SI GABRIEL AMAT NO DIMITE, LO TENDRÁN QUE INCAPACITAR POR SINVERGÜENZA , MENTIROSO Y CINICO.

SI GABRIEL AMAT NO DIMITE, LO TENDRÁN QUE INCAPACITAR POR SINVERGÜENZA , MENTIROSO Y CINICO.

LAS PALMERAS DE AMAT

Nuevamente, y para perder las buenas costumbres, el Sr. Amat niega la mayor amenazando al mensajero y amordazando a la prensa.

Lo hace después de que el periódico de mayor tirada nacional, EL PAÍS, publicara, el pasado 04 de febrero, una serie de adjudicaciones-contratos realizados desde el consistorio de Roquetas de Mar, del que el Sr. Amat es su Alcalde Presidente desde hace unos 20 años, y que vendrían a beneficiar a una mercantil en la que su yerno, D. José Zapata Pomares, figuraba como Consejero dos meses antes de su adjudicación.

La sociedad en cuestión, Jarquil Verde Sl, también formó parte, con la empresa Urbaser SL( Concesionaria del Servicio de Recogida de Residuos Solidos Urbanos y Limpieza Viaría del municipio de Roquetas de Mar), en la Unión Temporal de Empresas UTE PROTEJA ROQUETAS, que también se vio beneficiada de otra adjudicación por importe de  887.476 euros.

El periódico cuantifica las obras adjudicadas, a la empresa en la que participa el yerno de Amat, en un importe de 950.000 euros  aunque, con posterioridad, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, demuestra que los contratos adjudicados son superiores y elevan la mencionada cuantía al importe de 1.703.013,58 euros( incluido algún que otro modificado).

Igualmente, publica EL PAÍS, que la juez instructora, Dª María del Mar Alejo Rico, del conocido como caso “Trama Amat”, pieza principal de las Diligencias Previas 34/12 (seguidas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar), ha dictado resolución (auto), de fecha 25 de enero pasado, mediante la que viene a considerar ésta investigación como CAUSA COMPLEJA, catalogando de:

presunta actividad delictivadelentramadoY señala que el dirigente del PPpudo aprovecharse ilícitamente del desarrollo urbanísticodel Ayuntamiento de Roquetas de Mar, circunstancia que puede comprometer la legalidad de la gestión del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y de las mercantiles que integran el presunto entramado societario.

AMAT DECLARA QUE TODO ES FALSO Y VUELVE A AMENAZAR CON OTRA QUERELLA CONTRA AMAyT

El Sr. Amat, no me cabe duda alguna, es desconocedor de la celebre frase de Abraham Lincoln: “Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”. Por el contrario, y parafraseando a Louis Dumur,  piensa “que la política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos”, en definitiva, a él, no le gusta que la gente se meta en lo que sí le importa.

Es por ello que, a estas alturas, intente negar la existencia de todo un entramado societario, cuando los informes de la Unidad de Delitos contra el Crimen Organizado de la Costa del Sol RECONOCE que al menos 103 sociedades, todas con actividades relacionadas con la promoción y el urbanismo, se encuentran vinculadas al Alcalde de Roquetas de Mar y a 53 miembros de su familia.

Evidentemente, el Sr. Amat, también negara que en el mes de julio de 2015, la Juez instructora, admitió la investigación de 27 nuevas empresas, a petición de Amayt, vinculadas a la trama y que no fueron investigadas por la UDyCO, después de haber tardado más de 17 meses en emitir su informe.

Ademas, según se desprende de los informes requeridos por el juzgado a la Agencia Tributaria, Amayt ha podido constatar que han aparecido otras 105 sociedades que tendrá que investigar la UDyCO, si así lo estima oportuno la instructora. Sociedades vinculadas mediante participadas o bien por estar, las ya investigadas, participadas por éstas así como por vinculaciones por cuentas corrientes(sociedades en las que los órganos sociales, sin ser socios, estan autorizados en sus cuentas corrientes).

Por supuesto que si el Sr. Amat niega todos los extremos, anteriormente indicados, ¿cómo no va a negar las adjudicaciones que ha realizado en favor de su yerno?, como en otras ocasiones viene negando la mayor en lo referente a las actuaciones de las sociedades de su familia con el Ayuntamiento que el mismo dirige.

Quién actúa de tal forma, negando todo lo evidente y demostrado con documentos oficiales, no tiene otro calificativo que el de sinvergüenzaadj./s. com.

1   Se aplica a la persona que habla u obra con atrevimiento, sin vergüenza ni respeto. descarado, desvergonzado.
2  Se aplica a la persona que comete actos de delincuencia en beneficio propio, generalmente estafas o robos.

La teniente alcalde aclara que “en ninguna documentación figura ningún familiar del alcalde”

Esto no lo es todo, queridos lectores. Para continuar con sus costumbres, el Sr. Amat, mediante comunicado de su adlatere, la Sra. Dª Eloisa Cabrera, nos dice que ” en ninguna de la documentación obrante en los expedientes aparece o figura ningún familiar del Sr. Amat”.
¡¡¡ HASTA AHÍ PODÍAMOS LLEGAR!!!,
y es que, dice el refrán, “que antes se atrapa a un mentiroso que a un cojo”. Precisamente esa cuestión es la que debería de aclarar, en su comunicado, tanto el Sr. Amat como la Sra. Cabrera. Para su información, seguidores de Wikiluis, he de explicarles que, efectivamente, cuando se constituye una UTE, en la escritura de constitución, únicamente figuran las empresas que la configuran, así como el nombre de la persona responsable de la misma( que por regla general suele ser persona vinculada a alguna de las empresas), y es esa escritura la que aparecerá en el expediente administrativo. No deja de ser mas cierto que, al menos, para verificar quienes son los miembros de la Unión Temporal de Empresas, las mercantiles “asociadas”, han de presentar sus correspondientes escrituras de constitución para que, por otro lado, los servicios jurídicos y de contratación del Ayuntamiento, en éste caso el de Roquetas de Mar, puedan verificar que ninguna de las empresas, y sus miembros, se encuentra inmersos en alguna de las incompatibilidades que marca la Ley para poder concursar con la Administración Pública. Y es ahí donde se encuentra la trampa y la mentira, entre otras cuestiones, que la Sra. Cabrera y el Sr. Amat, nos quieren colar.
Veamos:
  1. Si en la escritura de constitución de la mercantil JARQUIL VERDE SL no aparece el yerno del Alcalde, eso no quiere decir que con posterioridad, éste, no se incorporase a la sociedad, como así es y en calidad de Consejero.
  2. Si en la escritura de constitución de la mercantil ya figura el Sr. Zapata Pomares, los Servicios del Área de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Roquetas deberían ser perfectos conocedores de tales circunstancias y advertir, entre otros, al Sr. Secretario, Alcalde, Comisión etc, etc, etc… ¿No saben quién es el Sr. Zapata Pomares? ¿No han revisado la documentación?, claro, que sabiendo quién se encuentra al frente de ese área, como Jefa de los Servicios Jurídicos y su responsable política, pues como que no hay que profundizar mucho mas en el tema.
  3. Declinar éste tipo de responsabilidades es hacer lo mismo que “mutis por el foro” o cometer un flagrante delito de Prevaricación. Lo que si esta claro es que, el Sr. Pomares, siendo yerno del Alcalde Amat, se vio beneficiado de una adjudicación realizada por su SUEGRO, el Alcalde del Ayuntamiento con el beneplácito y visto bueno de, al menos, los Servicios Técnicos Municipales del Área de Contratación y Patrimonio, cuando no, también, con la aquiescencia del Sr. Secretario, del que todos sabemos que forma parte de TODAS las Comisiones de Gobierno, conforme lo atestiguaron, en su día, todos los imputados en el caso “LA FABRIQUILLA”.

Así que, el Sr. Amat y la Sra. Cabrera, son unos MENTIROSOS. Adjetivo/nombre masculino y femenino

  1.  
    [persona] Que tiene costumbre de mentir.
  2.  
    adjetivo
    Que es propio de esta persona.

GABRIEL AMAT TOMA MEDIDAS CONTRA AMAyT POR ACOSO Y PERSECUCIÓN

El 04 de febrero, desde el Partido Popular de Roquetas de Mar, Amat, lanzo un comunicado mediante el que decía que iba a tomar medidas judiciales contra la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), incluso hacía alusión al “ensañamiento” que ésta asociación y sus miembros tienen contra su persona y el daño “irreparable” que se le estaba haciendo a su familia. Un acoso, en toda regla para él, que incluso hacía mención a la similitud del “anacrónico” de la asociación con el de su apellido. Manifestaba, igualmente, que toda la directiva de la Asociación se en contra imputada, ahora “Investigada” y que tuvieron que declarar ante el juez por la querella que, en su día les puso y que él había sido investigado en muchísimas ocasiones y todas las investigaciones se habían archivado, no estando imputado en ninguna causa.

El cinismo demostrado, en éste comunicado, es, cuando menos, vergonzoso. Amat no  es, solamente, un Sinvergüenza y Mentiroso, también es un CÍNICO de mucho cuidado.

Estamos acostumbrados a sus embustes, mentiras, y a como tergiversa la realidad utilizando, en la mayoría de los casos, verdades a medias, como las que expone en su comunicado.
Veamos:

Amayt no realiza ningún acoso contra Amat o familiar suyo. Es el propio Amat el que ha metido en toda esta trama a su familia. Es él, el Alcalde, el que viene favoreciendo a las empresas de sus familiares, cuando no a ellos y así mismo, mediante las adjudicaciones y decisiones urbanísticas que adopta, en su doble condición, como empresario y alcalde del Ayuntamiento de Roquetas.

  • ¿El Sr. Amat no se acuerda, ni el ni sus familiares, de las penumbras, daños y otros pesares por los que ha hecho pasar a mas de una familia o empresario de nuestra provincia. No se acordaba cuando, él mismo, sus familiares y socios se veían favorecidos por sus decisiones en un claro perjuicio de terceros?

Sr. Amat, no todos los miembros de la directiva de la Asociación, como usted dice, están “investigados”, anteriormente “imputados”. No solamente no es cierto sino que, ademas, la juez instructora de su querella, que casualmente es la misma juez de la“Fabriquilla” y de su “Trama Familiar”, decreto el Archivo Provisional de su querella, no sin dejar ciertas “perlas” en su resolución en clara alusión a sus intenciones y a la libertad de expresión de la que todos tenemos derecho a gozar, a pesar de que a Vd, ese derecho, le encantaría, como así lo intenta, “capar”. Cierto es, Sr. Amat, que Vd., mediante su dirección letrada, el magnifico letrado Sr. Marfil, ha recurrido dicha resolución judicial ante el órgano superior, es decir, la Audiencia Provincial de Almería que será la ultima instancia que ha de pronunciarse al respecto, o no, del archivo decretado de forma provisional.

Pero nuevamente, Sr. Amat, Vd., vuelve a mentir, insidiosa y descaradamente cuando alega que Vd., no esta imputado y he de recordarle que tanto Vd., como el resto de su séquito y corte celestial, imputados en el caso la Fabriquilla, lo siguen estando. Y digo esto por que, al igual que Vd ha recurrido el archivo de su querella, contra la Asociación Amayt, Amayt ha recurrido el archivo, ante la Audiencia Provincial de Almería,  que la Juez Alejo Rico decretó en favor de ustedes en el “Caso La Fabriquilla”. Así que, Sr. Amat, Vd, y su corte celestial siguen estando “IMPUTADOS”, ahora “INVESTIGADOS” por la justicia. Eso sin tener en cuenta las numerosas causas en las que el PP de Almería, Vd y Diputados Provinciales de ese partido se encuentra inmersos e investigados por la UDyCO de la Costa del Sol o por la Policía Judicial, cuando no por la Agencia Tributaria.

Consecuentemente, Sr. Amat, y por la anteriormente expuesto Vd es un CÍNICO. -caadj./s. m. y f.

1   Se aplica a la persona que miente o comete actos vergonzosos con descaro, sin ocultarse ni sentir vergüenza.
adj.
2 Que implica o denota cinismo (actitud).
3 Relativo al cinismo (doctrina filosófica).adj./s. m. y f.
4   Se aplica a la persona partidaria o seguidora del cinismo (doctrina filosófica).
 Y como todos vosotros me conocéis bien, y sabéis de mi puñetera y mala costumbre de documentar todo lo que digo y denuncio, a pesar de que al Sr. Amat no le guste y piense que “EL GEPE EZE” no nos funciona, paso a dejaros constancia de todos los documentos que viene a demostrar que, el Sr. Amat, es un SINVERGÜENZA, MENTIROSO Y CÍNICO.
INFORME MERCANTIL DE LA SOCIEDAD JARQUIL VERDE SL.
Captura de pantalla (39)
RELACIÓN ADJUDICACIONES E IMPORTES AYTO. ROQUETAS A JARQUIL VERDE SL
Captura de pantalla (40)
INFORME DEL FISCAL DE DELITOS ECONÓMICOS
FISCAL ECONOMICO
AUTO JUEZ ACORDANDO COMPLEJIDAD DE LA CAUSA 34/12 “TRAMA AMAT”
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DESMONTANDO EL INFORME DE LA UDyCO COSTA DEL SOL EN LA TRAMA AMAT

Sorpresas, a muy corto plazo, nos irán dando los informes emitidos, a petición del Jugado, por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Agencia Tributaria en la causa conocida como “LA TRAMA AMAT”, donde la Unidad Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado(UDyCO) viene investigando un entramado societario, vinculado al Alcalde de Roquetas de Mar, GABRIEL AMAT, que en un principio estimaron en 103 sociedades. Puedo asegurarles que, a día de la fecha,   las mercantiles a investigar se acercan mas a las 300,  que fueron las ya estimadas, en un principio y en su denuncia ante la Fiscalía del TSJA por Amayt, cuestión, ésta, no descartada por los agentes investigadores de la UDyCO.
Pero, indistintamente a todo ello, se hace indispensable que realicemos un exhaustivo análisis del informe emitido, en su día, por la UDyCO, donde a buen seguro, queridos lectores, se quedaran perplejos y confundidos si se les ocurre comparar las investigaciones, por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en distintas Comunidades Autónomas. Sirva de ejemplo las últimas actuaciones realizadas por la UCO, en la Comunidad Valenciana, y comparen ustedes, por ejemplo, con las que aquí le hacemos referencia a la conocida como “TRAMA AMAT”, investigadas por la UDyCO DE LA COSTA DEL SOL. Sí, cierto es que el parecido entre los personajes, sus formas de actuar, y supuestos delitos cometidos, son similares a “nuestra causa almeriense”. Lo llamativo de ello es que, por el contrario, tanto la diligencia en su investigación como las formas mantenidas en ésta nada tienen que ver, si se comparan ambos casos ¿Por qué será?

  1.  No podemos olvidar el tiempo transcurrido desde que fueron entregadas las diligencias a los Agentes (27 de septiembre de 2013) de la UDYCO.
  2. Desde la fecha de entrega hasta la primera comunicación (15 diciembre de 2014), que por otro lado no viene a decir nada nuevo salvo la advertencia que hacen en referencia a que “realizaran una serie de apreciaciones sobre la denuncia de Amayt”, transcurren, aproximadamente, 14 meses. Durante éste periodo, a nuestro entender, los agentes investigadores no habrían trabajado en absoluto.
  3. Amayt reclama a la instructora información, al respecto de la situación del mencionado informe y es, entonces y no antes, cuando se ven obligados a justificarse mediante su comunicado de 15 de diciembre 2014 donde manifiestan que se esta realizando para luego, en dos meses, tener definitivamente su informe, análisis y apreciaciones.
  4. El “supuesto” informe y su análisis tiene fecha 02 de febrero de 2015. Es decir, desde el 27 de septiembre de 2014 hasta la fecha de emisión del informe han transcurrido, prácticamente, 17 meses.
  5. Estudiando el informe y su análisis, e indistintamente del tiempo transcurrido en su elaboración, se detectan ciertas cuestiones que,  necesariamente, se han de tener en cuenta:
  • El informe no se encuentra cumplimentado conforme a lo solicitado por la juez instructora en auto de fecha 12 de julio de 2013.
  • Tampoco cumple los requisitos sugeridos conforme a lo estipulado en el informe de la Policía Judicial adscrita al TSJA, de fecha 20 de mayo de 2013.
  • De igual forma no cumple, consecuentemente, con lo estipulado en el Decreto emitido por la Fiscalía Superior del TSJA en fecha 27 de mayo de 2013.
  • Además de no investigar lo sugerido por la Policía Judicial Adscrita al TSJA, así, como lo Ordenado por la propia Fiscalía Superior y por la Juez Instructora, los investigadores de la UDYCO y a sabiendas de no ser de su competencia, como ellos mismos reconocen en su informe, se permiten realizar, de forma torticera, una serie de apreciaciones que no solamente se han de considerar impropias o improcedentes sino que – entre otras cuestiones- no motivan o justifican de forma alguna y contradiciéndose, a un mismo tiempo, con los extremos que recogen en su análisis, al respecto de la trama familiar orquestada y montada en el entorno de los familiares y allegados del Alcalde D. Gabriel Amat, de la que reconocen su existencia y que se encuentra constituida, al menos y en principio, por unas 103 sociedades.

Éste análisis, entre otras cuestiones, vendrán a demostrar la existencia de una demora premeditada, a la hora de emitir su informe la Unidad encargada de la investigación, como la falta de rigor y profesionalidad manifiesta en los trabajos realizados que, de forma incomprensible y durante un periodo de 17 meses se han venido demorando, como decíamos anteriormente, de forma injustificada. Entendemos que debería exigirse responsabilidades y, aún mismo tiempo, el encargo de la mencionada investigación a otra Unidad que, entre otras cuestiones, no dependiera de los mismos mandos.

Una vez indicado lo anterior procede analizar algunas de las apreciaciones recogidas por los investigadores en su informe que, ciertamente, no justifica el tiempo invertido. Y es que, a la vista se encuentra la documentación inconclusa presentada, como ya ha sido reconocido por la Juez Instructora en su auto de fecha 23 de Noviembre de 2015, donde la UDyCO obvió investigar 27 sociedades que aparecían, entre otras, en la denuncia de Amayt y sus sucesivas ampliaciones. Sociedades que, a buen seguro, se irán incrementando y que vendrán a demostrar, uno a uno, todos los hechos denunciados por la Asociación mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, AMAyT.

APRECIACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS

  • Párrafo 3º, 1ª página del informe:

“Ese juzgado interesó, según lo apuntado en su día por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la elaboración de un organigrama societario que permitiese clarificar las posibles conexiones existentes entre las diferentes sociedades, así como establecer las relaciones existentes entre sus miembros”.

  • Primer extremo incierto o incompleto:

El auto dictado por la juez instructora continuaba con el siguiente texto:

al objeto de determinar aquellas que puedan estar articuladas con el fin específico de conservar patrimonio y reducir la presión fiscal o bien aquellas cuya finalidad sería ocultar a los verdaderos propietarios de bienes o derechos y eludir impuestos; es decir localizar sociedades patrimoniales o instrumentales.

Para la realización de lo anteriormente expuesto, será preciso, tal y como se expone igualmente en el informe señalado, la consulta de Registros telemáticos. Registro Mercantil, Registro de la Propiedad y Notariado, así como la realización de informes patrimoniales de las sociedades y de las personas a las que se hace referencia en la denuncia. Igualmente, de los análisis de relaciones societarias y la composición de sus miembros, así como de las relaciones mercantiles detectadas y de los informes patrimoniales, habría que analizar la posible existencia de sujetos que realicen funciones de testaferros. Así mismo, será necesario realizar las gestiones necesarias a través de consultas de bases de datos y registros de bienes y derecho combinado con gestiones policiales de información, con el fin de intentar la localización de activos, bien a través de movimientos de titularidad difusa o de incrementos de patrimonio injustificados”.

Evidente, y así se desprende del propio “informe”, que los extremos aquí reflejados han sido voluntariamente obviados –consecuentemente- no investigados. Con ello lo que se consigue es la realización, después de 17 meses, de un informe sesgado, incompleto, falto de coherencia y que claramente no puede motivarse salvo las irrebatibles pruebas que figuran en los escritos de denuncia y ampliaciones de la Asociación Amayt.
Éste “paripé” de informe no recoge extremos de suma importancia y requeridos por la Juez Instructora como, lo son, los sugeridos por la Policía Judicial Adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía y conforme  lo estipulado, en su Decreto, por el Fiscal Jefe.

Ni se plasman ni se dicen aspectos como:

  1. Qué investigación se ha realizado, o llevado a cabo, para descartar la existencia de Sociedades Patrimoniales o Instrumentales. No se pone de manifiesto, ni se argumenta, ninguno de estos extremos.
  2. Tampoco recoge, como de igual forma ni se investiga ni se argumenta, en cuales quiera de los casos, la posible o no existencia de Testaferros.
  3. Al igual que en el punto anterior tampoco se recogen los análisis, ni los informes patrimoniales, de las sociedades y de las personas a las que se hace referencia en la denuncia puesto que se obvian todas las personas no familiares pero sí vinculadas, de forma directa o indirectamente, con el Sr. Amat y su tela de araña societario-familiar compuesta por socios, amigos, etc.., todas ellas perfectamente identificadas y reseñadas en las tramas, y derivaciones de éstas, aportadas por la Asociación Amayt en su escrito de denuncia y distintas ampliaciones. Por cierto, todas admitidas a trámite y entendiendo que, sin exclusión alguna y en su totalidad, se encuentran en poder de los investigadores de la UDYCO DE LA COSTA DEL SOL.
  4. Continuando con éste despropósito de “informe” tampoco se especifica, indica o argumenta, qué tipo de gestiones policiales de investigación se han realizado con el fin de intentar la localización de activos, bien a través de movimientos de titularidad difusa o de incrementos de patrimonio injustificados”.
  • En el 2º folio del “ supuesto informe”, párrafo 2º, dejan constancia, paradójicamente, de lo siguiente:

“Conviene puntualizar que la información utilizada es la extraída de las notas simples, por lo que no cabe descartar la existencia de actos societarios escriturados que no han tenido reflejo en el Registro Mercantil por no ser de obligada inscripción, como puede ser en el caso de la compraventa de participaciones o acciones”.

Tal aseveración vuelve a demostrar, como se puede extraer de todo el informe y sus anexos, la total inexistencia de funciones de investigación policial ya que no se pone de manifiesto qué tipo de averiguaciones se han llevado a cabo para descartar, o no, la posible existencia de esos actos societarios de compraventa de participaciones o acciones.

 APRECIACIONES DEL  ANÁLISIS

  • El primer párrafo es más que significativo:

“las supuestas irregularidades se circunscribirían en su mayor parte a temas urbanísticos que afectarían al “Plan General de Ordenación Urbana” del municipio de Roquetas de Mar, temas muy específicos en sí que exigen determinar y concretar, una vez analizados los correspondientes expedientes aludidos en los escritos de AMAyT, la existencia de posibles actuaciones de carácter irregular”.

A la vista de estas afirmaciones se reconoce ampliamente que tampoco, estos extremos, han sido investigados.

  • Párrafo 5º del Análisis:

Aunque no corresponde a la Policía la apreciación legal de la argumentación de los denunciantes en cuanto a la existencia de hechos delictivos, teniendo en cuenta lo dispuestos por las autoridades judiciales hasta el momento, es conveniente sin embargo que, por nuestra parte, sean analizadas con detalle las manifestaciones expuestas en el escrito-denuncia y, siempre desde el punto de vista policial, manifestemos nuestra opinión profesional respecto de los mismos, a fin de contribuir a que se adopten las decisiones mas convenientes”.

Ya, la osadía y enfoque torticero de algunas de las conclusiones de los agentes investigadores se deja ver de forma palmaria, reconociendo, por un lado, que no les corresponde a ellos realizar ningún tipo de apreciación legal respecto a los argumentos expuestos en la denuncia de Amayt pero, por el otro, arguyen para justificar su innecesaria e injustificada opinión que lo harán desde el punto de vista policial. Es decir, que los agentes investigadores sin haber realizado investigación alguna, o al menos completa de los extremos requeridos por S.Sª, Fiscalía y Policía Judicial, si se encuentra con la capacidad y “legitimidad” suficiente, aunque no sea de su competencia, como para ANALIZAR LAS MANIFESTACIONES de la denuncia de Amayt. Es decir, que no investigan los hechos denunciados pero sí tienen muy en cuenta las manifestaciones que se hacen en la denuncia presentada por la asociación.

¡¡¡Pero esto qué es!!!

 A la vista de éste proceder hemos de preguntarnos:

  1. ¿En qué tipo de pruebas se basan para poder ANALIZAR las manifestaciones realizadas en el escrito de denuncia, y sus ampliaciones, por Amayt?
  2. ¿Es obligación, o se encuentra dentro de las competencias Analizar “manifestaciones” o, por el contrario, su obligación se debería de circunscribir, única y exclusivamente, a la investigación requerida por S.Sª?
  3. ¿Han aportado, en su investigación, algún dato nuevo que no constase en el escrito de denuncia de Amayt y sus distintas ampliaciones?
  4. ¿No es más cierto que, con éste tipo de “análisis”, lo que pretenden los investigadores, como veremos más adelante, es crear un juicio de valor mediante el que se pretenda inducir a una decisión de archivo, de las diligencias de investigación, contra el IMPUTADO D. Gabriel Amat?

Pues bien, después de todo lo expuesto por los investigadores y en una muestra más de su incongruente y contradictorio informe-análisis, manifiestan y reconocen lo siguiente:

  • Efectivamente, la existencia de un entramado de empresas dedicado fundamentalmente a actividades inmobiliarias, de construcción, promoción, explotación y otras relacionadas, como se pone de manifiesto en el análisis societario efectuado por éste Grupo de Policía, tiene una relación directa con AMAT AYLLON, esencialmente a través de vínculos familiares y de personas relacionadas con unos u otros de dichos familiares, tratándose, como puede observarse, de un circulo muy amplio que abarca 103 sociedades, no descartándose la existencia de algunas otras, habiéndose determinado la relación con otras 12 en la que no constan vínculos tan estrechos y que, en conjunto, podría ampliarse a relacionar todas ellas con otras 300 o más empresas, si tenemos en cuenta los vínculos comerciales.

¡¡¡BINGO!!! Los Agentes pertenecientes al Grupo de Policía que investigan la trama AMAT reconocen los extremos denunciados por Amayt, así:

  1. El Grupo de Investigación de la Policía reconoce expresamente la existencia del entramado Societario.
  2. El Grupo de Investigación de la Policía reconoce que las actividades de todas esas sociedades se dedican a: Actividades Inmobiliarias, Promoción, Construcción, etc.,
  3. Que todas esas sociedades y su entramado tienen una relación DIRECTA con el Alcalde Amat Ayllón.
  4. Que por lo pronto el total de sociedades detectadas, relacionadas y vinculadas al Alcalde Amat Ayllon y a la trama societaria, está compuesta por unas 103 sociedades no descartándose la existencia de otras.
  5. Y que se podrían relacionar, todas estas sociedades, con otras 300 más, aproximadamente, si se tienen en cuenta los vínculos comerciales.

Ante tales aseveraciones, y confirmación de hechos, los Sres. Agentes ratifican de forma indirecta, nuevamente, que gran parte de la investigación requerida por S.Sª, Fiscalía y Policía Judicial, no se han llevado acabo. Extremos como los que a continuación exponemos, así lo demuestran:

  • El total de sociedades detectadas sería de unas 103 mercantiles no descartándose la existencia de otras.
  • Que podrían relacionarse con otras 300, o más sociedades.

La evidencia es palmaría. NO SE HA INVESTIGADO NI UNA SOLA DE LAS TRAMAS DENUNCIADAS POR AMAyT que es el punto álgido que nos llevaría a la relación del entramado societario con esas otras 300 mercantiles. No solamente eso sino que, además, no se ha investigado a miembros, no familiares del Sr. Amat, que si forman parte como cargos orgánicos de esas sociedades y cuya relación o vinculación: societaria o de amistad manifiesta, con el propio Amat Ayllon y resto de familiares, quedan recogidas en las denuncias y ampliaciones realizadas por Amayt.

De forma sorpresiva e incoherente, ahora se entiende el por qué los Agentes avisan de que realizaran un análisis y sus apreciaciones policiales sobre las manifestaciones recogidas en las denuncias por Amayt, los investigadores alegan, sin justificar ni un ápice sus apreciaciones y sin haber realizado las investigaciones requeridas, que:

No obstante, el hecho en sí no parece ser motivo suficiente para argüir la existencia de actividades delictivas”.

Pero además siguen contradiciéndose cuando acto seguido reconocen:

Probablemente exista o haya existido trato de favor, uso de información privilegiada, etc., pero en caso de iniciar actuaciones policiales previas se necesitan indicios claros y concretos que permitan, en primer lugar, realizar investigaciones a fondo y, posteriormente, elevar las mismas a las autoridades judiciales o fiscales competentes”.

A la vista está que si ha existido, o existe, trato de favor, uso de información privilegiada, etc., pues como que son delitos perfectamente tipificados en el ordenamiento jurídico penal. Cuestión que, al parecer, para los Agentes de la Unidad de Policía no han de tenerse en consideración a la hora de emitir su criterio-juicio de valor cuando afirman de forma rotunda y manifiesta que “no parece ser motivo suficiente para argüir la existencia de actividades delictivas” y, todo ello,  a pesar de reconocer que no han iniciado, tan siquiera, actuaciones policiales previas.
Manifiestan que necesitan indicios claros y concretos. Estos extremos alegados evidencian, nuevamente, que en el transcurso de estos 17 meses ni, tan siquiera, se han leído todas las ampliaciones, ni han verificado las pruebas aportadas  que se han ido presentando para, así,  realizar las investigaciones con la profundidad necesaria y requerida. Ahora bien, por el contrario, si se atreven, de forma torticera y gratuita, manifestar alegremente que no se desprenden o existen elementos suficientes como para argüir la existencia de delito.

¡¡¡INCOMPRENSIBLE!!!

Pero más incomprensible y contradictorio, aún mismo tiempo, es cuando los Agentes hacen constar su apreciación policial al respecto de una serie de puntos que constan en los escritos de denuncia de Amayt y que vienen a demostrar la existencia de hechos delictivos. Extremos como:

Se alude a la supuesta falsedad en las declaraciones sobre incompatibilidades presentadas por AMAT AYLLON y otros; las comprobaciones sobre la falsedad real de tales declaraciones exigen la valoración y apreciación de los puestos desempeñados oficialmente, no siendo posible para los investigadores policiales emitir conclusiones definitivas sin conocer informes previos evacuados por la “Intervención General de la Administración del Estado”, teniendo en cuenta la Ley de Contratación del Sector Público.

¡¡¡DE TRACA!!!

¿Ciertamente esta investigación ha sido realizada por Agentes, con un mínimo de experiencia, de la UDyCO o ha sido encomendada al meritorio de turno?

Así pues, en éste caso, los Sres. Agentes si entienden que para emitir sus conclusiones necesitan de informes previos pero, para emitir sus apreciaciones policiales cuando no es su obligación, para ello, no los necesitan.

¿Ciertamente,  es necesario solicitar un informe a la Intervención General de la Administración del Estado para saber si el Sr. Amat ha mentido, falseado u omitido de forma deliberada, en su declaración de Patrimonio e incompatibilidades, aspectos tan cruciales como las actividades a las que se dedican sus empresas?

  • Empresas cuyo objeto social contempla, entre otros, las actividades relacionadas, conforme así lo reconoce los Agentes Investigadores en su propio Informe, con la Promoción, Construcción y el Urbanismo en general.
  • Empresas en las que el propio Amat, en su declaración Patrimonial, reconoce poseer parte o el total del accionariado.

Consecuentemente, si el Sr. Amat no hace constar en su declaración de incompatibilidades la existencia de mercantiles cuya actividad se dedica a otros menesteres, que nada tiene que ver con la Agricultura o Concesionario de vehículos circunstancias u objetos sociales que son los que aparecen en la declaración de incompatibilidades de D. Gabriel, pues como que, la ocultación premeditada de tales hechos inducen, cuando menos,  a la posible existencia de un Delito de Falsificación de Documento Público, entre otras cuestiones. Pero, además, hay que tener muy en cuenta que entre los hechos denunciados por Amayt se encuentran: Resoluciones, Decretos, Acuerdos de Junta o Comisión de Gobierno, de carácter urbanístico y en claro beneficio de mercantiles que han sido, eran o estaban participadas por el propio Alcalde D. Gabriel Amat. Mercantiles que, como ya hemos indicado, en su objeto social contemplan actividades como la promoción, construcción, arrendamiento de suelos rústicos y urbanos, etc.

No conforme con todo ello, los señores Agentes, siguen realizando apreciaciones de carácter policial como las siguientes:

“Dichas resoluciones parecen haber sido tomadas en el marco adecuado, con conocimiento de los concejales opositores, si bien constan algunas impugnaciones de las que ya entienden otros órganos judiciales”.

¡¡¡IMPEPINABLE DESFACHATEZ Y POCA VERGÜENZA!!!

Intentar justificar que no existe ilegalidad, o posible delito en las tomas de decisiones, por que los miembros de la oposición tenían conocimiento de las mismas es realizar una apreciación de causa o suerte generalizada. Pero esto, a su vez, tampoco significa que a pesar de ser conocedores, los miembros de la oposición, los mismos, hayan respaldado tales decisiones o votado a favor de ellas. Lo que nuevamente vuelve a evidenciar el informe emitido y, sobretodo, las consideraciones valoradas por los Agentes Investigadores que no dejan de ser más que meras justificaciones de la falta de rigor y profesionalidad demostrada, después de 17 meses de supuesta investigación.

Basta comprobar, una a una, las resoluciones adoptadas, y aportadas por Amayt en sus escritos de denuncia y ampliaciones, para verificar cómo D. Gabriel Amat, y su Equipo de Gobierno, salvo raras excepciones, han hecho prevalecer el rodillo de su mayoría absoluta. Por consiguiente, y si nos referimos a aquellas cuestiones cuya competencia son materia de Plenario la responsabilidad recaería en todos y cada uno de los miembros  que, con su voto favorable, aprobaron las resoluciones adoptadas, entre ellos el propio Sr. Amat. Y no solamente en aquellas sesiones de carácter ordinario sino que, con mayor contundencia, en aquellas otras de carácter Extraordinario, fundamentalmente. Ahora bien, si nos circunscribimos a aquellas otras materias cuya aprobación es competencia de la Junta o Comisión de Gobierno, pues como que no puede quedar duda alguna de quienes son sus máximos responsables y entre ellos, nuevamente, el Sr. Amat.

Indistintamente a todo éste conjunto de incongruencias, los investigadores, reconocen que sí constan algunas impugnaciones de las que ya entienden otros órganos judiciales. Pue bien, a pesar de no nombrarlas y en un intento permanente de huida continuada, para no entrar en el fondo de las cuestiones que debiera haber sido el objeto de su investigación, los Sres. Agentes obvian, de forma premeditada, aquellas otras que, precisamente, si son el objeto de la denuncia de Amayt y sus distintas ampliaciones consiguiendo, con ello, pasar de “puntillas”, y de forma aparentemente desapercibida, sobre otro de los hechos denunciados y no investigados.

A la vista del informe emitido, y sus “conclusiones”, se ha de manifestar que queda perfectamente claro que la Unidad de Policía, encargada de la investigación, NO HA CUMPLIDO con los parámetros y profundidad requeridos por S.Sª., para investigar los hechos denunciados. Y no puede interpretarse de ninguna otra forma puesto que los propios agentes así lo reconocen en su  informe cuando manifiestan:

“La apreciación de la posible ilegalidad de todos o algunos de estos actos, tal como alegan los denunciantes, parece exceder la simple actuación policial previa…..”

Estos acontecimientos inducen a pensar que o bien el juzgado instructor, en su día, no transmitió los extremos y profundidad de la investigación requerida por S.Sª,  en el razonamiento jurídico tercero de su auto de fecha 12 de julio de 2013 o, por el contrario, la Unidad investigadora se ha pasado “por el arco del triunfo” y después de 17 meses, lo exigido por la instructora.

La Asociación Amayt ha presentado escrito solicitando, entre otras,  la práctica de las diligencias que ya fueron acordadas en su día, y que después de 17 meses no se han realizado.

Depende de S.Sª., la continuidad o no de la investigación pero lo demostrado, y reconocido por los Agentes de la UDyCO, no deja  duda alguna sobre:

  1. La existencia de un entramado societario vinculado al Sr. Amat Ayllon y su familia.
  2. Que éste entramado está o se encuentra participado, por lo pronto, por 103 sociedades y que, el mismo, podría verse incrementado por otras 300 mercantiles vinculadas de forma más o menos directa.
  3. La existencia de trato de favor, uso de información privilegiada, etc…, recogido como delito en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Vigente hasta el 01 de Julio de 2015).

CAPÍTULO VI. Del tráfico de influencias, Artículo 428:

El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

4. Se reconoce explícitamente, y en principio, que las 103 sociedades vinculadas y relacionadas con el Sr. Amat Ayllon y su familia tienen comprendidas en su objeto social actividades relacionadas y vinculadas con el sector inmobiliario: Construcción, Promoción, explotación y otras relacionadas.

5. Que son 53 las personas que, unidas mediante lazos familiares con el Sr. Amat, se encuentran vinculadas a las 103 mercantiles “investigadas”.

6. Que entre los miembros familiares, del Sr. Amat, que más actividades societarias han tenido o mantienen se encuentran:

Miguel Pintor Moreno (cuñado del Alcalde).

Andrés López Amat (primo del Alcalde).

Francisco Amat Ayllon (hermano fallecido del Alcalde).

Los hermanos Amat Vargas, Fcº. Javier y José Ángel (sobrinos del Alcalde).

http://es.scribd.com/doc/264746201/INFORME-UDyCO-TRAMA-AMAT

EL CASO GESPONIENTE Y EL ALCALDE DE LA MOJONERA. GABRIEL AMAT,SIGUIENDO LA ESTELA JUDICIAL DEL FABRA ANDALUZ, 4ª PARTE

Entre otras de las cuestiones denunciadas, en la ampliación realizada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), y de las que ya hemos dejado constancia, inicialmente en éste artículo, figura la compraventa de acciones de la mercantil GESPONIENTE por parte de D. José Cara González, Alcalde del municipio de la Mojonera y Diputado Autonómico del Partido Popular.

Los hechos narrados, en líneas generales, son los publicados por el periódico el País el 17 de enero de 2014:

UN DIPUTADO DEL PP, SOCIO DE LA FIRMA INVESTIGADA POR LA FISCALÍA SUPERIOR”.

EL ALCALDE DE LA MOJONERA COMPRÓ ACCIONES DE GESPONIENTE TRAS BENEFICIARLE CONSUELO MUNICIPAL”

“El Diputado del PP y alcalde de la Mojonera (Almería), José Cara, se convirtió en socio del dueño de la constructora Hispano Almería, Miguel Ángel Morales, solo dos meses después de firmar con el empresario un contrato de permuta de terrenos municipales para que se construyeran 16 naves industriales en 2004. Es decir, el regidor firmó en julio de ese año las escrituras públicas de un convenio de permuta de terrenos del ayuntamiento para acceder a Gesponiente – Filial de Hispano Almería- unos suelos municipales para levantar 16 naves, a cambio de un invernadero destinado a equipamientos deportivos. Y sólo dos meses después, el 10 de septiembre de 2014, Cara compro 144 acciones de Gesponiente por 72.000 euros al ver el negocio redondo que se avecinaba. El diputado acertó de pleno y Gesponiente arrojó jugosos dividendos los años venideros – en pleno boom del ladrillo- al vender al menos 12 de las 16 naves por 250.000 euros cada una. La compraventa de acciones nunca trascendió y para evitar sospechas se cerró en una notaría de Almería”.

Si bien, una vez denunciados estos hechos ante la Fiscalía del TSJA, la Unidad de Policía Judicial consideraba que no podían demostrar que la compraventa realizada, entre los Sres. Morales Carrillo y Cara González, tuviese relación, o vinculación, con la mercantil Gesponiente. La Asociación Amayt, en su ampliación de denuncia de fecha 5 de febrero de 2014, incorporó a la Fiscalía provincial de Almería copia notarial de la mencionada compraventa.

Hemos de aclarar que en la mencionada escritura de compraventa no solamente figura como cargo público, en su fecha de adquisición, el nombre del Sr. Cara González. También aparece, con la adquisición de un mismo número de acciones que las del alcalde de La Mojonera, otro concejal, en éste caso del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, D. Manuel Nicolás Manzano. El Sr. Manzano era concejal del Ayuntamiento, que preside D. Gabriel Amat, desde el año 1999 con responsabilidades en el área de Agricultura y Pesca. Las acciones compradas por el concejal Roquetero se adquirieron por venta de D. Miguel Ángel Morales Duarte, padre del propietario de Hispano Almería.

Indistintamente a la instrucción seguida en el juzgado número TRES de Almería, por la supuesta Financiación Ilegal del Partido Popular en la provincia de Almería, miembros –concejales-, del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Mojonera, interpusieron querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por los presuntos delitos de PREVARICACIÓN del art. 404, NEGOCIACIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS del art. 439 y 44, MALVERSACIÓN de los art. 432 y 434 y FALSEDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO del art. 390, todos ellos del Código Penal y contra, entre otros, el Sr. Alcalde del ayuntamiento de La Mojonera y Diputado en el Parlamento Andaluz, D. José Cara González.

Ni que decir tiene que los hechos denunciados por los concejales del PSOE se encontraban directamente relacionados con los ya denunciados en la ampliación de Amayt.

Con motivo de ésta querella se instruyen Diligencias Previas en el Juzgado nº 5 de El Ejido, ha de entenderse por remisión del TSJA. En éstas diligencias, incoadas bajo el nº 363/15, el primer juez instructor desestima escrito de la acusación mediante el que solicitaba la remisión de las actuaciones en favor del juzgado de instrucción número TRES de Almería (el que tramita la causa principal y que surgió a raíz de la denuncia de Amayt y la Fiscalía del TSJA).

Al tener conocimiento de estas nuevas diligencias, Amayt, presenta escrito ampliatorio, en fecha 04 de agosto de 2015,  aportando nuevas pruebas que no se encuentran incluidas en el juzgado que tramita la causa principal, y en las que la Juez Vico no autorizo la personación de la Asociación. Las pruebas aportadas, fundamentalmente, son 6 fotografías. Las imágenes corresponden a un viaje realizado a Inglaterra con motivo de la celebración del  Gran Premio de Gran Bretaña de FORMULA 1 que se disputó entre los días, 6 y 8 de julio de 2007, en el Circuito de Silverstone. Entre otros de los componentes, al mencionado viaje, se encuentran los Sres. Cara González y Morales Carrillo, lo que viene a evidenciar, entre otras cuestiones, un alto grado de amistad manifiesta entre ambos socios.

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En el mismo escrito de ampliación, ante el juzgado número 5 de El Ejido, Amayt solicita tres cuestiones fundamentales:

  • Que se admita su escrito de ampliación de diligencias así como las nuevas pruebas aportadas.
  • Que se remitan las diligencias al Juzgado número TRES, el de la juez Vico, por entender que existe causa conexa con la ya instruida por ese juzgado.
  • Que se dé por personado en las actuaciones, de ese juzgado nº 5, a la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Por la Transparencia.

Tal es así que el día 3 de noviembre de 2015, la juez instructora del juzgado nº 5 de El Ejido, Dª. Sandra Carrión Montilla, acepta el Recurso de Reforma presentado por la Fiscal,  D. ª Ruth Muñoz Sánchez, y da por personados a la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia. En su recurso, la Fiscal, solicita la inhibición de las diligencias previas nº 363/15 en favor de las otras seguidas en el juzgado número tres de Almería, bajo el número 836/14. Transcurridos diez días de la aceptación del Recurso de la Fiscal, concretamente el 13 de noviembre de 2015, la Juez Instructora dicta Auto mediante el que acuerda:

…la inhibición para conocer de la causa a favor del juzgado nº 3 de Almería, para su unión a las Diligencias Previas nº 836/14, al que se remitirá el procedimiento…”

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La situación actual de estas diligencias, para variar y no perder las buenas costumbres en lo que se refiere a las demoras judiciales es que, después de haber sido enviadas al Juzgado nº TRES de Almería, desde el 5 de El Ejido, éstas, han vuelto a ser remitidas, nuevamente, al mismo juzgado del que procedían a la vista de que los tomos que la configuran no se encuentra debidamente foliados.

Indistintamente a estos avatares judiciales, a los que lamentablemente Amayt ya está acostumbrado, aunque evidentemente no se conforma ni admite, lo cierto es que, ahora, la Sra. Magistrada, Dª. Ana Belén Vico, tendrá que admitir la personación de la Asociación y facilitarle el acceso a las Diligencias Previas 836/14, que ella misma ha instruido y en las que negó su personación.

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EL SUPUESTO ROBO DE LA DOCUMENTACIÓN. GABRIEL AMAT, SIGUIENDO LA ESTELA JUDICIAL DEL “FABRA ANDALUZ”. 3ª Parte.

El 03 de Julio de 2012, D. Miguel Ángel Morales Carrillo (dueño de la sociedad HISPANO ALMERÍA), se persona en las dependencias de la Comisaría Provincial de Almería denunciando unos hechos que, supuestamente, tuvieron lugar en las oficinas de la mercantil en fecha 25 de junio de 2012. Denuncia que versa sobre la falta de bastante documentación que hace referencia a facturas, albaranes, ordenes de transferencia y otros. Manifiesta que percibe la ausencia de estos documentos debido a que se encuentran realizando una auditoria de su empresa y que descarta cualquier posibilidad de robo a la vista de que no existe muestra alguna de fuerza en la cerradura ni en ningún otro elemento de la oficina. Culpa de dicha sustracción a D. Francisco Manuel Osuna y a D. Antonio Morales, que los define como archivador y contable, respectivamente, de la empresa. Indistintamente a ello, el Sr. Morales, reconoce que a los documentos tienen acceso todos los empleados de la empresa y que estos dos, ex empleados,  fueron despedidos hace tres y un meses con anterioridad de haberse percatado de la falta de la documentación. En ésta denuncia no se puede precisar la supuesta documentación sustraída comprometiéndose, el Sr. Morales, a incorporar esos datos en unos 15 días y mediante una nueva comparecencia.

La denuncia es remitida al Juzgado de instrucción número DOS de Almería que mediante auto de fecha 18 de julio de 2012, procede a la incoación de las Diligencias Previas nº 3915/12. Resolución judicial mediante la que acuerda la inhibición en favor del Juzgado de Instrucción número SEIS de Almería, conforme a las normas de reparto y por entender, éste, que no es su juzgado el que ha de conocer de la causa.

En fecha 10 de septiembre de 2012, el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería apertura Diligencias previas bajo el número 5717/12 por delito de Hurto y en fecha 24 de septiembre de 2012, mediante auto del Magistrado, D. Luis Durban, se acuerda el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL  AL NO ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADA LA PERPETRACIÓN DE UN DELITO.

A todo esto, el 19 de julio de 2012, el Sr. Morales  comparece ante las dependencias de la Comisaría de Policía de Almería para ampliar su denuncia, como ya quedó reflejado con anterioridad. En esta ocasión, el empresario, aporta como justificantes de los documentos sustraídos un LISTADO DE FACTURAS DE PROVEEDORES correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Por tal motivo, y mediante auto de fecha 21 de enero de 2013,  el Juzgado de Instrucción CUATRO de Almería,  vuelve a incoar otras Diligencias Previas, en éste caso  bajo el nº 1195/2013, y de la misma forma que lo hiciera, en su día, el juzgado de instrucción número DOS, el juez del número CUATRO, decide inhibirse en favor, nuevamente,  del Juzgado de Instrucción número SEIS, a la vista de ser, estas diligencias, unas ampliatorias de las ya instruidas por el Magistrado Durban (actuaciones que ya se encontraban archivadas). Así, el 19 de febrero de 2013, el Magistrado Durban decide incorporar las diligencias procedentes del juzgado número 4, como ya lo hiciera de igual forma con las que precedían del número 2, a las incoadas y archivadas provisionalmente en su juzgado bajo el número 5717/12, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal tales extremos.

Después de todo éste maremágnum de juzgados, diligencias y denuncias, el Sr. Morales (Hispano Almería), decide presentar escrito de personación en las diligencias archivadas por el Magistrado Durban. El escrito, solicitando su personación en la causa archivada, lo realiza en fecha 10 de octubre de 2013(7 meses con posterioridad al último archivo decretado por el magistrado y del que tenía conocimiento el Ministerio Fiscal que no se opuso a la decisión judicial).

Curiosamente, el 10 de octubre de 2013, la Magistrado-Juez, en sustitución del Magistrado Durban, Dª ANA BELÉN VICO, acepta la personación presentada. (Ojo al dato: la Sra. Vico, actualmente, es la Magistrada del Juzgado de Instrucción número TRES de Almería que tramita , entre otras, las Diligencias Penales 836/2014 sobre el caso FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR, diligencias que se incoaron mediante denuncia de Amayt y Fiscalía del TSJA y en las que la Sra. Magistrada no permite la personación de la Asociación), y el 25 de octubre de 2013 la representación procesal de Hispano Almería presenta nuevo escrito ante el Juzgado nº 6, en el que se encuentra ejerciendo de sustitución la Magistrado Dª Ana Belén Vico. En el mencionado documento se aporta la relación ya incorporada ante la Comisaría de Policía y se denuncia las publicaciones que viene realizando el periódico EL PAÍS, solicitando, al mismo tiempo, que se entregue la documentación “sustraída”, se ha de entender que se encuentra en poder del periodista.

Ante el anterior escrito, y ya incorporado el Magistrado Durban, decide aperturar las diligencias que él mismo decidió archivar. Lo hace mediante auto de fecha 04 de noviembre de 2013 acordando las declaraciones de los dos ex trabajadores de la mercantil HISPANO ALMERÍA, en calidad de IMPUTADOS, y requiriendo, igualmente, al periodista del País, D. Javier Martín Arroyo, para que entregue la documentación que obra en su poder.

Ese mismo día es cuando se acuerda y ejecuta, con carácter de URGENCIA, requerir a los DOS IMPUTADOS, mediante llamada telefónica, para su comparecencia ante el juzgado e inmediata entrega de la documentación. La misma que en esos precisos instantes se estaba entregando ante la Fiscalía del TSJA.

El 05 de noviembre de 2013, un día después del requerimiento telefónico y de la presentación de la documentación ante la Unidad de la Policía Judicial Adscrita a la Fiscalía del TSJA, comparecen ante el juzgado los dos imputados. Se desprende de sus declaraciones, como de la documentación aportada ante la Fiscalía, que los documentos “supuestamente sustraídos”, a los que hace referencia la empresa HISPANO ALMERÍA, nada tienen que ver con los que ya obran en poder del Fiscal Jefe de Andalucía.

  • Resulta digno de señalar una cuestión que vienen a poner de manifiesto, de forma meridianamente clara, la preocupación existente en el Partido Popular de Almería ante la denuncia presentada por Amayt y que tramita el Juzgado de Instrucción número TRES de Almería, cuya titular es la Magistrado Dª Ana Belén Vico, conocida como “LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR”, y es que, el 06 de noviembre de 2013 (un día después de la declaración de los imputados y dos días con posterioridad a la citación de estos, mediante llamada telefónica del juzgado) el Partido Popular de Almería presenta escrito ante el Juzgado de Instrucción 6 solicitando su personación en calidad de ACUSACIÓN PARTICULAR. El mencionado escrito recoge lo siguiente:
  • “…Que por medio del presente escrito me persono como ACUSACIÓN PARTICULAR, en el ejercicio de las acciones penales y civiles que le asisten frente a las personas o entidades que resulten responsables, en las Diligencias Previas nº 5717/12 que se tramitan en ese Juzgado a instancias de HISPANO ALMERÍA S.A. frente a D. Antonio Morales Pérez y D. Francisco Manuel Osuna Cabrera, por la sustracción de una documentación que, según la entidad denunciante, tras ser manipulada, ha sido filtrada a periodistas del diario El País, que en su edición de Andalucía y desde el pasado día 28 de octubre de 2.013 la está utilizando en clara campaña de desprestigio del PARTIDO POPULAR con titulares como “ la caja b de una empresa apunta a la financiación ilegal del PP en Almería”, lo que no solo no es cierto, sino que constituye una clarísima calumnia e injuria frente a mi representada…”

Si es notorio que las Diligencias Previas 5717/12, instruidas por el Magistrado Durban, nada tienen que ver con las diligencias incoadas en el Juzgado nº 3 por la Magistrado Belén Vico no menos lo es, o cuando menos curioso, que en su escrito de solicitud de personación, como Acusación Particular, el PP no hiciese constar el nº de éstas actuaciones lo que nos indica, sin error a confusión, que fue en el entorno de la propia empresa, HISPANO ALMERÍA, desde donde se alertó al Partido Popular de la citación y declaración de los imputados intentando, con ello, ejercer “presión” para que, de forma inmediata, el Partido Popular de Amat se personara en las Diligencias Penales.

Pero es necesario reflexionar sobre estos extremos y es que a la vista  de prosperar la causa por el “supuesto” Hurto de la documentación, que bajo todo concepto ha intentado interrelacionar la mercantil HISPANO ALMERÍA con la documentación aportada por Amayt ante la Fiscalía del TSJA, con posterioridad, tanto el denunciante Sr. Morales como la Acusación Particular (PP), habrían propiciado el archivo definitivo de las Diligencias Previas 836/2014, instruidas en el Juzgado nº 3 de Almería,  solicitando la nulidad de las actuaciones a la vista de la “supuesta” procedencia ilegal de las  pruebas aportadas por la Asociación Amayt.

Y nuevamente, el 12 de noviembre de 2013, la representación procesal de Hispano Almería interesa del Juzgado que se requiera a la Policía Judicial, Adscrita a la Fiscalía del TSJA, para que entregue la documentación que obra en su poder. Mediante resolución de 26 de noviembre del mismo año -el Juez instructor-, deniega tal petición entendiendo, entre otras cuestiones, que los documentos se encuentran incorporados en otras diligencias, de otro juzgado y por hechos que nada tienen que ver con los aquí denunciados, por lo que deniega tal petición  dejando la puerta abierta para que sea la propia empresa la que se encargue de solicitar a la Fiscalía del TSJA la aludida documentación. Petición que cursa la empresa y que es denegada por la Fiscalía del TSJA.

Continuando con el periplo judicial, y mediante Auto de fecha 17 de diciembre de 2013, el Magistrado Durban rechaza la personación del Partido Popular en calidad de ACUSACIÓN POPULAR, como ya se indicaba con anterioridad, alegando:

“… el bien jurídico protegido en los delitos en cuestión es, respectivamente, el patrimonio del titular de los documentos supuestamente sustraídos y la privacidad de dichos documentos. Por ello es obvio que desde el punto de vista estrictamente penal no puede reputarse perjudicado al Partido Popular de Almería, en la medida que no se trata de documentos que le pertenezcan, por más que de forma refleja le afecten los hechos como consecuencia de las publicaciones en medios de comunicación a que se hace referencia en el escrito…”

A la vista de las declaraciones de los dos imputados y de las distintas pruebas aportadas, por una y otra parte el Juez, Don Pedro D. García Fernández, ahora cubriendo la plaza que dejo bacante tras su marcha a la Audiencia Provincial el Magistrado Durban,  decide proceder nuevamente, y por segunda vez en ésta causa, al archivo de las diligencias mediante Auto de fecha 03 de marzo de 2015 argumentando, entre otros, en sus Fundamentos de Derecho:

“…se considera que no existen indicios de la comisión de un delito de Hurto, por la carencia de valor económico de los documentos supuestamente sustraídos y por ausencia de ánimo de lucro, y que no han resultado elementos suficientes que hagan concluir la autoría por los imputados de un delito de descubrimiento y revelación de secretos…”

Aún mismo tiempo, S.Sª, dispone:

“Que no ha lugar a requerir a la Unidad de Policía Adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía la remisión de los documentación solicitada por la representación de Hispano Almería”

La representación procesal de la sociedad Hispano Almería sigue recurriendo, una y otra vez, todas aquellas resoluciones que no le son favorables. Así, el 28 de octubre de 2015, S.Sª emite resolución mediante la que hace constar, en su único Fundamento Jurídico,  lo siguiente:

“…Ha de comenzarse diciendo que más que de pruebas habrá que hacer referencia a indicios, más propio de la fase procesal. Dicho lo anterior resulta significativo que ninguno de los enumerados por el recurrente haga referencia al imputado Antonio Morales Pérez. Quizá porque no exista más elemento que una sospecha derivada de su despido en los meses anteriores a la denuncia y que tenía acceso a los archivos. Aunque tal acceso, como resulta de las declaraciones de las partes y testigos, era compartido con otros trabajadores de la empresa.

En cuanto a Francisco Manuel Osuna Cabrera parece no haber duda de que tuviera documentación relativa a Hispano Almería SA y haberla entregado a la Fiscalía Superior de Andalucía, aunque, según él, la recogió de un contenedor con posterioridad a ser despedido. Sin embargo se considera que no existen elementos para afirmar que dicha documentación fuera la que constituye el objeto de éste procedimiento….”

…Pero además ha de tenerse en cuanta el considerable tiempo transcurrido desde que los imputados fueron despedidos (en los meses anteriores a julio de 2012-fecha de la denuncia-) hasta que se producen las referidas comunicaciones (03-10-13)…”

“…Así mismo no puede dejar de atenderse a las fechas. Los imputados fueron despedidos en los meses anteriores a la denuncia. Y según el denunciante la sustracción tuvo lugar con posterioridad a dichos despidos (folios 152 y 4). Además, como resulta de varias declaraciones, al principio se dieron cuenta de que faltaba una factura (folio 166), no se hizo constar en la Auditoria de 2012 que faltaba documentación (folio 153) y no se concretó la documentación cuya sustracción se denuncia hasta escrito de 28/10/13.

Tales circunstancias, la accesibilidad a la documentación y la temporal, ponen en duda que los imputados sustrajeran la referida documentación.

Además tampoco puede obviarse que se denuncia la sustracción de documentación relativa a la contabilidad oficial de Hispano Almería SA, mientras que la entregada por Francisco Manuel Osuna Cabrera a la Unidad de Policía Adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía, según la defensa, haría referencia a “contabilidad B” de dicha entidad (en la que “no se aprecia la intervención de terceras personas ajenas a la sociedad”-folio 146- . El hecho de que esta documentación haya dado lugar a la incoación de las Diligencias Previas avala, en principio, la versión ofrecida por el imputado…”

El montaje judicial, auspiciado por D. Miguel Ángel Morales, no tiene como objeto recuperar lo supuestamente sustraído, sino todo lo contrario. Al Sr. Morales, como a Hispano Almería, lo que le interesa es generar confusión mediante la argucia del supuesto hurto para así, de forma premeditada, intentar invalidar las pruebas aportadas, y algunas de ellas publicadas por el periódico el País, ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Notorio es que de todo lo publicado y aportado en sede judicial tendrá sus propias consecuencias y no me refiero, con ello, única y exclusivamente al escándalo social sino, muy fundamentalmente, a las derivaciones jurídicas que afectan al otro procedimiento penal conocido como “LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR DE ALMERÍA”, seguido ante el Juzgado de Instrucción número TRES de Almería y cuya titular es la Magistrado Dª Ana Belen Vico( la misma que actuando en sustitución del Magistrado Durban admitió la personación del Sr. Morales a pesar de encontrarse las Diligencias Previas archivadas). Hechos relevantes que dejan al descubierto todo un entramado de corrupción, de dilatada duración en el tiempo, del que habrían formado parte, primordial y supuestamente, los Sres. Morales, padre e hijo, y altos cargos del Partido Popular de Almería

 

Otra de las claves fundamentales, en todo este proceso, y que viene a poner de manifestó la intencionalidad perseguida por el Sr. Morales-Hispano Almería, así como la preocupación demostrada por el Partido Popular, al respecto de la instrucción realizada por la supuesta “Financiación Ilegal del PP” en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería, es la configuración torticera ejercida por la mercantil para poder obtener, con el beneplácito de los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE), en la provincia de Almería, suculentos contratos y adjudicaciones de obra de forma “fraudulenta”. Y es que, “casualmente”, el auditor de la mercantil Hispano Almería, al igual que sucediera en el conocido como “Caso Auditorio de Roquetas de Mar”, es D. Pedro Sánchez Teruel, hermanísimo del actual Secretario General del Partido Socialista en la provincia de Almería, D. Jose Luis Sánchez Teruel.

Así, y de esta forma, nos encontramos con una empresa que paga, supuestamente, altas comisiones en dinero “b” a Técnicos de distintas administraciones, fundamentalmente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y a Diputados Provinciales, Alcaldes y otros altos cargos del Partido Popular en la provincia de Almería y cuyo objeto finalista, de esas entregas en dinero “b”, sería, supuestamente, la Financiación de Campañas Electorales.

La situación actual de éste procedimiento, donde se ha acordado en distintas ocasiones su Sobreseimiento –Archivo- Provisional, se encuentra pendiente de resolución, del último recurso de Reforma y Subsidiario de Apelación contra el auto de archivo dictado por la instructora. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha informado, a las partes, que dicho fallo se efectuará el próximo día 09 de mayo de 2016, designando como ponente al Presidente de dicha Sección, Iltmo. Sr. D. Jesús Martínez Abad, y los Magistrados/as Dª Esther Marruecos Rumí y D. Luis Durban Sicilia, éste último, y casualmente, el mismo instructor de las Diligencias objeto del supuesto Hurto denunciado por la mercantil Hispano Almería y el mismo que archivó la causa penal, contra Gabriel Amat y otros, en el conocido como caso “AUDITORIO DE ROQUETAS DE MAR”.

GABRIEL AMAT, SIGUIENDO LA ESTELA JUDICIAL DEL “FABRA ANDALUZ”. 2ª Parte.

 

El PP, Gabriel Amat y la empresa Hispano Almería.

  • “CASO HISPANO ALMERÍA Y LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP”.
  • EL SENADOR, EXPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA, Y EL EXALCALDE DE LA MOJONERA, DIPUTADO AUTONÓMICO.
  • EL SUPUESTO ROBO DE LA DOCUMENTACIÓN.
  • “EL CASO GESPONIENTE” Y EL ALCALDE DE LA MOJONERA.
  • LAS ADJUDICACIONES A HISPANO ALMERÍA TENIENDO DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN. LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE AMAT.

Ocultándose el sol tras una débil bruma matinal, el 04 de Noviembre de 2013, representantes de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) y D. Francisco Manuel Osuna (extrabajador de la mercantil Hispano Almería), se disponen a presentar una ampliación de denuncia, sobre la ya formulada el 23 de octubre pasado,  ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sita en lo que fue, en su día, el Palacio de la Real Chancillería de Granada cuando, de repente, suena el móvil del testigo y denunciante, Sr. Osuna:

  • Osuna: Dígame.
  • Interlocutor: D. Francisco Osuna?
  • Osuna: Sí, quién llama?
  • Interlocutor: Le llamo del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, por orden del Sr. Juez le pongo en su conocimiento que debe comparecer en el día de hoy, de forma inmediata y ante éste juzgado, para declarar en calidad de imputado así como deberá entregar toda la documentación que Vd, va a depositar en la Fiscalía de Granada.

Perplejos y asombrados, nos quedamos los presentes, ante tan imperiosa  y amenazante llamada. Nos invadía, sobretodo, la incertidumbre por saber ¿Cómo era posible que supiesen, en un juzgado de Almería, de nuestras intenciones e inmediata presencia ante las puertas de la Chancillería granadina? ¿Por qué comunicaban, telefónicamente, y de forma tan urgente, una decisión judicial? ¿Por qué tanta prisa?

Entre cruce de miradas, he de reconocer que con cierto acojono, decidimos ponernos el mundo por montera y cumplir con nuestro objetivo, denunciar ante la Fiscalía del TSJA, con testigo y abundante documentación incluida( más de 8.000 documentos), la posible e ilegal financiación del Partido Popular en la provincia de Almería. Lo que después pasaría a denominarse como el conocido:

 

  • CASO HISPANO ALMERÍA Y LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP”.

Podrá considerarse la pieza principal de una serie de causas judicializadas mediante las que se evidencia, y entre otras cuestiones,  la existencia de una estrecha colaboración – político-empresarial-, entre miembros de la organización política del Partido Popular de Almería; Alcaldes, Concejales, Diputados Autonómicos, Senadores etc…,  y lo que podría denominarse como grupo de empresas pertenecientes a la mercantil Hispano Almería. Vinculaciones que, en el tiempo, han dado como fruto la adjudicación de más de 550 obras, la gran mayoría en municipios e instituciones gobernados por el Partido Popular, mediante el supuesto pago de prebendas económicas procedentes de una caja “b”. Contraprestaciones económicas que vendrían a incorporarse -en parte-, y como fuente de financiación de distintas campañas electorales, a la tesorería de la organización política cuyo máximo exponente en la provincia almeriense es el conocido como, y entre otros sobrenombres, “EL FABRA ANDALUZ”, D. Gabriel Amat Ayllon, actualmente imputado e investigado por la justicia y la Unidad de Delitos contra el Crimen Organizado (UDyCO).

Las distintas causas, que iremos desgranando en éste artículo y subsiguientes, hace prever, y más pronto que tarde, que si no todas, si una gran mayoría de ellas, se configuren en una MACRO CAUSA debido a las connotaciones y conexiones existentes. Siendo, el Partido Popular de Almería, la piedra angular de todo un entramado político-empresarial configurado fundamentalmente para la financiación del PP  y altos cargos del mismo a cambio de suculentos contratos de obra, civil y pública e incumpliendo, reiteradamente, lo preceptuado en la Ley de Contratos del Estado.

Algunos de los datos que, en un principio, podríamos evaluar en ésta causa “principal” son, verdaderamente, escandalosos y llamativos:

  • Más de 550 son las obras, según sus propios datos, adjudicadas a la sociedad “hispano”, fundamental y mayoritariamente por instituciones locales y provinciales gobernadas por el Partido Popular del “Fabra Andaluz”.
  • Más de 71 recibos, de entregas de dinero en “b”, son los que figuran aportados, por ahora, por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayt), en el expediente judicial, Diligencias Previas 836/14, instruido en el Juzgado nº 3 de Almería.
  • Un número indeterminado, por ahora, de emisión de facturas “falsas” emitidas con la intención, supuestamente, de “estafar” a la hacienda pública.
  • Un número indeterminado, por ahora, de regalos en especies cuyos beneficiarios, fundamentalmente, han sido alcaldes, concejales y técnicos de la administración pública. Desde entradas para palcos en las plazas de toros de Almería y Roquetas de Mar hasta algún que otro viaje al extranjero o, los denominados como “regalos navideños” cuyos importes dejarían a más de uno perplejo.
  • Recibos de cantidades entregadas, en dinero “b”, que en algunos de las obras superarían más de 000 euros, como es el caso conocido del Auditorio de Roquetas de Mar donde, y a pesar de aportarse a las Diligencias éstos recibos así como la existencia de una sentencia del TSJA declarando ilegal todo el procedimiento administrativo, el Fiscal y Juez de lo penal, como la Audiencia Provincial de Almería, archivan la causa.
  • Recibos de entregas en “b” al Partido Popular del municipio de Níjar por importe de 000 euros cuyo concepto, claramente, expone: “P.P. Níjar Elecciones 2008”.
  • Entregas en “b”, realizadas al que fuera, por aquél entonces Diputado Provincial del PP, Gonzalo Bermejo, cuyo concepto del recibo no deja lugar a dudas: “Dado a Gonzalo B. el 11-04-02, 12.020,24 €” y otro recibo de fecha 16 de mayo de 2003 donde se deja de manifiesto el siguiente concepto: “CAMPAÑA MUNICIPAL- G. BERMEJO, ARANCE, 18.000€”.
  • Así, en el mismo mes de mayo pero en ésta ocasión del año 2007, concretamente el día 03, figura otra entrega por importe de 000 euros cuyo concepto es el de “ELECCIONES 2007”.
  • Y el no menos llamativo recibo emitido en fecha 27 de noviembre del año 2000, por importe de 000 ptas. y cuyo concepto era el de “Gastos de Invitación de Policía Local entrega a José María González (Concejal)”. El Sr. González ha sido durante los 20 años del alcalde Amat el Exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, imputado, como su amigo Amat y otros miembros de distintas corporaciones, en la conocida como causa “LA FABRIQUILLA”.

Y a la vista de toda esta información y hechos denunciados ante la Fiscalía del TSJA, e incorporados en las  Diligencias Previas 836/14, el Iltmo. Fiscal, en su día, emite Decreto mediante el que dejaba claro cuáles deberían ser las líneas de investigación a seguir, todo ello fundamentado en unas primeras conclusiones extraídas del propio informe de la Unidad de Policía Judicial Adscrita a esa Fiscalía:

  • “…Es igualmente evidente que la documentación que ha sido aportada en la denuncia requiere de una futura valoración procesal y, en su caso, la previa comprobación policial que resulte pertinente y que permita establecer la posible existencia de algunos hechos que podrían alcanzar relevancia penal, al margen de otras posibles responsabilidades que puedan establecerse, como formas continuadas de prevaricación y cohecho…”
  •  “…Es evidente que la documentación aportada se configura como una fórmula de control interno, con dilatada persistencia temporal y en la que no se aprecia la intervención de terceras personas ajenas a la sociedad. Lo denunciado por Amayt deberá ser investigado con todas las garantías y siempre con respeto a los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa…”

Cabe destacar en éstas actuaciones, como en otras causas judicializadas en los tribunales de Almería y provincia, el posicionamiento generalizado de algunos de sus Magistrados, en clara referencia y en perjuicio al Derecho de la Tutela Judicial Efectiva que le ampara a la Asociación Amayt como Acusación Popular. Y es que la Juez instructora, Dª Ana Belén Vico,  ha negado la personación solicitada y presentada por la asociación, en fecha 06 de febrero de 2015(10 meses los transcurridos), después de haber sido los denunciantes de los hechos puestos en conocimiento de la justicia y que actualmente se están investigando. No es que, en ésta ocasión, exija fianza sino que, no ha dado ni la más mínima opción a ello. Evidentemente que Amayt, en fecha 04 de junio de 2015, presentó Recurso de Reforma ante la resolución de la juez pero, nuevamente, las demoras judiciales siguen entorpeciendo la labor de “fiscalización” de ésta asociación puesto que, a día de la fecha, la Magistrado, no se ha dignado a contestar el Recurso de Reforma planteado, habiendo transcurrido, desde entonces, la friolera de casi 7 meses.

  • EL SENADOR, EX PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA, Y EL EXALCALDE DE LA MOJONERA, DIPUTADO AUTONÓMICO.

De los hechos denunciados y según las primeras investigaciones, así como de lo expuesto en el Decreto de la Fiscalía del TSJA y el informe de la unidad de Policía Judicial Adscrita, se desprende, inicialmente y entre otros, la posible participación de un Senador y de un Diputado Autonómico. Cierto es que no serán los únicos miembros del Partido Popular en Almería que saldrán a la palestra en ésta causa, como la supuesta autoría y participación, entre otros, de técnicos municipales de distintos ayuntamientos gobernados por el PP y donde se pretende demostrar, no solamente, las vinculaciones societarias de algunos de ellos con la empresa o empresas del entorno de la mercantil HISPANO sino que, también, cómo miembros del Partido Popular (algún que otro exalto cargo provincial) han percibido importantísimas cantidades de dinero de una caja “b” procedente de la misma sociedad y cuyo objeto, inicialmente, era la financiación de distintas campañas electorales. Así ha quedado recogido y documentado en las distintas ampliaciones de denuncia presentadas por la Asociación Amayt.

Los nombres del Expresidente de la Diputación de Almería (hoy exalcalde y candidato al Senado por el PP), D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador y el de su compañero de partido, D. José Cara González, también alcalde por aquellas fechas del Ayuntamiento de la Mojonera y Parlamentario Autonómico, figuraban entre los más de 8.000 documentos aportados en la denuncia de Amayt.

El primero de ellos, en su época de Presidente de la Diputación Provincial de Almería, figura como beneficiado de una serie de obras realizadas en su vivienda habitual, encargadas o contratadas con la empresa HISPANO ALMERÍA quién, a su vez, subcontrata los mismos con la mercantil Cerrajería Juan Martínez Pérez, según factura original de fecha 29 de septiembre de 2000  y cuyo importe ascendía a la nada despreciable cantidad de 1.208.969, de las antiguas pesetas. Factura que por supuesto, así lo atestiguaron fuentes de la propia empresa, no fueron abonados por D. Luis Rogelio aunque, éste, negase la mayor y reconociese, aun mismo tiempo, que efectuó dichos pagos en metálico pero que no podía demostrarlo debido al tiempo transcurrido y no tener en su poder el original de la factura. Eso sí, recuerda, perfectamente, que abonó al propio dueño de la empresa HISPANO ALMERÍA, D. Miguel Ángel Morales, las cantidades de 200.000 pesetas en efectivo y un talón de poco más de 1 millón de pesetas, según relataba el periódico el País.

Lo curioso de la cuestión, y a preguntas del periodista D. Javier Martín Arroyo, es que -D. Luis Rogelio-, reconociese que al Sr. Morales se lo presentó D. Gabriel Amat, con quién mantenía una relación de confianza.

No es de extrañar tales aseveraciones, visto lo visto, y es que, la empresa HISPANO ALMERÍA, ha resultado ser la más beneficiada en obras y contrataciones, en los últimos 10 años, por el ayuntamiento de Roquetas de Mar, gobernado durante todo éste tiempo por el Partido Popular y cuyo alcalde es el insigne D. Gabriel Amat Ayllon, a la postre Presidente del PP provincial y conocido, entre otros apodos, como “EL FABRA ANDALUZ”, por la semejanza en cargos públicos y políticos, así, como la utilización de los mismos para beneficiar a empresas y familiares de su entorno. Mismo proceder que el de su homólogo valenciano que tras un periplo judicial de 11 años y 8 magistrados vino a ser condenado, por distintos delitos, lo que motivó su  ingreso en prisión.

Ni que decir tiene que la empresa HISPANO ALMERÍA, a partir de las obras realizadas y no cobradas, en el ático del expresidente, multiplicó sus contrataciones con el ente supramunicipal.

El propio Decreto de la Fiscalía del TSJA define la hipotética responsabilidad penal, supuestamente cometida por el Sr. Comendador, como un posible delito de COHECHO IMPROPIO del art. 422 del C. Penal pero, a su vez, reconoce que ésta responsabilidad se encontraría prescrita debido al tiempo transcurrido, por consiguiente, no merece la pena su investigación salvo  que, con posterioridad, surjan nuevas pruebas.

En lo referente a la involucración del alcalde de la Mojonera, Sr. Cara González, la información recabada por la Unidad de Policía Judicial, y según el mismo Decreto de la Fiscalía del TSJA, viene a decir:

“Don José Cara González, actual alcalde de la localidad de La Mojonera y Diputado del Parlamento de Andalucía por el Grupo Popular del que señala que es accionista de la sociedad GESPONIENTE S.A., mercantil que estaría supuestamente vinculada con HISPANO ALMERÍA S.A….”

“Al objeto de constatar el segundo extremo, ex decir, que dicha persona tuviera relación con la entidad Gesponiente, se acordó la práctica de gestiones a través de la Delegación de Granada de la Agencia Tributaria, dando como resultado que al Sr. Cara González no le figura ningún registro que le vincule con la mercantil Gesponiente S.A., salvo un registro de la Notaría de Almería y de fecha 1 de Septiembre de 2004 por el cual DON Miguel Ángel Morales Carrillo, que figura en el Registro Mercantil Central como Consejero de la sociedad Gesponiente SA., transmite a Don José Cara González una compraventa de acciones sin poder especificar de qué sociedad se trata. Al informe policial de fecha 11 de diciembre de 2013 se acompaña la documentación correspondiente”.

El informe de la Policía Judicial reconoce la existencia de un contrato de compraventa de acciones entre los Sres. Morales y Cara. Específica, el propio informe, que el Sr. Morales actúa, en esa compraventa, como Consejero de la Sociedad Gesponiente, precisamente la que se denuncia su vinculación con el Sr. alcalde de la Mojonera pero, y a pesar de ello y sin investigar tales hechos relevantes, deciden no continuar con la investigación y remitir las diligencias a la Fiscalía de Almería para que sea, ésta, la que proceda, en su caso, instar la correspondiente denuncia ante el juzgado.

Así, el Decreto de Remisión emitido por la Fiscalía del TSJA, de fecha 8 de enero de 2014, recoge que a la vista de las posibles conexiones existentes, entre los hechos denunciados por Amayt y otros que corresponden con la “supuesta” sustracción de la documentación aportada por la Asociación y que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, procede remitir, una vez investigados los hechos por la Fiscalía del TSJA, toda la documentación obrante, en poder de la misma, al juzgado de Instrucción número 6 para que éste, y a la vista de lo aportado, estime incorporar la misma a sus diligencias incoadas o, por el contrario, remitir la documentación al decanato para su reparto a otro órgano judicial competente, como así ha sido. Correspondiendo al Juzgado de Instrucción número TRES de Almería toda la documentación  que hace especial mención al denominado caso “Financiación Ilegal del Partido Popular”, que fue presentada por Amayt y por D. Francisco Manuel Osuna.

 CONTINUARÁ…………………………..

LA JUSTICIA CIERRA EL CERCO AL “FABRA ANDALUZ”. (1ª Parte). Aparecen 27 Nuevas sociedades no investigadas por La UDyCO

GABRIEL AMAT, Presidente del Comité Electoral del PP en Andalucía, Presidente del Partido Popular de Almería, Presidente de la Diputación Provincial y Alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

* Juanma Moreno: 1 hombre, 1 cargo.

Gabriel Amat sigue la estela de su compañero y Ex Presidente de la Diputación de Valencia, Carlos Fabra. El máximo responsable del Partido Popular en Almería se encuentra imputado, por ahora, y junto a diez de sus más estrechos colaboradores (políticos y técnicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar), en la pieza separada de las Diligencias Previas 34/12, que tramita el Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar, por un posible delito de  Prevaricación Urbanística del art. 320 del C. Penal, causa conocida como “CASO LA FABRIQUILLA” y en la que, la Audiencia Provincial de Almería, se encuentra pendiente de dirimir sobre la propuesta de archivo provisional efectuada por la defensa y la Fiscalía de Almería( después de ser ésta quién solicitó su imputación), y que fue admitida a trámite por la actual Juez instructora, Dª. María del Mar Alejo Rico. Esta es la primera de las CINCO instrucciones judiciales que se tramitan en el “Palacio de Justicia” de la provincia de Almería (todos estos hechos denunciados fueron realizados a instancias de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, AMAyT), y por las que Amat ha sido, y está siendo, investigado por la Policía Judicial Adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDyCO).

  • Si desde que saliera a la luz el llamado “caso FABRA”, y hasta la entrada en prisión del expresidente valenciano transcurrieron 11 años, en el caso del Sr. Amat no iba a ser menos y así lo apuntan las dilaciones judiciales que, no solamente en éste proceso, se vienen dando.

Nos encontramos que en el conocido como caso “LA FABRIQUILLA”, al que con anterioridad nos referíamos, la denuncia impuesta por Dª Margarita Kaiser Terriza se formalizó ante la Fiscalía Superior del TSJA en el año 2011(camino de 5 años) periodo por el que ya han pasado, en las mencionadas diligencias y al menos que sepamos, hasta 4 Fiscales y 4 Jueces, que ello no quiera decir que las diligencias han llevado un buen ritmo en lo que a su instrucción se refiere, prueba de ello es que, entre otras cuestiones, se tardó 2 años en averiguar y citar, en calidad de IMPUTADO, al ex concejal de urbanismo y amigo personal del Alcalde de Roquetas, Gabriel Amat.

  • De igual forma sucediera con el Sr. Fabra y su causa judicial, 8 fueron los Magistrados con la consiguiente prescripción de 4 de los delitos imputados.

Pero estas Diligencias Penales no son las únicas en las que figura, como máximo exponente, el Presidente del PP de Almería. Así, en la pieza principal de las Previas 34/12 (unida bajo el mismo número con la pieza separada del caso “La Fabriquilla”), nos encontramos con otro  conocido caso, el denominado como “LA TRAMA AMAT”. Investigaciones realizadas por la UDyCO de la Costa del Sol vienen a confirmar un entramado societario, como así lo denunció AMAyT, compuesto por más de 103 empresas, las mismas que por ahora están siendo investigadas, y que podría llegar a enlazarse con otras 300 si se investigasen las relaciones mercantiles y órgano societarias existentes entre éstas.

La tela de araña diseñada se encuentra  configurada, en principio,  por el propio Amat y 52 familiares donde nos encontramos desde primos, sobrinos, cuñados, hijos, yernos, consuegros, socios y/o personas con relación de amistad manifiesta.

En ésta causa la dirección letrada de Amayt ha venido solicitando, de forma reiterada y sin recibir contestación alguna, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el nombramiento de un juez de refuerzo o la dedicación en exclusiva, a ésta causa, de la juez instructora a la vista de lo expuesto en los respectivos informes de la Policía Judicial del TSJA y  de la UDyCO, donde se pone de manifiesto la complejidad de la investigación así como el afloramiento de una cantidad ingente de documentación que se extraería de la profunda investigación que habría de realizarse, al tratarse de tantas mercantiles y órganos sociales. También hay que tener en cuenta que las primeras investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos y Contra el Crimen Organizado de la Costa del Sol, como ya lo advirtió en su día la Unidad de Policía Judicial Adscrita al TSJA, y  el Decreto del Iltmo. Fiscal Jefe del mismo Tribunal,  deja claro -a S.Sª-,  la necesidad de contar con el apoyo de Peritos Judiciales, de la Agencia Estatal  de la Administración Tributaria, Intervención General del Estado, Tesorería de la Seguridad Social, Junta de Andalucía, Diputación Provincial Almería etc.,  y para la localización de la documentación necesaria para llevar a cabo la investigación ordenada, también se necesitaría el acceso a los documentos obrante en Asesorías Jurídicas, Consultorías Económicas, empresas constructoras, inmobiliarias, proveedores, etc.

De igual forma, también se indica en éste informe, que un elemento más a considerar para la investigación hubiese sido que las diligencias se declarasen bajo SECRETO SUMARIAL, cuestión que no sucede,  y al no ser así sugieren la posibilidad de limitar la información de determinadas partes de la investigación.

  • De esta forma no existirá trascendencia alguna a los medios de comunicación, RRSS, etc., cuestión “peliaguda” a la vista de las demoras que se vienen suscitando y las irregularidades procesales que, hoy por hoy, se han detectado y que de encontrarse secretas, las diligencias de investigación, Amayt, no habría descubierto. Y no es que no se esté de acuerdo con ello sino que, poca confianza existe en una instrucción que lleva más de TRES AÑOS inconclusa, como los informes de la UDyCO y en la que se viene denunciando la INACCIÓN PROCESAL, tanto por parte de la instructora como por el Ministerio Fiscal que, a día de la fecha no han propuesto ni una sola práctica de prueba de oficio.

Pues bien, no más lejos de la realidad lo cierto es que, desde Amayt, se entiende que la Juez instructora no está cumpliendo con los requisitos y profundidad de la investigación. Requisitos que quedaron plasmados en auto de fecha 13 de julio de 2013 (hace 29 meses, 2 años y medio), por la predecesora a la actual instructora que, por cierto, fue traslada a otra plaza judicial al año de estar al frente de la causa. Tal es así que la propia UDyCO de la Costa del Sol, en su informe de investigación de fecha febrero de 2015 (el único que existe en ésta causa, desde que se requiriese por la anterior juez instructora en Julio de 2013, y que se tardó en confeccionar y entregar la friolera de 17 meses) , pone  de manifiesto  la imposibilidad de realizar lo ordenado judicialmente al no contar con la colaboración de los organismos antes referenciados y con las resoluciones judiciales oportunas para llevar a cabo la localización de la documentación necesaria para la elaboración del mismo.

Pero no bastando con ello, el mismo informe se ha limitado a recoger una información exigua de determinados datos patrimoniales de 103 sociedades y de 53 personas físicas, cuando de la denuncia y sus distintas ampliaciones aparecen más personas físicas y sociedades presuntamente implicadas en los hechos delictivos que se investigan. Prueba de ello es el auto dictado por la actual instructora, la Juez Dª María del Mar Alejo Rico, con fecha 23 de noviembre de 2015, y en el que la instructora, con motivo de escrito de pruebas presentado por la dirección letrada de Amayt, en fecha 08 de julio de 2015 (ha tardado su señoría en contestar más de 4 meses), manifiesta en su razonamiento jurídico:

“Examinado atentamente el contenido del informe de la UDyCO- Costa del Sol, de fecha 2 de febrero de 2015, se observa que, en efecto, no consta en el mismo ninguna de las informaciones requeridas al respecto de la mercantiles a las que alude la asociación Amayt en su escrito, si bien ello no justifica que proceda hacerse extensible a las mismas las diligencias acordadas en virtud del auto de fecha 03 de julio de 2015, toda vez resulta preciso, con carácter previo, estar al contenido de las diligencias ya acordadas y que no fueron íntegramente cumplimentadas, remitiendo por tanto oficio a la UDyCO  a los efectos de completar el contenido del informe de 2 de febrero respecto de las sociedades omitidas en el mismo, y solamente si así lo solicitara la citada unidad, poniendo de manifiesto la imposibilidad de poder llevar a cabo el requerimiento sin el auxilio de determinados organismos, hacer extensivo a las mismas la práctica de las diligencias de investigación  acordadas en auto de 3 de julio de 2015”.

Como ustedes podrán comprobar la similitud entre los Sres. Fabra y  Amat es directamente proporcional a sus situaciones político-empresariales, además de la judicial, y éstas circunstancias, por mucho que no queramos admitirlo, nos deja de manifiesto, nuevamente,  un sistema judicial caduco, corrupto y manipulado a los intereses partidistas desde los que se omite algo tan fundamental como que “la mujer del Cesar no solamente tiene que serlo sino, también, aparentarlo”.

LAS NUEVAS 27 EMPRESAS A INVESTIGAR POR LA UDyCO

  1. RINCÓN DE LA ADUANA, SL
  2. ROMASONI S.A
  3. RESIDENCIAL VILLADOLORES DE AGUADULCE S.A
  4. ARCOS DE LA ROMANILLA S.A
  5. ARCOS DEL PUERTO S.A
  6. CONSTRUCCIONES EL PUERTO Y LA BAHÍA S.A
  7. HORTOLINK, SL
  8. PROINMAR-SUR 2004 SL
  9. HORTALIZAS AGROFARO SL
  10. CROMAR 2005, SL
  11. PRODUCCIONES TELEVISIVAS ONDAMAR ALMERÍA SL
  12. ZAPATA AMAT SL
  13. POMARES SL
  14. MARPOMARES SL
  15. DINO INMOBILIARIA S.A
  16. POMARES FRÍAS, SL
  17. SALINAS DE ROQUETAS SL
  18. GLINWEL SL
  19. NATURE CHOICE SL
  20. GENERAL CONSULTING SOLUCIONES SL
  21. AGRUPACIONES DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS INTERNACIONALES SL
  22. URBENATURA SL.
  23. AGROSOL-EXPORT SL
  24. ALJABA DE INVERSIONES SICAV, SA
  25. PROMOCIONES JOMIZA SL
  26. YARA ALBORAN SA
  27. INMACULADA ALGAIDA SA

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LA BOLITA DE CRISTAL DE GABRIEL AMAT, 2ª PARTE.¡¡¡ EL PELOTAZO CONTINUA!!! SURPONIENTE, Otra Sociedad de AMAT, Compró 6.500 m2. Por UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL EUROS.

La finca, adquirida por  la mercantil SURPONIENTE corresponde, realmente, a parte de los viales de la barriada de Torrecardenas.

Ya son, por ahora y que sepamos, 2 las  fincas compradas por el Presidente del Partido Popular, Alcalde de Roquetas de Mar y Presidente de la Diputación Provincial de Almería, en la Barriada de Torrecárdenas. Fincas que fueron recalificadas en la revisión del PGOU del año 2012 , de baldío a Terciario Comercial Urbano.

De la documentación contrastada, Registro de la Propiedad de Almería y Catastro, se demuestra, nuevamente,  que el Sr. Amat compró el 15 de noviembre de 2005(4 días después de su anterior adquisición y en el mismo paraje de Torrecardenas), y a través de la mercantil SURPONIENTE, de la que Amat es propietario al 100% y Presidente hasta primeros de 2015, el 50% de  12.898 m2  por un importe de 1.300.000 euros. Surponiente se dedica, única y exclusivamente, a la venta de vehículos de la marca Volkswagen y Audi, en palabras del propio Amat y conforme a las certificaciones de Intereses e Incompatibilidades presentadas ante el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Diputación Provincial de Almería. 

LA HISTORIA DE LA FINCA “FANTASMA

El padre de Dª. Eloisa Cabrera( mano derecha de D. Gabriel Amat, Teniente de alcaldía del Ayto de Roquetas de Mar y candidata, por imposición, número TRES al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Almería), D. LUIS CABRERA MAS, logró obtener una sentencia favorable que le legitimaba para trabar embargo sobre bienes de la propiedad de DON ANTONIO MÉNDEZ SALVADOR. Dicho embargo se trabó sobre un RESTO de la finca nº 2289 del Registro de la Propiedad nº 2 de Almería, propiedad del sr. Méndez Salvador, en Septiembre de 1993 y que, luego, fue trasladada a otra finca, la nº 16.800, que es donde SOFTTOLL adquirió las 2/3 partes de 6 hectáreas, 60.000 m2. Recordar que en la mercantil SOFTTOLL el Presidente de la Diputación de Almería, Alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Presidente del PP  y Presidente Regional del Comité Electoral del Partido Popular figura, conjuntamente con su Sra, como Administrador Solidario.

Hay que aclarar que dicho RESTO de la finca lo era tras numerosas pequeñas segregaciones (Una finca registral puede aumentar o disminuir su cabida si se le añade o se le resta superficie) que formaron el actual Barrio de Torrecárdenas, en calle Teruel  y  adyacentes, el que obviamente tiene, físicamente,  sus calles. No consta en la finca la superficie destinada a los viales que atraviesan dicho barrio, por lo que los 12.898 m2 si bien constan como metros registrales, no así FÍSICAMENTE, pues en dicho barrio no existe solar alguno libre, correspondiendo la mencionada  superficie a LOS VIALES (calles de la barriada de Torrecárdenas). Es por tanto una irregularidad  trasladar este resto como si de un solar libre se tratara CUANDO EN LA REALIDAD NO EXISTE, dejando la finca 2289, de la que dimana, con todas las viviendas SIN QUE EXISTAN CALLES.

D. LUIS CABRERA MAS sacó a subasta judicial dicha finca, INEXISTENTE, que fue adjudicada por cesión del remate (Cesión que hace el ejecutante en un procedimiento de apremio a una persona ajena al proceso, de los bienes que haya adquirido en subasta judicial o por adjudicación de los bienes embargados), por parte de dicho Sr, a la Sra. Dª. FRANCISCA MALDONADO MARTÍNEZ a la sazón, y al parecer, pareja sentimental del padre de la Concejal de Roquetas de Mar Dª Eloísa Cabrera.

La Sra. Maldonado Martinez Inscribió el pleno dominio de este Resto en Abril de 2001, mientras tanto,  y habida cuenta de que la finca NO EXISTIA FÍSICAMENTE, el Sr. CABRERA Y SU PAREJA, se las ingeniaron para ubicar dichos 12.898 m2 donde tuvieron por conveniente; escogiendo para ello la mejor zona de la finca nº 16.800, que linda, precisamente, con unos terrenos municipales dedicados a zona ajardinada frente a la actual rotonda de Torrecárdenas, antes de la bajada al término municipal de Huercal de Almería. Tal es así que hicieron las gestiones, “aparentemente fraudulentas”,  en el Catastro de Almería, hasta conseguir la inscripción de esos metros en otra finca diferente con unos propietarios distintos al que era su deudor. Se supone que dichas gestiones, y su posterior  inscripción catastral, se consiguieron, inexcusablemente, gracias a la intervención del funcionario/s del Catastro.

Dicha finca, donde ha aparecido catastrado este “Resto”, se encuentra en el cerro de Torrecárdenas donde la sociedad de Gabriel Amat –SOFTOLL, S.A.- adquirió un tercio proindiviso (Bienes comunes que no han sido divididos entre sus varios propietarios) de la  propiedad. Es evidente que un resto de 12.898m2,  de una finca ya agotada, no puede ubicarse, de ninguna de las maneras, en otra finca de cabida de 6 Hectárea que, además, está en proindivisión a nombre de tres propietarios distintos, ninguno de los cuales es ANTONIO MENDEZ SALVADOR, por lo que estamos ante una conducta, “delictiva”, realizada incomprensiblemente a través de los trámites que el propio Catastro ha ejecutado, y que ha constituido un auténtico expolio a sus legítimos propietarios. Ello, sin contar que en una finca en proindivisión ha llegado un tercero y se ha instalado en la esquina que ha querido con los 12.898 m2, perfectamente delimitados, cuando no se ha realizado la división material de la finca entre sus comuneros. Así lo manifestaba una de las personas perjudicadas y denunciantes de estos hechos.

LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS:

  • Se ha dejado la finca 2289 luego 16800 sin viales, disponiendo de los metros de las calles como si de una finca libre se tratara, creándose una finca “fantasma”.
  • En el Catastro se ha realizado una “alteración de dominio”, saltándose todas las normas posibles de la Ley Catastral y se ha inscrito una finca independiente, perfectamente delimitada, en la zona elegida dentro de unos terrenos en proindivisión. Además, esta finca, figuraba catastrada a nombre de tres propietarios, ninguno de los cuales era ANTONIO MENDEZ SALVADOR, que venían disfrutándola como dueños quieta y pacíficamente, y desde mucho antes de trabarse el embargo del que hablamos.
  • El Catastro ha realizado tal alteración SIN NOTIFICACIÓN ALGUNA a las personas a cuyo favor venía catastrada por lo que se han visto privados de su dominio, SIN CONOCIMIENTO NI NOTIFICACIÓN ALGUNA, habiendo conocido esta circunstancia mucho tiempo después cuando ya los hechos estaban consumados.
  • Una vez conocida tal tropelía, el Catastro ha hecho caso omiso a cuantas reclamaciones se han realizado. Las últimas, presentadas mediante escrito,  NO HA SIDO CONTESTADAS.

En definitiva, D. GABRIEL AMAT AYLLON, CUATRO DÍAS DESPUÉS de la operación realizada en este terreno, a través de la sociedad Softoll, s.a., REALIZA UNA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA A LA PAREJA DEL SR. CABRERA MAS –la Sra. a cuyo nombre aparece esta “propiedad” Dª. FRANCISCA MALDONADO– . En ésta ocasión mediante la mercantil SURPONIENTE, S.A.,  y actuando, igualmente como representante legal, su yerno D. JOSÉ ZAPATA POMARES, mediante escritura AUTORIZADA por el  Notario de Roquetas de Mar D. José Sánchez y Sánchez-Fuentes el día  15 de noviembre de 2005, al nº 3782 de su protocolo, de la mitad indivisa de dicha supuesta finca y por precio de 1.322.732,68 euros. Hay que resaltar que 4 días antes había comprado 20.000 m2 por 1.700.000 euros. Ahora, por solo 6.000 m2, paga 1.322.000 euros. Estos 6.000 metros, actualmente y por intervención divina del Catastro, se encuentran en el mismo sitio que los otros 20.000 metros cuadrados.

En el Catastro aparece a nombre de Surponiente, S.A. no la mitad indivisa, que sería los 6.000 y poco más de metros, SINO LA TOTALIDAD DE LOS 12.898 M2.

Se da la circunstancia no solo que el Sr. Amat Ayllon haya ocultado la compra de estos 6.000 o 12.000, según el Catastro, más los otros 20.000, sino que, en esta ocasión, provienen de una finca inexistente y ubicada de forma fraudulenta en este terreno, como se ha explicado, y donde coincide que la vendedora es D. FRANCISCA MALDONADO MARTINEZ, o lo que es lo mismo, D. LUIS CABRERA MAS, pues ambos son o eran pareja.

AMBAS COMPRAVENTAS, LA DE SOFTTOLL Y LA DE SURPONIENTE, SE REALIZAN CON 4 DIAS DE DIFERENCIA11/11/05 Y 15/11/05.

Ahora, la pregunta es si D. GABRIEL AMAT era ajeno, o no, a las maniobras del padre de su teniente de alcalde para instalarse en ese terreno y si, al mismo tiempo, era o es ajeno a la cantidad de “irregularidades” cometidas, en principio y muy especialmente, por el Catastro de Almería.

Sabemos la futura respuesta del Sr. Amat:

“YO HE ACTUADO COMO TERCERO, COMPRADOR, DE BUENA FE Y NO SABÍA NADA DE NADA”

Gabriel Amat ante la información publicada por el diario nacional El Pais en la que se ponía de manifiesto el “Pelotazo Urbanístico” del que se vería beneficiado, al haber aprobado el Ayuntamiento de Almería el PGOU donde figura un cambio de uso, de su suelo catalogado de secano, a TERCIARIO-COMERCIAL y por el que Amat pagó más de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL EUROS, manifestaba:

Que está “harto” de tener que “demostrar” su “inocencia” cuando son otros quienes “tienen que demostrar las acusaciones”.

Lo cierto es que, el Sr. Amat, vuelve a confundir las “churras con las merinas” no solamente ha de explicar el por qué pagó, por una finca de baldío, cantidades tan astronómicas o por qué no se encuentra inscrita la compraventa, que realizó su yerno mediante la mercantil SOFTTOLL, en el Registro Mercantil sino que, además, ha de explicar y dejar muy, pero que muy clarito, la omisión en su declaración de intereses e incompatibilidades( tanto en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar como en la Diputación Provincial), en lo referente a  su relación y vinculación en la mercantil que realiza la compra. Pero, además, también debería explicar a que se quería referir cuando, como contestación a la pregunta del periodista del País, dijo:

“fue un préstamo que le hice a mi yerno  para montar un concesionario”.

En cualesquiera de los casos, el Sr. Amat, o se confunde o por el contrario lo que pretende es confundirnos a los ciudadanos. No es lo mismo hacer un prestamo personal a su yerno que hacerlo a una sociedad que compra unos terrenos cuando, además, el pago se realiza desde una cuenta corriente privada que nada tiene que ver con la sociedad, aunque los “paganos” sean Administradores Solidarios  de esa mercantil.

Los compañeros del PP de Amat, en el Equipo de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Almería, el exconcejal de urbanismo y ahora Parlamentario Andaluz Pablo Venzal y el recientemente dimisionario alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, candidato número 1 al Senado, aprobaron in extremis, ostentando sus cargos en funciones, la licencia de obras para el gran centro comercial. Este gran área comercial se encuentra separado, de las fincas adquiridas por Amat, mediante el actual Hospital de Torrecardenas.

¡¡¡CASUALMENTE LOS DOS MÁXIMOS RESPONSABLES, CONCEJAL DE URBANISMO Y ALCALDE, EN OTORGAR LA MÁS QUE POLÉMICA E ILEGAL LICENCIA AL CENTRO COMERCIAL, COMO LA RECALIFICACIÓN DE LOS SUELOS ADQUIRIDOS POR AMAT, HAN ABANDONADO LA POLITICA MUNICIPAL!!!
¿POR QUÉ SERÁ?

En el siguiente enlace podran ver mi publicación, sobre éste tema, en el digital El Confidencila Andaluz.com
http://www.confidencialandaluz.com/almeria-mas-pelotazos-en-torrecardenas/

 1 catastro situacion actual 2 catastr situac actual anexo 3 catastr sit actual anexo 2 4 emb Luis Cabrera Registro 5 embargo Luis Cabrera 1