viaria) a la vista del vencimiento del contrato que gestionaba, mediante Concesión Administrativa, la empresa URBASER. Tal despropósito de contratar por separado ambos servicios se fundamentaba, se ha de entender supuestamente,  en intentar conseguir que las ofertas de los licitadores se encontrasen mas ajustadas, económicamente hablando, a los actuales costes de prestación de los servicios que realizaba la concesionaria. Curiosa esta cuestión por que en definitiva cualquier empresa interesada por ambos servicios (fundamentalmente las especializadas del sector) podría optar a los dos contratos, es decir, presentar oferta por separado y para cada servicio. Paradójicamente y contra todo sentido común tal decisión se contradice por sí sola, a la vista que al ser una misma empresa la que ofertase por ambos servicios, y en un mismo contrato, podría contar con mayor margen de operatividad, consecuentemente, menor coste de servicio que redundaría en beneficio de los ciudadanos. Es decir, todo lo contrario a lo planteado por el Equipo de Gobierno de Luis Rogelio.

<<Créanme si les digo que se perfectamente de lo que les hablo, por experiencia propia y durante años en éste sector he sido sub-delegado de una de las empresas concesionarias que, en su día, lo fueron de estos servicios contratados por el propio ayuntamiento de Almería>>

El referido informe, al que con anterioridad aludía,  comienza así:

<<Los ingenieros municipales, D. Juan de Dios Matarín Sánchez, Ingeniero de Caminos Municipal, Jefe de Servicio de Servicios Urbanos y D. David Lozano Aguilera, Ingeniero Municipal Coordinador del Servicio, en relación con la documentación presentada por los licitadores en el Sobre “B” , Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A; Urbaser, S.A; FCC, Fomento de Construcciones, S.A; UTE Acciona-GRUPO LA GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL y Valoriza, SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A y atendiendo a los criterios de adjudicación, referidos exclusivamente a criterios no evaluables mediante formulas, de conformidad al procedimiento indicado en la cláusula 19ª, apartado 19.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares(PCA) a fin de obtener la valoración de cada proposición emiten el siguiente informe”……>>

Recordar, nuevamente, que:

  • D. Juan de Dios Matarín Sánchez es uno de los objetivos principales en los que se han basado las investigaciones de la Brigada de Policía Judicial en el caso del Mesón Gitano y uno de los técnicos que emitió su informe favorable, entre otros,  para la contratación-adjudicación de la obra a la empresa FACTO.
    El Sr. Matarin es Consejero y por tanto miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Adjudicataria FACTO a través de la sociedad interpuesta MIRLO.
    Es Consejero y por tanto SOCIO de José Torrente Granados en la mercantil CAUCE, también a través de la sociedad Mirlo.
    Y tenía dada de Alta a su hija en la empresa FACTO en el momento de la adjudicación del concurso del Mesón Gitano. 
  • D. David Lozano Aguilera participa en el proceso de adjudicación a la empresa FACTO, de las obras del Mesón Gitano, como vocal de la Mesa de Contratación.
    Es persona muy próxima al Concejal de Obras Públicas, D. Manuel Guzmán.
    Tiene una relación muy estrecha con el Técnico Juan de Dios Matarin.
    Es conocedor de la participación de Juan de Dios en la mercantil FACTO y la problemática surgida en la venta de las acciones de MIRLO y conocedor del envío de los mensajes preocupantes que hacen mención al Concejal Manuel Guzmán.
    Tiene estrecha relación con José Torrente Granados y Antonio Alañon Olmedo, accionistas mayoritarios de la empresa FACTO.
    Y tenía dado de Alta a su hermano en FACTO, en el momento de la adjudicación del Concurso del Mesón Gitano.

Pienso y creo que es de todos conocido que la empresa adjudicataria del Servicio de Limpieza Viaria(Barrenderos) y de Playas de la ciudad de Almería fue adjudicado por el excelentísimo Ayuntamiento de Almería, en el año 2014, a la empresa que constituye la UTE Acciona-GRUPO LA GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL, evidentemente y como no podía ser de otra forma con los informes técnicos favorables de los dos funcionarios municipales, D.Juan de Dios Matarin y D. David Lozano Aguilera.

No es el momento apropiado para hablar, en estos precisos instantes, de si la empresa adjudicataria del Servicio de Limpieza Viaria y Playas de la ciudad de Almería era o no la mas adecuada, puedo anticiparles que no lo era, pero eso ya será objeto a tratar en otros artículos que muy pronto verán la luz pública y donde puedo asegurarles que desde técnicos municipales, políticos y un ex-concejal del Partido Popular intervienen, de forma directa, en ésta adjudicación, que no ha estado exenta de impugnaciones e incumplimientos constantes por parte de la empresa adjudicataria  y en la que incluso, y entre otras cuestiones, nos encontramos con curiosidades como la intervención de una empresa auditora del municipio de FONDON, provincia de Almería, relacionada directamente con algún funcionario municipal de nuestro ayuntamiento, o como la propia empresa adjudicataria pertenece a un a persona muy vinculada directamente al Partido Popular de una ciudad costera del Levante español.

LOS HECHOS DESCUBIERTOS

Nuevamente debemos de retrotraernos, más aún, en el tiempo hasta llegar al día 28 de octubre del año 2005 donde en la ciudad de Murcia donde el Sr. D. ARIEL-EDUARDO FUNEZ CASTRO Secretario del Consejo de Administración de la Mercantil “FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A” celebra Junta General Extraordinaria Universal donde se acuerda, en su punto primero,  la VENTA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD dicho apartado recoge lo siguiente:

El Sr. Presidente pone en conocimiento de los asistentes la intención de los accionistas: “Infraestructuras Terrestres, S.A” y “Grupo La Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, SL” , de proceder a la venta de la totalidad de las acciones de que son titulares en la sociedad, concretamente las siguientes:

  • Infraestructuras Terrestres, SA: 2.640 acciones, numeradas correlativamente de la 1 a la 2.640, ambas incluidas.
  • Grupo La Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, SL: 2.640 acciones,  numeradas correlativamente de la 2.641 a la 5.280, ambas incluidas.

Igualmente, se informa a la junta de las condiciones de la venta, indicadas acciones al precio de 194.845€ por acción, así como de la forma de pago y demás, poniéndose a disposición de los asistentes todos los detalles que ellos solicitan.

Acto seguido, los accionistas D. José Torrente Granados y D. Ariel-Eduardo Funez Castro, manifiestan estar interesados en la compra ejerciendo el derecho de adquisición preferente sobre las 2.640 acciones de “Infraestructuras Terrestres, S.A” deseando el primero de ellos adquirir 840 acciones, y el segundo, 1.800 acciones.

Previas las deliberaciones oportunas sin que ninguno de los asistentes desee dejar expresa constancia de las mismas, la Junta Acuerda por unanimidad autorizar la venta de las siguientes acciones:

  • 840 acciones de “Infraestructuras Terrestres, S.A” a D. José Torrente Granados.
  • 1.800 acciones de “Infraestructuras Terrestres, S.A” a D. Ariel-Eduardo Funez Castro.
  • Y 2.640 acciones de “Grupo La Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, SL” a la entidad Mercantil “MIRLO INVERSIONES LEVANTINAS SL

En consecuencia, queda autorizada la venta de las indicadas acciones, por todos y cada uno de los socios, así como por la propia Sociedad FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SA………………..

CONCLUSIONES

  1. La mercantil Facto estaba participada por las mercantiles: “Infraestructuras Terrestres, S.A” y  “Grupo La Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, SL”.
  2. “Grupo La Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, SL”, 8 años después, es beneficiada de los informes técnicos emitidos por el Funcionario Municipal Juan de Dios Matarín, socio de Facto mediante la mercantil MIRLO.
  3. Mirlo, propiedad del funcionario municipal D. Juan de Dios Matarin compró, el 28 de octubre de 2005,  2.640 acciones de “Grupo La Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, SL”, empresa que es adjudicataria, con los informes favorables del propio Matarín, del Servicio de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Almería en el año 2014.
  4. Actualmente, la hija de D. Juan de Dios Matarín trabaja en la empresa adjudicataria de los servicios que, él mismo, informo favorablemente  para adjudicarse la limpieza viaria de Almería, y de la que su sociedad MIRLO adquirió las acciones en el año 2005.
  5. El funcionario Técnico, D. David Lozano Aguilera, quién mantiene un estrecha relación con el Técnico Juan de Dios Matarín, emite, conjuntamente con éste, los informes favorables para adjudicar a la empresa “Grupo La Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, SL”, los Servicios de Limpieza Viaria y Playas que actualmente presta al Ayuntamiento de Almería.

Ante todas estas cuestiones no nos cabe nada mas que preguntarnos:

  • Si, actualmente, el Sr. Técnico Municipal D. Juan de Dios Matarín es socio, o copropietario, de la mercantil a la que con su informe favorable se le adjudico, y presta, los servicios de limpieza viaria y playas de la ciudad de Almería.
  • Si los Sres: D. Manuel Guzmán(Concejal de Obras Públicas), D. Pablo Venzal( Concejal de Urbanismo, Parlamentario Andaluz e imputado en el caso “Gasolineras”) y D. Luis Rogelio Rodriguez-Comendador (Alcalde de Almeria y Senador) son conocedores, o no, de todo este entramado.

En lo que a mi respecta puedo asegurarles que no tengo ni la mas mínima duda de ello-

Y ¿Vds. que piensan?

(aquellos que lo deseen, pulsando en el siguiente enlace, podrán ver el documento de los acuerdos sociales y los documentos de pago realizados por la adquisición de las acciones en favor de la mercantil “Grupo La Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, SL”)

https://es.scribd.com/doc/266851575/Acuerdos-Sociales-y-Documentos-de-Pago

  • A continuación podrán ver las imágenes correspondientes a los informes emitidos por los Técnicos Funcionarios del Ayuntamiento de Almería D. Juan de Dios Matarín y D. David Lozano.

INFORME SOBRE B  Page_1

INFORME SOBRE B Page_2

INFORME SOBRE B (Page_3

 

Quien es Quién? y las Relaciones de los Investigados en el MESÓN GITANO. 4ª Parte.

LAS IRREGULARIDADES EN LAS CERTIFICACIONES

A través de las intervenciones telefónicas realizadas por los miembros de la Brigada de Policía Judicial se detecta una serie de irregularidades que afectan a las certificaciones de cobro emitidas por la empresa FACTO. Así en la primera certificación parcial, las cantidades emitidas no coinciden con las del Técnico Jorge Ernesto Nofuentes sin embargo llegan al acuerdo Antonio Alañon y el citado técnico que como ya se han emitido las facturas pues que se efectúe una regularización el mes siguiente. Por otro lado Carlos Estevez Joya( Responsable económico de Urban) le manifiesta al técnico que los mas lógico es que con cada certificación se emita un informe firmado por el director de obra donde se divida las partidas que se ejecutan y su correspondencia con cada área, hecho que al parecer con las nuevas certificaciones no se estaba produciendo. Nuevamente en otra conversación mantenida entre Antonio Alañon y el Director de Obra Alfonso Montilla el mismo le comunica que ha hablado con Gustavo Corredera Martos (Director de Ejecución) que le ha dicho que las Certificaciones van Pasadas.

Las citadas certificaciones vienen firmadas por el Director de Obra Alfonso Montilla y por Antonio Alañon en nombre de la contrata, por Gustavo Corredera como Director de Ejecución, y por el Coordinador de Seguridad y Salud Raúl Jimenez, posteriormente la empresa municipal Urban las conforma en documento que firman los Técnicos Coordinadores Juan de Dios Matarí y Jorge Ernesto Nofuentes, y el Director de Obra Alfonso Montilla y se ordena su pago por el responsable económico-financiero de Urban Carlos Estevez y por el Consejero MANUEL GUZMÁN DE LA ROZA , hasta el mes de diciembre solo se habían presentado 4 certificaciones por un total de 328.656,18 € ( sin IVA) observándose el detalle de que los capítulos reflejados en el resumen de la certificación no coinciden en muchos casos con los especificados en el desarrollo de la certificación.

 LOS DATOS OBJETIVOS Y RELACIONES DE LOS INVESTIGADOS

En base a los datos obtenidos fruto de las intervenciones telefónicas llevadas a cabo, del análisis de los documentos aportados, así como de las gestiones de investigación realizadas relativas al MESÓN GITANO, se ha podido determinar en relación a los investigados los siguientes datos objetivos:

JUAN DE DIOS MATARIN SÁNCHEZ:

  • Funcionario público que desempeña el puesto de Jefe de Servicio del Área de Fomento y Servicios Ciudadanos del Ayuntamiento de Almería y Técnico más importante dentro del Área de Obras Públicas.
  • Participa en la Redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas de la Licitación junto con Pablo Garcia Pellicer López con quien tiene desavenencias.
  • Participa en el proceso como técnico coordinador y nombrado por la Mesa de Contratación encargado de la valoración técnica y económica de las empresas licitadoras.
  • Comunica a la MESA DE CONTRATACIÓN la existencia de los Proyectos Iguales de FACTO y SALCOA.
  • Emite informe relativo a la necesidad de modificación del proyecto por causas ajenas a la empresa FACTO.
  • Emite informe contra la resolución Desfavorable de la Delegación provincial de Cultura para autorizar el proyecto de edificación y urbanización del Mesón Gitano.
  • Consejero y por tanto miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Adjudicataria FACTO a través de la sociedad interpuesta MIRLO.
  • Consejero y por tanto SOCIO de José Torrente Granados en la mercantil CAUCE, también a través de la sociedad Mirlo.
  • Actualmente trata de vender su participación en MIRLO y CAUCE a José Torrente y Antonio Alañon, no obstante dichas negociaciones están rotas y estancadas.
  • Participación en la explotación de la Residencia Geriátrica Virgen de la Esperanza, sita en la Vega de Acá, construida y explotada por la empresa FACTO. 
  • Encargado de la supervisión Municipal del Mesón Gitano encargándose de dar el visto bueno a las certificaciones parciales presentadas por la empresa tratando de dar una solución al exceso de gasto provocado por las excavaciones arqueológicas al igual que consensúa informes.
  • Tenía dada de Alta a su hija en la empresa FACTO en el momento de la adjudicación del concurso.
  • Administrador de las sociedades:PROMOCIONES Y GESTIONES URCI SL y ALMEDITERRANEO CONSULTORES Y AUDITORES SL a nombre de las cuales tiene diversos bienes inmuebles y vehículos que usa particularmente incluso contratados servicios con Canal Plus.

JOSÉ TORRENTE GRANADOS

  • Presidente de la Mercantil FACTO adjudicataria del Mesón Gitano.
  • Posición relevante no solo en la sociedad sino en el ámbito de las relaciones con los Concejales del Ayuntamiento de Almería siendo la persona que trata directamente con ellos.
  • Vinculación con el Técnico Juan de Dios Matarin a través de las mercantiles FACTO y CAUCE.
  • Actualmente distanciado de Juan de Dios por su negativa a firmar la compra de las acciones de Juan de Dios en la sociedad MIRLO.
  • Se encarga a través de FACTO de la explotación de los Parking de las Almadravillas con la mercantil TEJERA, Plaza Marin y Avenida de Vilchez con la mercantil SALCOA mediante la UTE  ALGEA TRIS.
  • Participa junto al Arquitecto Ramón de Torres y Ángel Rodriguez Céspedes (de la mercantil SALCOA) en una reunión para dirimir las alegaciones ante el procedimiento por la Agencia Andaluza de la Competencia.

RAMÓN REGUERA DURBAN

  • Apoderado de la sociedad SALCOA, mercantil que presento igual proyecto técnico que la mercantil  FACTO.
  • Redactor en el concurso del proyecto de urbanización de la sociedad FACTO en unión de Antonio Alañon.
  • Vinculación en las obras de construcción del Mesón Gitano con José Torrente Granados, Antonio Alañon y Alfonso Montilla así como en el pago del arquitecto que redactó el proyecto Ramón de Torres.
  • Relación próxima a Juan de Dios Matarin y David Lozano habiendo contratado a su hijo en otra sociedad denominada JAYRAN de la que es administrador único así como haber resultado beneficiado por la adjudicación de obras.

ANTONIO ALAÑON OLMEDO

  • Secretario y Consejero, por tanto miembro del Consejo de Administración de la mercantil FACTO adjudicataria del Mesón Gitano.
  • Encargado de representar a FACTO y de aportar toda la documentación de la sociedad durante el concurso.
  • Redactor en el concurso del proyecto de urbanización de la sociedad FACTO en unión de Ramón Reguera Durban.
  • Persona que tiene una mayor vinculación con con el desarrollo de la obra del Mesón Gitano en relación a la construcción y progreso de la obra.
  • Mantiene frecuentes contactos con Alfonso Montilla y con el Arquitecto Ramón de Torres, redactor del proyecto.
  • Se encarga de contactar con la empresa SALCOA para las alegaciones por el expediente instruido por la Agencia Andaluza de la Competencia.
  • Junto al presidente de FACTO, José Torrente, iba a adquirir la sociedad MIRLO no firmando tampoco el acuerdo.
  • Socio de la mercantil FACTO que mas ha contactado con el técnico y socio Juan de Dios Matarin.
  • Relación con el otro técnico participante en el concurso, David Lozano Aguilera, a quién recurre cuando se produce el conflicto de la venta de la sociedad MIRLO y CAUCE.
  • Asiste a las reuniones de Urban representando a FACTO.
  • Persona que contacta con mayor frecuencia con en relación a la obra con el otro técnico coordinador Jorge Ernesto Nofuentes.

DAVID LOZANO AGUILERA

  • Funcionario público que desempeña el puesto de Técnico Medio de Ingeniería de Obras Públicas.
  • Participa en el proceso como vocal de la Mesa de Contratación.
  • Conocedor de las desavenencias con el Técnico de Urban Pablo García Pellicer López.
  • Persona muy próxima al Concejal de Obras Públicas.
  • Relación muy estrecha con el Técnico Juan de Dios Matarin.
  • Conocedor de la participación de Juan de Dios en la mercantil FACTO y la problemática surgida en la venta de las acciones de MIRLO y conocedor del envío de los mensajes preocupantes.
  • Estrecha relación con José Torrente Granados y Antonio Alañon Olmedo.
  • Tenía dado de Alta a su hermano en FACTO, en el momento de la adjudicación del Concurso.

 JORGE ERNESTO NOFUENTES BONILLA

  • Funcionario Público que desempeña el puesto de Jefe de Servicio del Servicio Técnico de Obras Públicas del Área de Fomento y Servicios Ciudadanos del Ayuntamiento de Almería y Técnico después de Juan de Dios Matarin mas importante dentro de la concejalía de Obras Públicas.
  • Participa en la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación junto con Pablo Garcia Pellicer López.
  • Participa en el proceso como técnico Coordinador nombrado por la MESA DE CONTRATACIÓN encargado de la valoración técnica y económica de las empresas licitadoras.
  • Comunica a la MESA DE CONTRATACIÓN la existencia de los proyectos iguales de FACTO y SALCOA.
  • Emite informe contra resolución desfavorable de la Delegación Provincial de Cultura para autorizar el proyecto de Edificación y Urbanización del Mesón Gitano.
  • Emite informe relativo a la necesidad de modificación del proyecto por causas ajenas a la empresa FACTO.
  • Es el Técnico que mayor implicación tiene en el desarrollo de la obra del Mesón Gitano.
  • Encargado de la supervisión Municipal del proyecto del Mesón Gitano. Encargándose de dar el visto bueno a las Certificaciones Parciales presentadas para su pago a Urban tratando de dar una solución al exceso de gasto provocado por las excavaciones arqueológicas al igual que consensúa informes.

JOSE LUIS MELERO MUÑOZ

  • Funcionario Público que desempeña el puesto de Asistencia Técnica del Área de Obras Públicas aunque actualmente ya no se encuentra allí.
  • Participa en el proceso como Técnico Informante nombrado por la Mesa de Contratación encargado de la valoración Técnica y Económica de las empresas licitadoras.
  • Emite informe contra la resolución desfavorable de la Delegación Provincial de Cultura para autorizar el proyecto de Edificación y Urbanización del Mesón Gitano.
  • Emite informe relativo a la necesidad de modificación del proyecto por causas ajenas a la empresa FACTO.
  • Tenía dado de Alta a su esposa en FACTO en el momento de la adjudicación del Concurso, continua trabajando en la actualidad en la mencionada empresa.

OPINIÓN PERSONAL:

Parecería mas que aconsejable que, a la mayor brevedad de tiempo posible, se realizase una profunda INVESTIGACIÓN Y AUDITORIA de todos los Servicios, Contratos, etc…, en los que hayan intervenido los funcionarios públicos anteriormente descritos. Después de todo lo detallado por los Agentes de la Brigada de Policía Judicial no cabe otra posibilidad de pensar en la existencia de una “trama” perfectamente organizada donde cada uno de los investigados, funcionarios públicos, configuran un papel determinante a la hora de realizar los informes, pagos de certificaciones, etc…, sobre las adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento del que, evidentemente, no puede ser desconocedor ni ajeno, al menos, los políticos responsables de las distintas Áreas que intervienen y, por supuesto, el propio Alcalde, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador del que se desprende, según las conversaciones telefónicas intervenidas, que es conocedor de toda la situación que se da y afecta a la empresas adjudicatarias dando, incluso el OK- visto bueno, a los propios planteamientos que realizan las empresas y así lo trasmite a sus concejales.

A todo ésto, y en la próxima entrega, veremos cuales son las consecuencias que está acarreando las obras del Mesón Gitano sobre el entorno de LA ALCAZABA que, al parecer, está provocando o puede provocar, entre otras cuestiones, deslizamientos o desprendimientos poniendo en peligro tan insigne monumento con el consiguiente riesgo para las personas.

De igual forma, en la próxima entrega, entraremos en la materia judicial y situación en la que se encuentran las Diligencias incoadas por el Juzgado en las que, entre otras cuestiones, se ha acordado las citaciones y declaraciones, en breves fechas, de los imputados. ¿Declarará el Sr. Concejal D. Manuel Guzmán de la Roza?
¡¡¡NO SE LA PIERDAN!!!

EL MESÓN GITANO. 3ª Parte.¡¡¡ Artimañas Técnicas para Justificar lo Injustificable!!! EL CONCEJAL GUZMÁN EN EL OJO DEL HURACÁN

EL INFORME DE LA AGENCIA DE LA COMPETENCIA

El 17 de mayo de 2013 el Consejero Delegado de Urban, y concejal de Obras Públicas Manuel Guzmán de la Roza, una vez que el Consejo ha aprobado por unanimidad la propuesta de la Mesa de Contratación a favor de la empresa FACTO S.A , y argumentando que “dicha circunstancia puede ser indicio de práctica colusoria” remite escrito a la Agencia Andaluza de la Competencia quién en fecha 20 de diciembre de 2013 abre información reservada iniciando expediente cuyas primeras conclusiones les lleva a afirma que las empresas FACTO, SALCOA y el arquitecto Ramón de Torres López son responsables de una infracción del articulo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia por haber acudido al concurso público con idénticas ofertas técnicas renunciando a competir en cuanto a la calidad técnica, hecho que solo abría sido posible con la participación del arquitecto redactor a quién considera cooperador necesario.

Fruto de las conversaciones telefónicas se tuvo conocimiento de la existencia de una reunión mantenida en el despacho del arquitecto Ramón de Torres a la que asisten José Torrente Granados y Antonio Alañon Olmedo por la empresa FACTO y Ángel Rodríguez Céspedes por SALCOA habiendo contratado al letrado “Jurídico” para éste asunto ya que deben presentar alegaciones  en relación a la notificación recibida reconociendo, de las intervenciones telefónicas practicadas, que no pueden alegar lo mismo en sus respectivas defensas. En una conversación mantenida, Antonio Alañon, aclara que el letrado trabaja para SALCOA en éste tema de la competencia.
Según los agentes de la Brigada Policial, no deja de ser un hecho contradictorio que estas circunstancias de indicio de práctica colusoria no fuera obstáculo para que el propio Consejero, Presidente de la Mesa de Contratación durante el proceso de licitación, las aceptara y propusiera a ambas empresas como las mejor valoradas en la parte técnica.

 LAS ARTIMAÑAS TÉCNICAS PARA JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE

El 15/07/2013, los técnicos Juan De Dios Matarín, Jorge Ernesto Nofuentes y José Luis Merelo, emiten un informe sobre la supervisión del proyecto básico de las obras del entorno del Mesón Gitano donde manifiestan que FACTO una vez firmado el contrato realiza un levantamiento topográfico para verificar las bases del concurso y observaron:

  • Enterramiento parcial de las cuevas aspecto éste no descrito en la documentación de las bases del concurso y tampoco reparado por la oficina técnica de Urban.
  • Cotas incorrectas en lo relativo a la rasante de la calle Fernandez y explanada del Mesón Gitano.

    “Alegando que, por todo ello, no es posible la ejecución de la tercera planta prevista en el proyecto básico y tendrá que desarrollarse dos plantas. De ésta forma, los técnicos, justifican el tener que presentar un nuevo proyecto básico aunque manifiestan, según ellos, que no se han introducido modificaciones sustanciales en relación al proyecto de licitación supervisandolo, por tanto, con su informe favorable”.

El 21/08/2013, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico eleva a la Sra. Delegada Provincial de Cultura informe desfavorable a la ejecución del proyecto básico presentado por la empresa licitadora FACTO por que su pone éste proyecto  una alteración que afecta negativamente a los valores del monumento de la Alcazaba. Informe que es rebatido , un mes después, por los técnicos municipales Juan De Dios Matarín, Jorge Ernesto Nofuentes, Jose Luis Melero (participantes en la licitación) y el Jefe de Servicios de La Gerencia de Urbanismo JAVIER GARRIDO JIMENEZ.
Posteriormente, el 04 de octubre de 2013, la empresa FACTO presenta otro proyecto básico de edificación y urbanización modificado  con respecto al aprobado en la licitación del concurso donde se ejecuta una serie de obras tanto de edificación como de urbanización en base a los puntos establecidos en el informe de la citada Comisión Provincial de Patrimonio que, en ésta ocasión y al cumplir los parámetros establecidos, emite su informe favorable.

“Dicho proyecto supuso una variación sustancial del proyecto básico original presentado en la licitación por la empresa FACTO, que dio lugar a la mejor valoración por los técnicos municipales en relación a los aspectos técnicos, sin embargo lo que se autoriza a ejecutar no es lo que se aprobó, suponiendo ésto que el resto de empresas que se presentaron al concurso no pudieron ni variar sus proyectos ni valorarlos nuevamente en base a la nueva realidad y por lo tanto determinar si la valoración hubiera cambiado el resultado en el sentido de la adjudicación a la empresa FACTO”.

Pero el 20 de diciembre de 2013  la Delegación provincial de Cultura acuerda suspender la tramitación del procedimiento de autorización del proyecto modificado y autorizado como consecuencia de una medida cautelar adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, suspensión que cesa en fecha 15/05/2014 cuando la Delegación Provincial de Cultura libra acuerdo para que continúe la tramitación una vez ha cesado la medida cautelar ordenada por el TSJA.

Como consecuencia de ello, nuevamente, en fecha 22/05/14, el Consejo de Administración de Urban dicta resolución donde aprueba el nuevo proyecto básico de acuerdo al informe favorable de los técnicos municipales.

Pero a todo esto, la Comisión provincial de Patrimonio, detecta que el Consejo de Administración de la empresa Urban no es el mismo y que difiere en su composición en lo que respecta a su configuración de fecha 11/04/13 ya que no asiste VANESA SEGURA GAITAN( representante de IU) y, en su puesto lo hace AGUSTÍN DE SEGARRA CHAO, quien se abstiene en la votación siendo aprobado por 8 votos a favor y una abstención.

“El Consejero que se abstiene formula en el apartado de Ruegos y Preguntas aclaraciones en relación a las declaraciones del Presidente del Colegio de Arquitectos de Almería y a cerca de la paralización de las obras  siendo contestado por el Presidente de La Mesa de Contratación y Concejal de Obras Públicas MANUEL DE LA ROZA GUZMÁN (Partido Popular) que la fianza no se ha depositado por lo cual se ha levantado la suspensión de la medida cautelar, y que en materia penal no existe ningún problema por que ha sido la propia empresa municipal la que advirtió de la similitud de las ofertas presentadas. En cuanto a la relación de determinadas personas (se refiere a los técnicos municipales) con la empresa adjudicataria será una cuestión que tendrá que demostrar el partido politico denunciante, en clara alusión a UPyD, pero que en todo caso no afecta al proyecto de obras”.

Los miembros de la Brigada de Policía advierten que la respuesta dada por el Presidente de la Mesa de Contratación, Consejero de la empresa municipal URBAN y Concejal de Urbanismo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería, Sr. Guzmán de la Roza, se contradice con las actuaciones llevadas a cabo ya que cuando se tuvo conocimiento de los proyectos iguales el citado organismo como se establece en el punto 1.2 apartado F y G aprobó la propuesta de licitación de la empres FACTO y únicamente comunicó al Consejo de Administración la existencia de los proyectos idénticos no similares no adoptándose ninguna otra medida salvo también la de comunicar a la Agencia Andaluza de la Competencia la posible práctica colusoria que abrió expediente informativo y que no impide que nuevamente se apruebe el proyecto modificado.

Los agentes manifiestan, al respeto de la respuesta en materia penal de que la relación con la empresa debía probarse pero que en todo caso no afecta al proyecto de obras, solamente destacar que tres de sus técnicos tenían familiares trabajando en la empresa FACTO y en concreto su técnico coordinador y persona mas influyente que firma todos los documentos informes y certificaciones, quién además de estar su hija trabajando  en la empresa, es Consejero de la mercantil adjudicataria y por lo tanto claramente tiene  intereses económicos en la misma.

“Éste comentario denota que el citado Consejo de Administración de la empresa URBAN, y en concreto el Presidente de la Mesa de Contratación, D. Manuel Guzmán de la Roza( Concejal de Urbanismo del Partido Popular) tenía información de una posible vinculación del personal a su cargo con la adjudicataria FACTO”.

Así comienza a ejecutarse el proyecto modificado y aprobado de la empresa FACTO, bajo la dirección del Jefe de Obras D. ALFONSO MONTILLA SOTO. Las conversaciones telefónicas intervenidas revelan que los trabajos han comenzado por las excavaciones arqueológicas y que el director de obra ha remitido a URBAN un informe consensuado con los técnicos Juan de Dios Matarín y Jorge Ernesto Nofuentes en el que se hace constar lo que es necesario y conveniente, informe referido a un grupo de casas que deben declararse en ruinas, hecho que comunica Juan de Dios a Raquel Martinez Nieto, responsable jurídico de URBAN y Secretaria de la Mesa de Contratación. Los informes se siguen suscitando conforme van apareciendo elementos que van condicionando el proyecto básico al de ejecución y ponen al descubierto aspectos que se desconocían antes de estar el proyecto y que por tanto condicionan el proyecto de ejecución. 

“En definitiva los técnicos lo llaman “poner en blanco sobre negro”, siendo ese documento el único que en su día se aportaría y aparecería en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para justificar la necesidad del procedimiento conjunto de obra y ejecución”.

Las mencionadas casas efectivamente, durante el transcurso de la investigación,  han sido derribadas siendo adquirida la última en la calle Cruces Bajas para su derribo, no obstante el gran problema lo están teniendo en el campo de la arqueología, ya que esta haciendo que Antonio Alañon Olmedo esté recibiendo mucha presión por que el edificio tiene que empezar a construirse y estar terminado en un año, sin embargo cada vez se extraen mas restos arqueológicos que provocan el retraso por lo que el director de la obra Alfonso Montilla manifiesta que se debe poner coto a la arqueología, que quizás el problema se a mas  un tema politico y de algún responsable que  técnico .

“En la excavación manual la previsión que existía de gasto era de 50.000 € sin embargo la realidad ha supuesto un gasto de 250.000 a 300.000 € , cantidad que no puede asumir FACTO por lo que están buscando la forma de ser compensado, así Alfonso Montilla manifiesta a Antonio Alañon que se imagina que José Torrente Granados se estará moviendo donde se tiene que mover para ver como se pueden hacer cargo de eso, lo que esta claro que a la obra tienen que quitarle 200.000 o 300.000 euros y hay que certificar esa cantidad y no pueden hacerlo”.

Las intervenciones telefónicas además revelan las ideas que se pretenden para ese intento de compensación como son:

  • Como el precio de excavación manual existe en el proyecto pues en vez de decir que hay 200 metros cúbicos, se dice que hay 2000, esto son 50.000 euros y ellos cambian esto por unos muros que al 90% no se van a ejecutar.
  • Hacer un precio contradictorio, pero al parecer es complicado con URBAN, el técnico municipal Jorge Ernesto  en un principio les manifestó hacer un precio contradictorio pero luego les comunicó lo contrario.
  • Cambiar unas partidas por otras.
  • Cuando salga el proyecto de ejecución de edificación incrementarlo en otra partida o como ellos denominan cualquier otra historia así el proyecto de ejecución del edificio puede poner un precio de excavación nuevo.
  • Por último lo que ellos citan textualmente “entrar en juego el famoso proyecto de obras complementarias” lo que ocurre que para Antonio Alañon la excavación de tierras es mas modificado que complementario.
  • Por último significar la idea surgida al arquitecto redactor del proyecto, Ramón de Torres López, y que comunica a Antonio Alañon, de simplificar el edificio para incorporar los restos arqueológicos al conjunto por lo cual debe llevar un replanteamiento necesitando los datos topográficos. Al mismo tiempo, en el mes de diciembre, se llevo a cabo una reunión en URBAN a cerca del Mesón Gitano y en la que el Concejal Manuel Guzmán le indica al técnico Jorge Ernesto Nofuentes que tiene que decir que la obra va bien, que por supuesto va en obra y a tiempo, que para final de año estará terminada y que confirme que el único procedimiento que se podía haber hecho era el procedimiento conjunto de proyecto y obra. 

En la próxima entrega sacaremos las conclusiones a las que ha llegado la brigada de policía judicial encargada de la investigación no sin antes dar un pequeño repaso a las certificaciones de cobro presentadas que, entre otras cuestiones y según los agentes, no coinciden los conceptos con los trabajos supuestamente realizados.

CONTINUARA………………………………..

¡¡¡EL MESÓN GITANO!!! 2ª Parte. El Delito de Prevaricación, también, puede existir con los Informes Técnicos Favorables.

Después de exponer los dos hechos fundamentales destacados por los miembros de la Brigada de Policía Judicial continuamos con el relato.

Con fecha 02 /04/13, por los técnicos informantes se lleva a cabo la valoración técnica de los proyectos presentados a licitación dando, casualmente, la mejor valoración a las empresas FACTO y SALCOA, siendo segunda la UTE COPSA, JARQUÍL, TEJERA Y FIRCOSA y la tercera la empresa DRAGADOS. Destaca el informe policial un hecho llamativo y es que en la segunda oferta mejor valorada, la UTE, las empresas TEJERA y FIRCOSA tienen miembros de sus órganos de administración en la sociedad SALCOA  como consejeros y a ello hay que sumar el hecho de la unión de FACTO y SALCOA a través de la sociedad  ALGEA TRIS para la Construcción y Explotación del Parking de la Avenida de Vichez.
Además por la mesa de contratación se informa de la existencia de dos proyectos iguales siendo estos los presentados por las empresas FACTO S.A y SALCOA S.A valorada en primer lugar, aunque en el escrito que redactan no las identifican, no adoptándose ninguna medida por parte de la citada mesa una vez tienen conocimiento de la igualdad de proyectos técnicos redactados.

El día 05/04/13 se lleva a cabo el acta número 3, relativa a la valoración económica de las propuestas presentadas por las empresas licitadoras y donde la mesa de contratación realiza una propuesta de adjudicación a favor de la empresa FACTO S.A  en base a las valoraciones llevadas a cabo por los técnicos. En el citado documento lo que si hace la Mesa de Contratación es por una lado hacer la propuesta de contratación a favor de la empresa FACTO y por otro, por unanimidad poner en conocimiento del Consejo de Administración de Almeriurban  la existencia de los proyectos técnicos idénticos de las mencionadas mercantiles.

En esa acta también hay que destacar el hecho de la presencia de Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla como miembro de la mesa de contratación, cuando no era tal miembro y si técnico coordinador encargado de la valoración.

El 11/04/13( 7 días después del informe técnico cuya propuesta de adjudicación favorecía a la empresa FACTO) el Consejo de Administración de Almeriurban expide acta donde aprueba por unanimidad la propuesta de adjudicación a favor de la mercantil FACTO S.A, sin pronunciarse ni entrar a valorar ni técnica ni jurídicamente en ningún momento a cerca de la irregularidad de la presentación y existencia de los dos proyectos idénticos, y únicamente procede a considerar conforme la propuesta de adjudicación aprobándola. El Consejo de Administración de la empresa Almeriurban esta compuesto por:

PRESIDENTE.- Alcalde, Luis Rogelio Rodríguez Comendador. (Partido Popular)
VICEPRESIDENTE. Concejal del Área de Obras Públicas y Servicios Urbanos. Manuel Guzmán de la Roza. (Partido Popular)
SECRETARIO.–  Fernando Gómez Garrido.(Funcionario)

CONSEJERO/AS.
1.- Concejal del Área de Salud y Consumo. Carlos Sánchez López.(Partido Popular)
2.- Concejal del Área de Participación Ciudadana. Juan José Segura Román. (Partido Popular)
3.- Francisco José Amizian Almagro, no es Concejal del Ayuntamiento (Partido Popular)
4.- Juan Carlos Usero López, ex-presidente Diputación Provincial (Partido Socialista)
5.- Mª. Del Carmen Núñez Valverde (Partido Socialista)
6.- José Antonio Camacho Olmedo. (Funcionario)
7.- Vanesa Segura Gaitan ( Izquierda Unida)

Así el 21/05/13  en el centro social ALMERAYA y en los distintos medios de prensa se procede a la exposición pública a los ciudadanos de los paneles informativos de cada una de las empresas licitadoras entre las que se encuentra la de la empresa ganadora FACTO y la empresa SALCOA, dándose la circunstancia de que ambos paneles expuestos son totalmente idénticos.

FACTO LOS PARKINGS Y LA RESIDENCIA GERIÁTRICA VIRGEN DE LA ESPERANZA 

También las intervenciones telefónicas han arrojado la información de que FACTO  S.A ha sido encargada de construir y explotar diversos parkings de la ciudad de Almería, concretamente:

El Parking de la Avenida De Vilchez que se hizo a través de la UTE denominada ALGEA TRIS SL que se trata de la unión de las empresas implicadas FACTO S.A y SALCOA S.A junto con la empresa ZOFRE propiedad de Cristobal Serafín López Segura Consejero también de SALCOA, e intimo amigo de Juan de Dios Matarín.

El Parking de la Plaza Marín o como ellos llaman Centro Cine, que ha sido objeto de oferta de compra por un individuo llamado Juan “El de la Volvo” ya que éste parking es mas fácil de vender que el anterior teniendo una rentabilidad de 30 ó 35 mil euros al mes.

El Parking de Las Almadrabillas el cual se hizo con una UTE con la empresa TEJERA. Dicho parking en la actualidad esta siendo objeto de conflicto con el Ayuntamiento de Almería ya que ambas empresas explotadoras están intentando lo que ellos llaman su desafección económica o su rescate por el Ayuntamiento de Almería y donde el Alcalde ha autorizado tras varias reuniones con el Concejal de Urbanismo que se inicie el expediente según le comunica dicho concejal a José Torrente.

Por último  destacar que la citada sociedad FACTO S.A también ha sido la encargada de la construcción y explotación actual de la residencia Geriátrica Virgen de la Esperanza. Residencia que construyó, dicha mercantil, en UTE con la sociedad GERIAL. En dicha residencia tiene también participación Juan de Dios, sigo consta en los informes policiales.

 REFLEXIÓN.
No es creíble, ni tampoco debe ser tolerable, que los políticos piensen que los ciudadanos somos tontos de solemnidad, a pesar de contar con el inestimable apoyo de algún que otro Juez o Fiscal. No es creíble, ni circunstancial, que los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Pública ALMERIURBAN (Políticos y Funcionarios) sean ajenos a las tomas de decisión que ellos mismos adoptan así como que desconozcan  el sentido de los informes técnicos que se emiten cuando se trata de “encubrir la malignidad de quien dicta el acto formalmente impecable pero materialmente envenenado”.
Así, ahora, tendremos que ir pensando si, también, los Sres. Políticos y Técnicos Funcionarios, que con su voto e informes favorables apoyaron y respaldaron la adjudicación de éstas obras a la empresa FACTO, eran o no conocedores de lo que hacían y si, al mismo tiempo, pueden ser considerados como neófitos o “analfabetos”, como así lo ha entendido la Juez en el Caso “LA FABRIQUILLA”.

CONTINUARA………………………….

¡¡¡EL MESÓN GITANO AL DESCUBIERTO!!! Un entramado que afecta a los contratos de obras y proyectos del Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial, instituciones gobernadas por el Partido Popular.

FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EMPRESARIOS Y POLÍTICOS METIDOS HASTA LAS TRANCAS REPARTIÉNDOSE EL NEGOCIO DE LA OBRA PÚBLICA.

La fiscalía en su primer informe, escrito-denuncia, considera que los hechos denunciados por el Colegio de Arquitectos de Almería y la formación política Magenta “UPyD” pudieran desprenderse sendos delitos de de Prevaricación del art. 404 y de Tráfico de Influencias del art. 428 del Código Penal.
La denuncia se dirige, inicialmente, contra la empresa municipal ALMERIA URBAN S.A.U.  y la empresa constructora FACTO S.A. Los hechos denunciados se fundamentan en supuestas irregularidades cometidas en el proceso de licitación y adjudicación del proyecto y ejecución de las obras del entorno del MESÓN GITANO.

De las escuchas telefónicas e investigaciones realizadas por la Brigada de la Policía Judicial  se deduce un entramado en el que se encontraría involucrados altos funcionarios del Ayuntamiento de Almería, empresarios, empresas y, muy probablemente, algún que otro politico local del PP, cuyas ramificaciones se extenderían hasta la propia Diputación Provincial. Recordar que ambas instituciones se encuentran gobernadas por el Partido Popular teniendo al frente de ellas al actual Senador, alcalde y candidato D.Luis Rogelio Rodriguez Comendador y al Presidente del Partido Popular, Alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y actual candidato, por ese municipio, D. Gabriel Amat Ayllon.

Entre otras investigaciones se intervinieron los teléfonos de:

  • Del Jefe del Área de Servicios Urbanos del Ayto. Almería.
  • Del funcionario del Ayto. de Almería que desempeña el puesto de Técnico Medio de Ingeniería de Obras Públicas.
  • De la esposa del Jefe del Área de Servicios Urbanos del Ayto. Almería.
  • Del Jefe del Área de Obras Públicas.
  • El Apoderado de la empresa SALCOA.
  • Del Presidente y Consejero Delegado de la empresa FACTO.

De éste último, D. José Torrente Granados, los investigadores constatan la posición relevante del investigado, no solamente en la mercantil resultante adjudicataria del proceso de licitación FACTO, sino en el ámbito de los contactos de la citada sociedad con los distintos concejales del Ayuntamiento de Almería, en especial con D. MANUEL GUZMÁN DE LA ROZA concejal de Obras Públicas, y PABLO VENZAL CONTRERAS, concejal, por aquél entonces, de Urbanismo. Recordar que el Sr. Venzal Contreras, actualmente, es Parlamentario andaluz y se encuentra imputado en el famoso caso “GASOLINERAS”, y otras figuras políticas de relevancia como denota el hecho de la asistencia del investigado y su socio al entierro del padre de JAVIER AURELIANO GARCÍA (Vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería), cuenta el informe policial.

Entre otras cuestiones, y que ya se irán relatando en sucesivas entregas, los agentes verifican la relación de D. José Torrente con D. Jose Luis Merelo Muñoz, técnico participante en la mesa de contratación en la licitación del MESÓN GITANO, y cuya esposa trabaja en la sociedad FACTO, adjudicataria del contrato y de la que Torrente es su Presidente.

Fruto del estudio y el análisis de la documentación obrante en la causa judicial investigada, como de la documentación remitida posteriormente por diferentes entidades a petición judicial así como del resultado de las intervenciones telefónicas llevadas a cabo y de las gestiones de investigación practicadas, se han obtenido los siguientes datos objetivos y relevantes en la investigación:

  • En fecha 03/10/12 por los técnicos del Excelentísimo Ayuntamiento de Almería Juan de Dios Matarin Sánchez( Jefe de Servicio del área de Servicios Urbanos), Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla (Jefe del Servicio del área de Obras Publicas) y Pablo Garcia Pellicer López (Técnico Municipal y técnico de la empresa ALMERIAURBAN) se redacta el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación y adjudicación del proyecto y ejecución de las obras del entorno del Mesón Gitano.
  • En fecha 10/10/12 se convoca por parte de la Empresa Municipal Almería Urban S.A.U. la licitación del Mesón Gitano bajo la formula de CONTRATACIÓN CONJUNTA con un presupuesto de 7.152.427,29 euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Los miembros de la mesa de contratación son los siguientes:
    PRESIDENTE.- Manuel Guzmán de la Roza (Concejal de Obras Públicas).
    SECRETARIA.- Raquel Martinez Nieto (Responsable jurídico de la empresa municipal ALMERIURBAN.
    VOCALES.:
    .- Jose Antonio Camacho Olmedo (Titular de la Oficina Técnica del Ayuntamiento).
    .- Carlos Estevez Joya (Responsable económico de Almería Urban).
    .- Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla (Jefe de Servicio del Servicio Técnico de Obras Públicas del Área de Fomento y Servicios Ciudadanos, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos).
    .- José Puertas Beltran( Técnico de Obras Públicas).
    .- David Lozano Aguilera (Técnico Medio de Ingeniería de Obras Públicas)
  • El 08/11/12 el Vocal de la mesa de Contratación y titular de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Almería, D. José Antonio Camacho Olmedo, emite un escrito desestimando las alegaciones presentadas por el denunciante  Francisco Javier Hidalgo Martinez, DECANO del Colegio de Arquitectos de Almería en relación a considerar no adecuada la forma de contratación conjunta, exponiendo dicho vocal que se ha utilizado esa formula excepcional de contratación por dos motivos, la incógnita arqueológica, y las posibilidades de zonas de relleno.
  • En fecha 16/11/12 se modifica la formula para la valoración económica, y hay un cambio de vocal en la mes de contratación, concretamente Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla es sustituido como vocal siendo nombrado como tal  David Serrano Esteban.
  • En fecha 02/01/2013 se procede a la apertura por la mesa de contratación del Sobre A relativo a empresas ofertantes estando por tanto constituida esta mes por:
    PRESIDENTE.- El Concejal de Obras Públicas Manuel Guzmán de la Roza.
    SECRETARIA.- Raquel Martinez Nieto, responsable jurídico de Urban.
    VOCALES:
    .- David Rodolfo Serrano Esteban, Técnico de Obras Públicas.
    .- José Puertas Beltran, Técnico de Obras Públicas.
    .- David Lozano Aguilera, Técnico Medio de Ingeniería de Obras Públicas.
    Finalmente son 14 las empresas requeridas y que presentan en tiempo y forma la documentación destacando que solamente tres de ellas están plenamente asentadas en  Almería siendo éstas FACTO, SALCOA y la UTE COPSA-JARQUIL-TEJERA y FIRCOSA.
  • En fecha 14/01/13, por la mesa de contratación se procede a la apertura del Sobre B relativo a las referencias técnicas, no obstante se observa como Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla forma parte de la mesa de contratación cuando no esta nombrado para tal faltando por tanto David Rodolfo Serrano Esteban.
  • En fecha 21/01/13, por la mesa de contratación se procede a nombrar a los técnicos coordinadores e informantes, y  a remitir a éstos la documentación aportada por las empresas licitadoras:
    TÉCNICOS COORDINADORES:
    .- Juan de Dios Matarín Sánchez.
    .- Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla.
    TÉCNICOS INFORMANTES:
    .- José Luis Merelo Muñoz.
    .- María del Mar García Segura (Área de Alcaldía, Ingeniera Industrial).
    .- Manuel Javier Ayala Carreño (Área de Medio Ambiente, Ingeniero Técnico Agrícola).
    Se hace importante reseñar DOS HECHOS FUNDAMENTALES:
    (A) El primero es la vinculación de un Técnico Coordinador, un Técnico Informante y un Vocal de la Mesa de Contratación con una de las empresas participantes en el concurso, FACTO ALMERIENSES DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A.
    Así, y en primer lugar, D. David Lozano Aguilera, vocal de la mesa de contratación, con Alfredo Lozano Aguilera, hermano, quién figura dado de alta en la empresa FACTO S.A desde fecha 16/06/08 y baja en fecha 27/02/13.
    En segundo lugar Juan de Dios Mataría Sánchez, Técnico Coordinador, con su hija, quién figura de alta en fecha 19/09/2011 y baja en fecha 19/07/13( actualmente trabajando en una de las empresas concesionarias de la Recogida de Basuras y Limpieza Viaria, concesionarias del Ayuntamiento de Almería) y la SOCIEDAD MIRLO INVERSIONES LEVANTINAS SL, que a su vez ocupa el puesto de Consejera de la Mercantil FACTO, y que esta constituida por un único administrador , la esposa del Técnico Juan De Dios Matarín Sánchez.
    Y en tercer lugar José Luis Merelo Muñoz, Técnico Informante, con su compañera sentimental  o esposa María Inmaculada Cano de la Barrera, dada de alta en fecha 05/11/201, y actualmente trabajando en FACTO.
    (B) El otro hecho fundamental 
    es la exclusión del Técnico Pablo García Pellicer López (Arquitecto Municipal y Técnico de la empresa AlmeriUrban y uno de los Redactores del Pliego de Prescripciones Técnicas) del proceso de licitación, no participando ni como vocal de la mesa de contratación ni como técnico informante en las valoraciones técnicas y económicas, quién al parecer y según aclaran las intervenciones telefónicas en el proceso del Mesón Gitano tuvo discrepancias con Juan de Dios Matarín Sánchez y con David Lozano Aguilera ya que según manifestó el propio Juan de Dios ” Tenemos un problema” porque tenemos “reparos morales”  hecho que reconoció Juan de Dios a Pedro Gómez Calvache, APODERADO DE LA EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA SIGLO XXI S.A, quién a su vez conocía esas discrepancias surgidas, según consta el citado técnico tampoco sería del agrado del Concejal.
    CONTINUARA……………………….

 

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EL AUTO, “SUBJETIVO”, DEL ARCHIVO PROVISIONAL EN EL CASO “LA FABRIQUILLA”. ¡¡¡IMPRESIONANTE!!!

El pasado 13 de mayo de 2015, coincidiendo prácticamente con la visita del Sr. Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá, al municipio de Roquetas de Mar para respaldar al candidato a la alcaldía, por el Partido Popular, D. Gabriel Amat Ayllon, la Juez, Dª. Maria Del Mar Alejo Rico, instructora de las Diligencias Previas 34/12, en su pieza separada conocida como “EL CASO LA FABRIQUILLA”, dicta auto mediante el cual acuerda el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL de la mencionada causa, seguida contra Amat y miembros de su Junta de Gobierno, así, como los técnicos municipales que informaron a favor de una Licencia de Obras sobre suelo Terciario no Urbanizable, declarada ilegal mediante auto 10 de mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.EL MAZAZO
Sorprendentemente, la Juez instructora, al igual que el Ministerio Fiscal, en su informe, reconoce como hechos probados todos y cada uno de los extremos denunciados por Dª Margarita Kaiser pero como argumento subjetivo alude, fundamentalmente para el Archivo Provisional, el desconocimiento, entre otras cuestiones, en materia de urbanismo de todos los miembros de la Junta de Gobierno, que se encontraban Imputados. Si llamativa es la decisión adoptada, no lo es menos la escandalosa motivación argumentada.

Así nos encontramos con un ex-concejal de urbanismo, D. José María Gonzalez Fernández, ( durante 20 años en el mismo puesto) que bajo la apreciación de S.Sª., digo bien apreciación, éste, no ha debido de otorgar ninguna licencia de obras, o desestimar, en esos 20 años que se ha encontrado al frente de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Y no solamente ha sido Concejal Delegado, sino que, también, ha sido  VOCAL SUPLENTE DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ALMERÍA, designado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, desde el 12 de febrero de 1999 hasta el 21 de julio de 2011( 12 AÑOS), según consta en el certificado emitido, en fecha 31 de marzo de 2014, por el Jefe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, figurando dicho certificado en los autos de instrucción.
De igual forma, subjetivamente hablando, S.Sª., entiende que el alcalde Amat, también, es desconocedor o un neófito en materia de urbanismo. Éste alcalde, que lleva 20 años al frente del consistorio Roquetero, tampoco ha debido participar en ninguna comisión o junta de gobierno, durante todo éste tiempo,  donde se ha aprobado o denegado licencias de obras. Pero el Sr. Alcalde, D. Gabriel Amat, no solamente ha sido concejal de urbanismo y alcalde durante los últimos 20 años ¡¡¡nooo!!!, también ha sido VOCAL TITULAR DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ALMERIA, designado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar desde el 16 de enero de 1998 hasta el 21 de febrero de 2014( 16 AÑOS) Así que, cuando el Sr. Amat no acude a la Comisión Provincial lo hace, como su sustituto, su amigo personal y compañero de partido y corporación, durante mas de 20 años, D. José María González Fernández. Claro, que todos conocemos el afán de protagonismo y por acaparar puesto que tiene el Alcalde Roquetero, Presidente del PP en Almería y Presidente de la Diputación Provincial y, para no ser menos, y sumar a su larga lista de conocimiento y experiencia en materia de urbanismo, aunque S.Sª., objetivamente así no lo quiera ver, el Sr. Amat, también, es por su condición de Alcalde miembro de la COMISIÓN DE ORDENACIÓN DE TERRITORIO Y URBANISMO DE ANDALUCÍA desde el 16 de marzo de 2007(casualmente 2 meses antes de otorgar la licencia), hasta el mes de febrero de 2014(7 años). Por consiguiente desconoce lo que vota actuando, así, de buena fe y  sin dolo cuando con su voto favorable aprueba una licencia de Obras para 10 chalets en suelo que no es urbano. Y esto no puede ser de otra forma por que, el Sr. Amat, y resto de los miembros de la Junta de Gobierno, tampoco eran conocedores cuando votaron a favor,  en comisión y pleno, de la aprobación inicial del PGOU de Roquetas de Mar donde, casualmente, figura perfectamente detallada la parcela objeto de la licencia con su tipología-clasificación  de “Terciario Comercial”( NO URBANO)………… ¡¡¡tampoco eran conocedores de ésta circunstancia¡¡¡ y, por ello, también, eran desconocedores de que por tal aprobación, de forma automática, quedan paralizadas todas las licencias durante uno o dos años, según el caso, lo que subjetivamente le lleva a deducir, a S.Sª,  que no han actuado con” dolo” pero sí  de” buena fe”. Y para continuar con la “buena fe”, en éste caso la de S.Sª, la Juez,  pues como que tampoco, el Sr. Amat, tiene conocimiento o experiencia alguna en materia de urbanismo, indistintamente de ser un gran empresario dedicado, fundamentalmente, y entre otras actividades, a la promoción, construcción, compraventa de terrenos rústicos y urbanos, etc. etc. etc…….  todos ellos ligados de forma muy directa a la actividad urbanística y en la que alguna de sus empresas, y el mismo, se han visto beneficiados de sus propias decisiones como alcalde,  otorgándose licencias de obras, etc, etc, etc…….. Profesión que ha venido desarrollando durante mas de 20 años y en paralelo a su actividad pública. Así consta en las Diligencias 34/12 y en el propio informe de la UDYCO donde se vinculan, directamente, a 53 familiares del Sr. Amat con mas de 103 sociedades, todas ellas dedicadas a actividades relacionadas directamente con el urbanismo en Roquetas de Mar.

Claro que entendiéndolo así,  al respecto de los políticos, S.Sª.,  pues como que, subjetivamente, no podría ser de otra forma con los Sres. Técnicos que emitieron su informe favorable al otorgamiento de las licencias en cuestión. Y, de esa forma, nos encontramos con el Sr. Técnico Municipal, D. NICOLÁS MORENO PIMENTEL, que ademas de haber sido concejal y compañero de corporación y partido de D. Gabriel Amat, ahora, es el técnico municipal que emite el informe favorable de las licencias, en su calidad de Abogado Asesor del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Pero, subjetivamente, S.Sª.,  nuevamente interpreta que la convicción mantenida en sus declaraciones, en sede judicial, por el Sr. Moreno Pimentel, al respecto de lo acertado de su informe, pues que es un elemento muy a tener en cuenta ya que para ella no consta que tuviera conocimiento, mala fe y dolo, de la posible ilegalidad del instrumento de planeamiento que amparaba la concesión de la licencia. Entendiendo así, S.Sª, que ésta decisión adoptada, por el Técnico Municipal( que tampoco ha debido de otorgar licencias o denegarlas en todos estos años)pues como que corresponde mas un un simple error, en su informe jurídico, y que éste no ha de tener trascendencia penal, toda vez que no consta la existencia de intencionalidad alguna en cuanto a la ilegalidad de la  infracción urbanística vigente.AMAT Y GONZALEZ
Así que, S.Sª., tan subjetivamente ella, y su peculiar forma de interpretar, no augura la existencia de dolo y mala fe en ninguna de las actuaciones realizadas por los imputados aunque, por otro lado, los hechos probados así lo demuestren. S.Sª., no da valor alguno a lo objetivamente demostrado, obviando cuestiones tan importantes como las que aquí les acabo de exponer. Tanto es así que ni tan siquiera se ha molestado:

  1. En verificar-investigar,  si ésta licencia otorgada ha tenido el mismo tratamiento, en lo que respecta a su tiempo de tramitación y  aprobación( 45 días), que aquellas otras que han sido presentadas en la misma fecha.
  2. A la vista de la amistad manifiesta, durante mas de 20 años, mantenidas entre el Sr. Amat y el ex-concejal de urbanismo D. José María Gonzalez Fernández, S.Sª., no se ha planteado, subjetivamente,  la posible connivencia, entre ambos, para urdar la tramitación de la licencia, conjuntamente con el Sr. Técnico Asesor de Urbanismo, D. Nicolás Moreno Pimentel , a la vista de su anterior relación de compañero de partido, concejal y ahora el técnico asesor.
  3. Pero  tampoco se ha preguntado, subjetivamente, si es cierto o no que el Sr. Secretario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar no realizó, al menos verbalmente, alguna objeción al respecto de la concesión de la Licencia ya que, así está reconocido en autos y en las declaraciones de todos los imputados que, éste, se encontraba presente en esa Junta de Gobierno, como en todas y, para ello, que menos, que haberle citado para recibirle declaración en esos términos. No hay que olvidar que el Sr. Secretario, que actúo al menos en esa Junta de Gobierno, ( ABOGADO Y CONOCEDOR DE LA MATERIA URBANÍSTICA) fue el Sr. D. Luis Ortega Olivencia quien actualmente, y a petición del Sr. Amat, desarrolla su actividad profesional como INTERVENTOR en la Excelentísima Diputación Provincial de Almería, de la que Amat es su Presidente.

¡¡¡Pero eso, ya, no hacia falta.!!!

El “Talismán de Amat”, como así  define nuestro amigo, Pepe Fernández, al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, hizo acto de presencia por estas tierras almerienses y nos ha dejado una buena muestra de ello, subjetivamente hablando, ¿no es cierto S.Sª?

Pues bien, queridos almerienses, y en especial ciudadanos de Roquetas de Mar, sepan ustedes que según la Juez, Dª. María del Mar Alejo Rico, todos Vds., vienen siendo gobernados, durante estos últimos 20 años, por una cuadrilla de Políticos IGNORANTES, ANALFABETOSINEPTOS, INCULTOS, BORRICOS, ZOQUETES, TEMERARIOS, ZOPENCOS, TARUGOS Y CENUTRIOS. 20 años pagando, de sus bolsillos,  a una cuadrilla de INÚTILES.

¿PIENSAN, A PESAR DE TODO LO SUBJETIVO AQUÍ EXPUESTO, Y CONTADO, QUE ESTOS GOLFOS MERECEN SU VOTO Y CONFIANZA?cacique 

Si alguno cree que todas estas cuestiones son “subjetivamente” inventadas le invito a que pulse en el siguiente enlace para tener acceso al auto dictado por S.Sª.

https://es.scribd.com/doc/265777701/EL-AUTO-SUBJETIVO-EN-EL-CASO-LA-FABRIQUILLA

Pero a pesar de todo lo” Subjetivo”, el  sentido común nos señala que suponiendo que sea cierto que los alcaldes sean ignorantes de la ilegalidad de sus decisiones en materia de licencias de obra en suelo no urbanizable, se podría aducir que de todos modos el daño está hecho (se ha construido una vivienda) y que la responsabilidad penal de esta realidad no se puede eludir y de la que alguien tiene que responder. Pero es que no es cierto, o no es concebible, que un alcalde no sepa lo que significa “suelo no urbanizable”, menos aún si este alcalde tiene estudios, o incluso menos aún si este alcalde, como sucede a veces, es profesional del derecho,  o en su actividad personal se dedica al noble y arte gremio de la Construcción, Promoción etc.., actividades vinculadas directamente al Urbanismo, por tanto familiarizado con las leyes, procedimientos administrativos y actuaciones urbanísticas. Y esta incredulidad alcanza niveles astronómicos cuando se considera que todos los alcaldes disponen de secretario, un técnico conocedor de las leyes urbanísticas y que tiene la obligación de advertir al alcalde de la ilegalidad de las decisiones como, también, de técnicos altamente cualificados en materia de urbanismo que, en definitiva, luego, son los que informan sobre esas licencias.

EN cualquier caso, la responsabilidad existe, máxime cuando aplicamos el principio del Derecho Romano: ignorantia vel error iuris non excusat (es decir: la ignorancia o el error de derecho, no excusan), que parte de la premisa de que las leyes se presumen conocidas por todos los ciudadanos. Precisamente el art. 6 de nuestro Código Civil lo expresa en estos términos: “La ignorancia de las Leyes no excusa de su cumplimiento”. Este principio se basa en la presunción de que las leyes son conocidas por todos y si alguien actúa ignorándolas, o yerra respecto a ellas, sigue siendo responsable de su hecho y no podía excusarse basándose en la ignorancia o error de derecho. En el Derecho italiano se sostiene que la fuerza obligatoria de tal precepto tiene por primeros destinatarios a quienes han de hacer cumplir las leyes, intérpretes y ejecutores, y sólo en última instancia a la generalidad de ciudadanos, quienes deben cumplir las leyes. En el caso que nos ocupa, este principio se aplicaría con mayor rigor en los alcaldes, que son los que por su cargo tienen obligación de hacer cumplir las leyes (así lo asumieron literalmente en la toma de posesión del cargo), por lo que no es descabellado afirmar que una absolución de un alcalde por ignorancia de las leyes no es conforme ni al sentido común ni al derecho.

PARA situar al lector sobre esta cuestión, citaremos tres casos basados en hechos reales que no considero conveniente ni necesario especificar. Estos tres casos son juicios-tipo contra distintos alcaldes por delitos contra la ordenación del territorio, y los tres son por conceder licencias de obra para la construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable de sus respectivos municipios:

CASO (A)El alcalde es advertido previamente por el secretario del ayuntamiento de la ilegalidad de esta obra y a pesar de ello otorga la licencia.

CASO (B)El alcalde no tiene estudios básicos y otorga la licencia sin contar con el secretario del ayuntamiento porque así se hace en otros municipios.

CASO (C)El alcalde tiene estudios universitarios y otorga la licencia sin contar con el secretario del ayuntamiento.

EN sus declaraciones al juez estos tres alcaldes afirman que obraron de buena fe, que no creían que esta acción fuera ilegal. Como consecuencia de ello, y dado que el Derecho Penal exige que la justicia pruebe la culpa y no que el sujeto pruebe su inocencia, el juez falla la absolución porque encuentra dudosa la veracidad de los hechos instruidos, aplicando el principio in dubio pro reo (en caso de duda ha de favorecerse al procesado), o bien o no ha visto tipicidad (delito penal), porque admite que el sujeto no ha tenido conciencia de estar obrando injustamente (no ha habido dolo), y dado que el delito de ordenación del territorio exige que haya dolo, a lo más es una falta o un mero error que puede ser dirimido por la vía administrativa.

DE sentar jurisprudencia esta afirmación, los abogados de los alcaldes que aún no han sido juzgados tendrán el argumento jurídico ‘a huevo’. Los alcaldes, están de enhorabuena, porque con estas sentencias la Justicia les va dando la razón en que los problemas o las “inocentes meteduras de pata” sobre la ordenación del territorio no deberían ser juzgados por lo penal (pues, se consideran, no tienen tipicidad), sino a través del sistema administrativo. Una vía que conocen, y dominan muy bien, porque es sabido que por esta vía se puede negociar, sin consecuencia alguna, el parcheo de la posible falta, como de hecho ha estado sucediendo hasta ahora.

EL asunto es muy serio.  Ésta es la realidad y no otra. La realidad no es la supuesta ignorancia de las leyes, sino la mega ciudad difusa, desparramada, que se ha construido por acción u omisión de los alcaldes, y digo los alcaldes no sólo por ser representantes de las corporaciones locales, sino porque, por alguna razón, en la mayoría de los casos han optado por capitalizar este suculento bocado de la tarta territorial. Se trata de una realidad urbanística creada por incumplimiento de las leyes de ordenación, sean locales, comarcales o regionales. Es una realidad con nombre y apellidos en el Código Penal vigente: el delito de ordenación del territorio, pero con claras repercusiones en otros delitos que afectan a derechos consagrados en nuestra Constitución.LA JUSTICIA

El delito de ordenación del territorio

EL delito contra la ordenación del territorio aparece en los artículos 319 y 320 del Código Penal, introducido en la misma modificación que incluyó el delito contra el medio ambiente. Conviene recordar aquí su enunciado para comentarlo:

Artículo 319.

  1. Se impondrán las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
  2. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable.

Artículo 320.

  1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses.
  2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

NÓTESE que, mientras que el artículo 319 CP deja claro el delito para cualquier persona que construya en suelo no urbanizable (hay siempre tipicidad, con independencia de si es doloso o culposo), en el artículo 320 CP el legislador quiso restringir el delito de ordenación del territorio en la esfera del poder político y administrativo, donde la frase “a sabiendas de su ilegalidad”, restringe el delito a una clara intencionalidad del infractor, introduciendo aquí el requisito del dolo y excluyendo como delito la mera negligencia o ignorancia, que en otro tipo de delitos (ej. homicidio), y en el propio artículo 320 CP, sería motivo sólo de culpa que en este caso carece de tipicidad, por lo que no le es aplicable del Código Penal. De este modo, los delitos contra la ordenación del territorio cometidos por alcaldes nunca son culposos, sino que han de demostrar ser dolosos.

ESTE tratamiento de un mismo delito constituye, a mi modesto entender, una fractura en el principio de igualdad del Derecho, puesto que el objeto a proteger, el suelo o la ordenación del territorio, es el mismo tanto en el artículo 320 CP (autorización del delito) como en el artículo 319 CP (perpetración del delito), son simplemente dos etapas de un mismo proceso que se inicia en una decisión administrativa y concluye con la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable. Es más, con este enunciado es evidente que un alcalde puede tramar con un constructor una edificación en suelo no urbanizable con la seguridad de que, siendo el alcalde la primera etapa del proceso, y declarando luego que ignoraba que fuera delictivo (eliminaría el dolo), sería absuelto y el constructor no sería procesado por actuar de “buena fe”, ya que ha sido autorizado para ello por la máxima autoridad administrativa. Al final la vivienda se ha construido y no hay ningún culpable, porque no hay delito punible, ni para el alcalde (porque el art. 320 CP excluye la culpa) ni para el constructor (porque alega su autorización).

 CONCLUSIONES

Cuando un juez, en ejercicio de su autoridad absuelve a un alcalde porque no advierte dolo, hay varias presunciones difíciles de probar:

  1. Que el sujeto desconocía las leyes.
  2. Que se equivocó en su aplicación.
  3. Que no pudo evitar su aplicación.
  4. Que no era consciente de sus consecuencias.

En ninguna cabeza pensante cabe que alguno de estos supuestos se puedan encontrar en un alcalde que juró cumplir y hacer cumplir las leyes en su toma de posesión. Podemos entender que hayan alcaldes incultos (aunque son la excepción) pero precisamente las administraciones locales están equipadas de personal técnico suficiente para suplir la posible ignorancia de los alcaldes, de modo que sólo en estos casos excepcionales de incapacidad de un alcalde e incumplimiento de los técnicos de su obligación de asesorarle jurídicamente sobre un ilícito, es cuando podríamos admitir que se ha producido un error de derecho y por tanto no sería aplicable el artículo 320 del Código Penal, y en este caso habría que procesar al secretario por su posible responsabilidad de no cumplir con su misión de poner reparos y advertir del ilícito y al técnico municipal de Urbanismo encargado de emitir su informe estimatorio a la otorgación de la licencia municipal.

RETOMANDO los casos-tipo de alcaldes absueltos, indicados al principio de este artículo:

En el caso A:

El alcalde fue advertido por el secretario, y a pesar de ello actuó, por lo que no cabe alegar ignorancia, sino que hay claramente dolo, ya que actuó a sabiendas de la ilegalidad.

En el caso B:

El alcalde, aunque haya actuado sin el secretario, ha sido advertido del ilícito posteriormente por el mismo, y si no lo ha hecho habría que investigar al secretario, quien podría demostrar que el alcalde tiene sus motivos para prescindir del secretario, como es el de evitar los reparos jurídicos del secretario.

El caso C:

Es parecido al B, pero se diferencia en que el alcalde tiene formación o conocimiento (bien por su formación académica, bien por su actividad privada relacionada y vinculada al urbanismo, como es el caso, o bien por los años que lleva al frente del consistorio ejerciendo su labor, circunstancia ésta que también se da en el caso del Sr. Amat)suficiente como para comprender no sólo el carácter ilícito de su actuación sino también de la necesidad de contar con asesoramiento jurídico del secretario. En conclusión, en todos estos casos, el sentido común dicta que hay dolo por parte de estos tres alcaldes y que por tanto no deberían haber sido absueltos.

Suele pensarse que el Derecho Administrativo es el reino del Derecho escrito. De las frías normas y las inexcusables formas. Diríase que el principio de buena fe, que pretende expulsar a los granujas del juego, tiene poco que hacer en la esfera de la Administración Pública. Por eso, es frecuentísimo que la sincera invocación de la buena fe del contratista (que hace la obra sin formalizar el contrato), del funcionario (que hace las horas extraordinarias sin pedir autorización expresa),  del sancionado (que cometió una infracción pensando actuar correctamente o sin malicia), o del ciudadano (que consintió confiado un acto administrativo sin impugnarlo en plazo) tropiece con una negativa fundamentada en reglamentaciones y conceptos jurídicos.

Sin embargo, la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se ocupa de la buena fe. Por un lado, la referida a las Administraciones al disponer el art.3.1 que “deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. Y por otro lado, en el art.110.3 sobre los administrados, al advertir que “Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado”.

Indirectamente también encontramos la buena fe disfrazada de la prohibición de la desviación de poder que suele encubrir la malignidad de quien dicta el acto formalmente impecable pero materialmente envenenado.

Así y todo, no faltan manifestaciones de la “mala fe” en la Administración (o más bien en sus autoridades, ya que imputar un vicio humano a una persona jurídica es una licencia expresiva pero irreal). En el fondo, subyace una insana prepotencia, esto es, abuso del poder público, y que presenta varias manifestaciones:

  1. Prepotencia sobre los adversarios políticos.
  2. Prepotencia sobre los funcionarios incómodos.
  3. Prepotencia sobre los contratistas.
  4. Prepotencia sobre los expropiados.
  5. Prepotencia sobre los ciudadanos que creen en la Justicia, etc., etc., etc.

En fin, que si todos actuásemos con buena fe, lealtad y sinceridad, sobrarían las formas y trámites y desaparecerían los pleitos. Sin embargo, desde que Colón cambiaba espejitos por oro a los indios, y desde que las tribus formadas por sus descendientes confiaron en que el Gran Padre Blanco respetaría los tratados, parece que la buena fe no forma parte del código ético de los discípulos de Maquiavelo, ya militen en las filas de las autoridades públicas, o ya militen en las filas de los ciudadanos pícaros de solemnidad.

DEMOLEDOR Y CONTRADICTORIO INFORME DEL FISCAL EN EL CASO “LA FABRIQUILLA”

DESDE el mes de febrero de 2010, aproximadamente, hemos sido testigos del nacimiento de una nueva artimaña jurídica para escurrir la acusación fiscal del delito de ordenación del territorio, y que podríamos resumir en la siguiente frase:

“El delito de ordenación del territorio no es delito si no es doloso, esto es, si el acusado es ignorante de su ilegalidad”.

Por más que nos pueda parecer un ejemplo de antijusticia, que ofende hasta la inteligencia más débil, es así como se está despachando últimamente una ardua labor policial dirigida a la contención del urbanismo salvaje y descontrolado que ha caracterizado las últimas dos décadas de la historia de la provincia de Almería. En este artículo me propongo reflexionar sobre este sinsentido, aprovechando el informe emitido por el Ministerio Fiscal de Almería y el auto de archivo provisional redactado por la Juez instructora de la causa “LA FABRIQUILLA”(que en próximas fechas publicare y del que puedo adelantarles que no tendrá desperdicio alguno, indistintamente de las posibles consecuencias que ello pueda acarrear en un no muy lejano futuro) que, de mantenerse en las próximas fechas su postura, a la vista del recurso planteado y presentado por Margarita Kaiser, podría reconfortar el sentimiento de patente de corso que tienen los alcaldes de nuestra provincia, y así poder disfrutar del libre albedrío ladrillero del que han tenido -y tienen-, gala en una aparente connivencia con el sistema judicial establecido.
Sírvanos de ejemplo el actual caso conocido como “LA FABRIQUILLA” y el informe emitido por el Ministerio Fiscal, que podrán ver pulsando en el siguiente enlace:

 https://es.scribd.com/doc/265543166/1-Info-Fiscal-Caso-LA-FABRIQUILLA

Indistintamente, quiero participarles mi asombro por el informe emitido y las contundentes aseveraciones que, de forma particular, hace el Fiscal D. David Calvo. Al mismo tiempo y aun no estando de acuerdo en absoluto con sus conclusiones finales, en lo referente a su petición de Sobreseimiento Provisional de la causa, y a la vista de sus propias apreciaciones, no quiero perder la oportunidad de mostrar mi satisfacción por el reconocimiento tácito que realiza sobre todos y cada uno de los hechos denunciados, y puestos de manifiesto, en la denuncia de Dª. Margarita Kaiser. Créanme si les digo que pocas dudas tengo sobre las presiones que se han debido de ejercer, como tampoco tengo duda alguna de lo contradictorio que todos ustedes encontraran el referido informe y que NO es un descubrimiento que el Derecho no es una ciencia exacta, presenta multitud de recovecos, fracturas por donde se cuela la justicia para dar paso a la impunidad, por lo que exige una constante actualización y perfeccionamiento.

El informe del Fiscal, D. David Calvo, nos deja una visualización clarisima( mas adelante la expondremos de forma resumida) de como se han ido aconteciendo los hechos y la impunidad con la que han ido elaborando, los miembros de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, una política de hechos consumados en aras de facilitar una licencia de obras ILEGAL, como así reconoce el propio fiscal, a pesar de ser conocedores de su ILEGALIDAD y de una resolución judicial que así lo ponía de manifiesto(emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) pero que al parecer, y por lo pronto, el Sr. Fiscal considera ¡¡¡por UN DÍA!!!, que los miembros de la mencionada junta de gobierno local desconocían. Siendo, éste, el motivo fundamental y único por el que decide proceder a su propuesta de archivo provisional.

ANTECEDENTES DE LOS HECHOS PROBADOS

  1. El 2 de marzo de 2006 el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprueba la modificación puntual de la Parcela 11 (UE-109, Plan Especial de Reforma Interior), promovido por Hortiagricola SL. Se pasa de suelo Terciario (Comercial, servicios a la Ciudad etc)a uso Residencial(10 viviendas).
  2. Las licencias las concede la Junta de Gobierno Local el 14 de mayo de 2007.
  3. Ese expediente de modificación puntual contaba con el informe negativo de la Delegación Provincial Consejería de Obras Públicas de fecha 08 de febrero de 2006.
  4. La propia Junta interpuso recurso contencioso-administrativo el 16 de mayo de 2006 siendo conocedor como parte el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
  5. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como medida cautelar, acordó la suspensión del acuerdo el 10 de mayo de 2007(4 días antes de concederse la licencia por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento)
  6. Sin embargo, formalmente, la notificación al Ayuntamiento se produce UN DÍA DESPUÉS de concederse las licencias (15 de mayo de 2007, así lo certifica el propio ayuntamiento).
  7. Finalmente, la sentencia del TSJA de lo Contencioso Administrativo anula el 7 de noviembre de 2011 esa modificación del PERI (Plan Especial de Reforma Interior) a cuyo amparo de había concedido la licencia para la construcción de 10 viviendas en esa parcela.
  8. Con independencia de la notificación y de si conocían o no los imputados por otras vías la suspensión cautelar del TSJA, los Inspectores de Urbanismo de la Junta y conforme a la legalidad urbanística vigente dicen que no se podían conceder licencias conforme al artículo 27.2 de la LOUA porque había una modificación del uso (de terciario a residencial) y en esos casos se suspende la posibilidad de otorgar licencias en las áreas afectadas.
  9. El Ayuntamiento de Roquetas discrepa y dice que si se podían conceder licencias en esa parcela en concreto porque no estaba afectada por la suspensión.
  10. Fortaleciendo su posición, la defensa ha pedido un informe al Colegio de Arquitectos  y éste le apoya, diciendo que es la Junta de Andalucía la que está equivocada. En idéntico sentido se pronuncia D. Juan Francisco Pérez Gálvez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería y Lorenzo Mellado Ruiz, Profesor de Derecho Administrativo de la misma universidad.
  11. Para legalizar esas 10 viviendas el Ayuntamiento ha hecho la innovación 2/2010 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ésta modificación Puntal sí que contó con el informe favorable de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía.

VALORACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE LOS IMPUTADOS REALIZADAS POR EL FISCAL

En primer lugar, en relación con las desafortunadas apreciaciones que hemos leído en algunos escritos de las defensas, queremos aclarar que dichas declaraciones no han ido encaminadas a manchar la imagen pública de nadie,  siendo su fundamento la garantía fundamental de defensa recogida en nuestra Carta Magna cuando hay indicios de que se ha podido cometer  una infracción penal, aunque después de la instrucción se desvanezca o sean insuficientes para formular acusación.
Dicho esto, pasamos a valorar;

  1. La nota común en todas las declaraciones de los imputados ha sido negar que tuviesen conocimiento del informe de la Junta de Andalucía contrario a la Modificación del PERI.
  2. Todos los integrantes de la Comisión de Gobierno que aprobaron el proyecto, alegaron ser una suerte de “analfabetos en materia urbanística” amparándose en que sus campos profesionales (médico, agricultor etc.)están muy alejados a los tecnicismos  propios de la calificación y clasificación del suelo en las ciudades.
  3. Manifiestan que en la Comisión de Urbanismo nada se dijo de la impugnación ante los tribunales de la modificación del PERI, y en la Comisión de Gobierno se aprobó al llegar con todos los informes favorables.
  4. Es nuestra impresión que dicha legítima estrategia de defensa NO RESULTA CREÍBLE. Basta con escuchar a los imputados hablar sobre urbanismo y ver los años que llevan al frente de la Corporación Local- muy activa en ésta materia- para concluir que saben perfectamente lo que hacen y el alcance de sus decisiones administrativas.
  5. También es llamativo y poco CREÍBLE que en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, quienes tienen que tomar las decisiones sobre la concesión de ésta licencia no conociesen el informe negativo y la impugnación ante los tribunales por parte de la Junta de Andalucía. Parece razonable hacer constar en los expedientes dicha incidencia y si no se hace CUESTA CREER QUE SEA ALGO ACCIDENTAL.
  6. Como creemos firmemente que si conocían ésta situación puesto que los distintos departamentos del Ayuntamiento no son compartimentos estancos y por razones elementales de buen funcionamiento deben comunicar a otras secciones toda la información que les puedan afectar en sus decisiones, hubiera sido lo más prudente no conceder las licencias si sabían que se había impugnado el acuerdo de modificación y el TSJA iba a resolver en breve las medidas cautelares.
  7. TAMPOCO nos resultó convincente el ampararse -como lo hicieron varios de los imputados- en lo resuelto favorablemente por la Comisión de Urbanismo y en la máxima de que los expedientes que llegan a la Comisión de Gobierno NO SE REVISAN, aprobándose sin más los proyectos. Resultaría mucho más tranquilizador como ciudadano saber que nuestros gobernantes no conceden licencias a “ciegas” y que revisan la documentación antes de votar, por mucho que se concedan más de 300 licencias en un día y se presuma públicamente de la celeridad en su otorgamiento.
  8. Igualmente, algunos de los imputados pasan al ataque contra los informes de los Técnicos de la Junta de Andalucía olvidando lo que de forma definitiva ha resuelto – no lo olvidemos, dándoles la razón- el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (que ANULA esa modificación del PERI).
  9. Es un hecho indiscutible, por la tanto, que la actividad urbanística del ayuntamiento de Roquetas de Mar fue ilegal.
  10. Es unos años después cuando el ayuntamiento de Roquetas de Mar reconoce el error y lo dispuesto en la resolución judicial, rectifica la deficiencia y aumenta esa dotación hasta las proporciones reconocidas en la ley del suelo, por eso ahora la licencia de primera ocupación es informada favorablemente por la junta de Andalucía y no se opone a una actuación urbanística que inicialmente era ilegal.
  11. Después de estudiar lo informado por los peritos (colegio de arquitectos y dos profesores de derecho administrativo de la universidad de Almería) nos convence más el dictamen de los técnicos de la junta de Andalucía (que además son funcionarios de carrera con un deber de objetividad e imparcialidad en su actuación del que en absoluto dudamos).
  12. Llama y mucho la atención el informe del colegio de arquitectos de Almería. es inaudito y está absolutamente fuera de lugar que un colegio profesional de una ingeniería puedan entrar a valorar cuestiones exclusivamente jurídico-penales, ajenas al objeto de su pericia, como es el caso de si los autorizantes de la licencia tenían o no conocimiento de la medida cautelar del TSJA. Más allá de las notificaciones formales, el conocimiento puede ser demostrado de muchas otras formas con medios admisibles en derecho y es algo que debe evaluar exclusivamente los profesionales del derecho. Por tanto estas valoraciones exceden claramente de sus competencias, y colateralmente, ensombrecen las consideraciones estrictamente técnicas, aunque no dudamos que han tratado de ser imparciales.
  • ¡¡¡PUES BIEN, A PESAR DE TODO ELLO, EL FISCAL, SOLICITA EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LAS DILIGENCIAS!!!.

Consecuentemente, se ha de desprender que el art. 320 CP restringe el delito de ordenación del territorio para los alcaldes y funcionarios, favoreciendo con ello la impunidad de los mismos mediante el empleo de recursos tan ambiguos como discutibles, y perfectibles, como el error de derecho, que han sido utilizados para absolver de delitos, en contra de todo sentido común. Por fortuna hay sentencias que dejan claro que no se debe abusar de este recurso y que hoy día, en la era de la información, nadie puede alegar desconocer las leyes, menos aún los alcaldes que están ahí para hacer que se cumplan.
Al amparo de alcaldes que han creído tener patente de corso, carta blanca para hacer y deshacer a su antojo y conveniencia, se han construido decenas de miles de viviendas en suelo no urbanizable, creando una ciudad horizontal caótica y desordenada cuyas consecuencias ambientales, económicas y sociales sólo están empezando a emerger. Es fundamental que los procesos contra alcaldes imputados terminen con condenas ejemplares que dejen muy claro que el asunto con el que han estado jugando es muy serio, de modo que sirva de señal o advertencia para las próximas legislaturas, en las que los nuevos alcaldes se piensen muy bien sus decisiones y se aseguren muy bien de estar jurídicamente respaldadas conforme a Derecho. Por lo que concluyo que, a diferencia de la creencia (o deseo) de los alcaldes de que las faltas relacionadas con la ordenación del territorio deberían ser reguladas a través del derecho administrativo, sostengo con toda la contundencia que estos argumentos me puedan dar, que hoy, más que nunca es imprescindible la vía penal para frenar el desmadre ladrillero en suelo no urbanizable, no sólo porque considero que hay en todos los casos  tipicidad, es decir, delito penal, por parte de alcaldes y constructores, sino porque es la única forma de conseguir un efecto disuasorio en el futuro, al dejar claro que este asunto tiene consecuencias graves para el infractor.