EL GRUPO NOVOTÉCNICA, EDITOR DEL PERIÓDICO LA VOZ DE ALMERIA, VINCULADO EN LA “TRAMA AMAT”

Ahora se puede entender la férrea defensa que desde LA VOZ DE ALMERIA se viene haciendo en favor del Alcalde de Roquetas de Mar, Presidente Provincial del Pp y Presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat Ayllón. Si éste pasado fin de semana, y en pleno Congreso Regional del PP,  publicaba una entrevista, Ad hoc, al abogado defensor de Gabriel Amat, D. Juan Marfil (abría en portada y doble página a 5 columnas), quién realizaba durísimas críticas contra el fiscal y la jueza que investigan la “supuesta” trama societaria vinculada al alcalde roquetero , compuesta por unas 300 mercantiles. El lunes de esta semana, en su sección de tribunales, hacia lo propio con otra realizada al abogado y funcionario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, D. Francisco Javier Torres Viedma quién en idéntico sentido se pronunciaba al respecto del último informe emitido por el Fiscal Delegado de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Almería, D. Álvaro Navarro García. Informe que viene a solicitar la entrega de los expedientes urbanísticos y de contratación que afectan a 25 empresas vinculadas al Alcalde Gabriel Amat y a todo un entramado de personas relacionadas o vinculadas familiarmente con éste, según uno de los informes y organigramas realizados por la Unidad de Delitos y contra el Crimen Organizado de la Costa del Sol (UDYCO). Las 25 empresas señaladas en el informe, “supuestamente”, se habrían beneficiado de las decisiones, influencia  o información privilegiada ejercida por Gabriel Amat, en su condición como alcalde.

“Recordar que el funcionario, abogado del ayuntamiento y que defiende a éste ante el juzgado instructor, es una de las 53 personas señaladas en su informe por la UDYCO.

De las 25 sociedades que la fiscalía ha solicitado la documentación al Ayto de Roquetas, y de las que en sucesivos artículos se irá dando información detallada de cada una de ellas, cabe destacar la enumerada en el puesto 23 por los investigadores, concretamente la mercantil TERRENOS DE ROQUETAS SL.

Se ha podido saber a través de los, también, informes emitidos por la Agencia Tributaria a petición judicial, en el marco de las Diligencias Previas 34/12 que investiga el Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar, que a esta sociedad, y entre otras, se encuentran vinculadas por cuentas corrientes las siguientes empresas:

ALCAZABA DE COMUNICACIONES SA.

PROMOCIONES INDALO ALBORAN SL.

ILEA GESTIÓN SL.

De igual forma, también, aparece vinculado por cuentas corrientes a ésta mercantil, D. Juan Carlos Fernández-Aguilar Crespo. El Sr. Fernández-Aguilar resulta ser, y entre otros muchos cargos y sociedades, el Administrador Único de la empresa LA VOZ DE ALMERÍA SL, editora del periódico de igual nombre y que se ensalza como el de mayor tirada, que no lectura, en nuestra provincia. El mismo medio de comunicación que en días pasados realizaba sendas entrevistas a los abogados defensores del alcalde Amat y del Ayto de Roquetas.

Ademas de ello, D. Juan Carlos Fernández-Aguilar Crespo, también es Administrador Único de las mercantiles ALCAZABA DE COMUNICACIONES SA, PROMOCIONES INDALO ALBORAN SL e ILEA GESTIÓN SL.
Las tres sociedades, anteriormente indicadas, y siempre según los informes de la Agencia Tributaria, figuran en el año 2010, a su vez, como partícipes , cada una de ellas, del 4,34% de las acciones de la empresa TERRENOS DE ROQUETAS SL. Por consiguiente, el Grupo Novotécnica al que pertenece, y entre otras,  la sociedad LA VOZ DE ALMERÍA SL en el año 2010 tenía el 13,02% de la otra TERRENOS DE ROQUETAS SL y en la que aparece entre otras personas y empresas los sobrinos del Alcalde Amat, D. Francisco Javier, José Ángel e Ignacio Amat Vargas, señalados en el organigrama de la UDYCO.

La información extraída de los informes de la Agencia Tributaria viene a corroborar la presencia del Grupo Editor del periódico La Voz de Almería, a través de su Administrador Único, D. Juan Carlos Fernández Aguilar Crespo y de TRES mercantiles pertenecientes a éste grupo que en los siguientes años, hasta el 2014, incrementaron su participación accionarial pasando, cada una de estas tres empresas, a tener el 4,54% de la sociedad TERRENOS DE ROQUETAS SL. Así que, a éste año, el Grupo Editor del periódico LA VOZ DE ALMERÍA controlaba el 13,62% de las acciones.

Otras sociedades y personas vinculadas a la mercantil TERRENOS DE ROQUETAS SL, dignas de mencionar son:

  • AGER PÚBLICO SL:
    En la que su Consejero y Consejero Delegado, desde el año 2005 es D. Emilio Martinez Llamas, quién a su vez es Consejero, conjuntamente con el yerno de Gabriel Amat, D. José Zapata Pomares, en la mercantil JARQUIL VERDE SL, sociedad a la que el Ayuntamiento de Roquetas, siendo Amat su alcalde, adjudico diversos contratos  de suculentas cantidades económicas, como el conocido y no menos llamativo contrato para colocar GPS a las Palmeras del municipio roquetero. Ademas de ésta vinculación el, también, GRUPO JARQUIL se encuentra muy identificado en TERRENOS DE ROQUETAS SL mediante sus cuentas corrientes y con participación accionarial, en el mismo orden y porcentaje que las anteriores señaladas, a través de la sociedad DESARROLLOS ECONÓMICOS DEL SURESTE SA.
  • ESMARTES 21 SL:
    Mercantil perteneciente, entre otros,  a los propietarios de SAT LAS HORTICHUELAS, involucrada y pieza principal del que fuera el famoso caso conocido como LA FABRIQUILLA por la que fue imputado, en su día, el alcalde Gabriel Amat.
  • También aparecen en ésta sociedad la familia LÓPEZ OJEDA:
    Muy vinculados en los negocios con la familia AMAT. Un caso concreto se da en la mercantil HORTOFRUTICOLA COSTA DE ALMERÍA SL en la que figura, entre otros de los familiares de Amat, su yerno JOSÉ POMARES FRÍAS. Casualmente, ésta mercantil, también se encuentra entre las 25 sociedades en las que el Fiscal pide al Ayuntamiento que aporte los expedientes completos que afectan a determinadas actuaciones urbanísticas realizadas en el municipio de Roquetas. En la empresa HORTOFRUTICOLA COSTA DE ALMERÍA SL, también aparece uno de los cuñados, D. Enrique E. Vargas Garbin, del Abogado y funcionario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, el otro entrevistado por el periódico La Voz de Almería. La esposa de D. Francisco Javier Torres Viedma, Dª Emilia María Vargas Garbin, también aparece en el organigrama elaborado por los agentes de la UDYCO.

Es curioso comprobar como, en TERRENOS DE ROQUETAS SL, aparecen mercantiles que, a su vez, también se encuentran muy vinculadas a MACRO PROYECTOS en los que el Alcalde Amat se empecina en promover, como por ejemplo el Z-SAL 1, LAS SALINAS DE ROQUETAS. Así nos encontramos con la mercantil, y entre otras, LASCONY SL. del conocido como Grupo Empresarial CARRIÓN que conjuntamente con sociedades del mismo conglomerado empresarial como, URBOPONIENTE, ALVORES ULTRASER son de los mayores propietarios del sector Z-SAL 1, LAS SALINAS y entre los que, igualmenteaparece la empresa INVEP 13, de las hijas y esposa del Alcalde Amat y en la que han figurado como Administradores Solidarios los señores: D. José Zapata Pomares y D. José Pomares Frías( éste ultimo ceso en su cargo en fecha 21-04-14), ambos, yernos de Gabriel Amat.

De los informes de la Agencia Tributaria (incorporados en las D. Previas 34/12, seguidas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de mar, conocidas como “LA TRAMA AMAT”, se desprende que la mercantil INVEP 13, adquirió en el año 2009 el 16,66% de las acciones de la mercantil URBOPONIENTE SL, por un nominal de UN MILLÓN DE EUROS.

En el año 2010, y siempre según los datos de la Agencia Tributaria, la mercantil INVEP 13 es titular del 20% del accionariado de URBOPONIENTE SL, manteniendo el nominal de UN MILLÓN DE EUROS hasta el ejercicio 2013.

 

AMAT, SUS PALMEROS Y EL CONGRESO DEL PP. LA COZ DE ALMERÍA, EL LETRADO DEFENSOR Y EL INFORME DE LA FISCALÍA

1.- El congreso regional del pp.
2.- La Voz de Almería, El abogado defensor y El Informe de la Fiscalía

  1. El Congreso Regional del Partido Popular, que se ha celebrado en Málaga, ha aprobado una serie de enmiendas a sus estatutos que, cuando menos, deberían de servirnos para evaluar por donde ha ido, y quieren llevar, el problema que han ocasionado, a nivel nacional, mediante la implantación de un sistema de corrupción política que ha esquilmados las arcas de nuestro estado.
    Se han podido escuchar ponencias que incluían frases como:

¡¡¡SE ACABARON LAS CONDENAS SOCIALES Y POLÍTICAS ANTICIPADAS!!!

En clara referencia a que el PP de Andalucía  no va a permitir, más, que dimita ni un solo cargo público u orgánico, al menos de su partido, por motivos de corrupción tanto, en cuanto, no sean condenados judicialmente.

Esta situación, nuevamente y por segunda vez, deja entredicho y con el “culo al aire”, aquel mal llamado “Pacto de Investidura” en el que se incluían, entre otros, una serie de actuaciones de carácter urgente y de contenido más que preocupante, para toda la sociedad civil española, en materias como la Lucha contra la Corrupción y “La famosa comisión de investigación sobre la caja B del PP”.

Por ahora el único Partido Político, además en el Gobierno de la Nación, que ha sido imputado en la historia de nuestra más que denostada “DEMOCRACIA”.

Ante semejantes incumplimientos no cabe más que preguntarse ¿a qué juega el Sr. Rivera?

  • ¿Era, él, el único que no conocía a Mariano, cuando llegaron a semejante e impresentable pacto de investidura?
  • No sabía el Sr. Rivera que, llegado el caso, tanto Rajoy como su Equipo de Gobierno, y a la vista de sus reiteradas mentiras e incumplimientos con la ciudadanía, incumpliría lo acordado?

Rajoy tenía que devolver el “Morlaco” a los toriles, ante los inmensos pitones judiciales que la bicha está empezando a demostrar y tras los numerosos casos de corrupción que han venido siendo denunciados, especialmente, por funcionarios y Asociaciones, y cuya trascendencia ha sobrepasado las fronteras nacionales. Situando a nuestra querida “MARCA ESPAÑA” entre los países menos transparentes y más corruptos del mundo.

No, no fue un pacto de investidura lo que propuso y firmaron PP y C´s. Lo que verdaderamente firmaron, y a las pruebas me remito, fue un pacto encubierto de gobierno, ya que Rivera y su formación política están dispuestos a apoyar unos presupuestos generales para que el Gobierno del PP siga haciendo de su “capa un sayo”, por muy mucho que nos quieran vender lo contrario.

Motivos más que suficientes ha tenido, y tiene, Rivera como para romper, de una vez por todas, con todos los apoyos que ha venido ofreciendo al Sr. Rajoy y no circunscribir esas supuestas rupturas a ámbitos provinciales o Autonómicos, como escénicamente nos viene representando.

Pero continuando con el Congreso Regional del PP, y su puesta en escena, los almerienses no podemos obviar otro hecho relevante protagonizado por la Ex-alcaldesa de Adra, la Sra. Crespo, que en un alarde, al más puro estilo pelotero, intento provocar la exaltación de los palmeros allí existentes dirigiendo su homilía en favor y defensa del insigne Gabriel Amat Ayllon (Presidente del PP de Almería, Alcalde de Roquetas de Mar, Presidente de la Diputación Provincial y nuevamente ratificado como Presidente Regional del Comité Electoral). Ni corta ni perezosa, la ínclita ex-delegada del Gobierno en Andalucía (2011-2015), de forma casi orgiástica, manifestaba a los allí presentes:

[…] “de mi querido Presidente Gabriel Amat, muy perseguido, mucho tiempo…. pero querido Gabriel no lo conseguirán. Eres un orgullo para todo el partido popular de Andalucía y de España” […]

La ex-alcaldesa, y ex-delegada del Gobierno en Andalucía, parece ser que no conoce a su jefe de filas o que, por el contrario, lo que pretendía era darle una patada en los “cataplines” cuando, públicamente y ante todo el auditorio viene a recordar, a los allí presentes, que el Presidente de los Populares almerienses está siendo investigado por la justicia.

  1. La Voz de Almería, El abogado defensor y El Informe de la Fiscalía:

Y es que, la maquinaria de comunicación y propagandística del Partido Popular se ha dejado ver en sus más pura esencia. Para ello cuenta, en nuestra provincia y como no puede ser de otra forma, con el buque insignia de su “marchan design”, el periódico La Voz de Almería (GRUPO NOVOTÉCNICA).

Éste medio de comunicación no cobra por las campañas publicitarias, que también. Ahora, y desde hace algún tiempo, lo vienen haciendo por intoxicar a la opinión pública ocultando la información veraz distorsionando, con ello, la pura y dura realidad que desde las filas políticas, sus amos y señores, intentan ocultar.

Y un claro ejemplo de ello lo hemos podido vivir todos los almerienses cuando ésta semana pasada, y en vísperas del “cónclave popular”, el periódico de mayor tirada, que no lectura, de la provincia, “LA COZ DE ALMERÍA”, publicaba (en portada y páginas 2 y 3, a 5 columnas) una entrevista, Ad hoc, al abogado defensor de D. Gabriel Amat, D. Juan Marfil quién, casualmente, ha tenido trabajando en su despacho, y hasta no hace muchas fechas, al hijo de nuestra ilustrísima Presidenta de la Audiencia Provincial de Almería.

Esta entrevista, que no tiene desperdicio alguno, se realiza como consecuencia de las publicaciones realizadas por distintos medios de comunicación nacional, en relación a un informe emitido desde la Fiscalía Provincial de Almería, fechado el 17 de febrero pasado, y firmado por el fiscal Delegado de Delitos Económicos, D. Álvaro Navarro García, en el marco de las Diligencias Previas 34/12 seguidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar en el que la juez, Dª María del Mar Alejo Rico, investiga todo un entramado societario compuesto, en principio, por unas 300 sociedades y cuyo epicentro y máximo exponente, “supuestamente”, sería el Alcalde del municipio Roquetero, Sr. Amat, y un conglomerado de personas compuesto por unos 53 familiares y allegados del ínclito Presidente Provincial de los Populares almerienses. Según ratifica la UDYCO DE LA COSTA DEL SOL. Informe que, todo sea dicho de paso, viene a ratificar lo que la acusación popular ejercida por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), viene denunciando desde el año 2012.

La Dirección Letrada del Sr. Amat, en su entrevista, nos deja algunos titulares que vienen a poner en relieve la táctica que, a nivel nacional, viene siendo utilizada por el Partido Popular, cuando de sus IMPUTADOS-INVESTIGADOS se trata:

  • “LA INVESTIGACIÓN A AMAT ES INQUISITORIAL Y TORTICERA”.
  • “SE LE INVESTIGA POR TIERRA, MAR Y AIRE, ES UNA CAUSA GENERAL QUE NUESTRA LEGALIDAD NO PERMITE”.
  • “ESTA ES UNA CAMPAÑA DIRIGIDA POR LA ASOCIACIÓN AMAYT, ESO LO TENGO CLARÍSIMO”.
  • DESPUÉS DE TRES AÑOS DE INVESTIGACIÓN SIN IMPUTACIÓN CONCRETA, PEDIRÁ EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS”.

¡¡¡No se puede tener más cara dura ni ser más embustero!!!

No se trata de un escrito presentado en un procedimiento judicial. Simplemente responde a un afán desmesurado de PROTAGONISMO PERSONAL y a una pura estrategia política como respuesta a las publicaciones editadas en los medios de comunicación en vísperas del Congreso Regional.

Lo cierto en toda esta historia es que al Sr. Amat, igual que a su homologo y compañero de partido, el IMPUTADO PENDIENTE DE JUICIO ORAL, alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, los han dejado más solos que la una. Ningún alto cargo, como en otras ocasiones, de las respectivas ejecutivas, Regional y Nacional, han salido en defensa de su presunción de inocencia y claro, esto, ha de ser muy duro y significativo. Sobretodo esto último a la vista de que, a estas alturas, nadie del PP, SALVO SUS PALMEROS PROVINCIALES, cree en la INOCENCIA de ambos alcaldes.

Es muy complicada la situación procesal de D. Gabriel. La Fiscalía no solamente ha solicitado al Ayuntamiento de Roquetas de Mar que aporte todos los expedientes relacionados con esas empresas que han mantenido relación jurídica (comercial) con el consistorio, entre las que se encuentran algunas de su titularidad. También ha solicitado que la UDYCO DE LA COSTA DEL SOL proceda a investigar otras 22 nuevas mercantiles y que el Secretario del Ayuntamiento Roquetero emita las certificaciones correspondientes sobre las vinculaciones jurídicas de éstas 22 nuevas empresas durante los últimos 15 años, lo que a buen seguro seguirá incrementando el número de mercantiles que irán cerrando el círculo de la “trama Amat”.

Por ahora, y de las 103 primeras sociedades investigadas por la UDYCO, la fiscalía ha encontrado indicios más que suficientes, a la vista de las vinculaciones jurídicas mantenidas con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, como para entender que se ha de seguir investigando, más profundamente, en 25 de ellas. No se descarta, evidentemente, el incremento de estas mercantiles a investigar, conforme se vayan recibiendo los informes de la UDYCO, AGENCIA TRIBUTARIA y certificados del Ayuntamiento.

Tanto y tanto alardear, ante los medios de comunicación, sobre la inocencia y su predisposición a colaborar con la justicia, en aras del esclarecimiento de los hechos denunciados por AMAyT, que el Sr. Abogado Defensor del alcalde Amat ha solicitado, en distintas ocasiones, el archivo de las diligencias. La última petición de archivo la realizó en noviembre de 2016. A esta petición, como no podía ser de otra forma, se ha sumado el Letrado del Ayuntamiento, D. Francisco Javier Torres Viedma quién, casualmente, figura en el informe de la UDYCO como una de las 53 personas, familiares, allegadas del Sr. Amat.

El abogado asesor del Ayuntamiento de Roquetas de Mar también figura en el organigrama de la UDYCO como uno de los familiares-allegados-vinculados a “la trama”

Pueden creerme, si les digo, que AMAyT ha presentado, en distintas ocasiones, año 2014, sendos escritos al TSJA solicitando un juez de apoyo o con dedicación exclusiva a éste expediente judicial. Incluso escritos de quejas por demoras en el procedimiento, a criterio de la Asociación, ante la Audiencia Provincial de Almería. Pero, además, también ha presentado escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (sept. 2016) y, más recientemente, Recurso de Alzada ante el mismo órgano donde se pone de manifiesto, entre otros, esa necesidad de juez con dedicación exclusiva. Tal es así que el mencionado CGPJ ha solicitado informe a la juez instructora, quién contestó en los siguientes términos:

[…] “tal y como interesa el Sr. Sánchez Ramón, en su escrito de fecha 30 de Septiembre, resulta absolutamente necesario el nombramiento de un juez de apoyo para el Juzgado Mixto Número 1 de Roquetas de Mar, ya que por la magnitud de la causa y por la dificultad de la tramitación de la misma sería precisa una dedicación exclusiva del juez titular para su instrucción habiéndose reconocido por ese Consejo General del Poder Judicial en su visita de inspección al juzgado en junio de 2015 que el mismo soporta una elevada carga de trabajo que supera considerablemente el indicador de entradas de asuntos” […]

Pues bien, a día de ésta fecha, tanto como se queja el abogado defensor del Sr. Amat sobre la dilación del procedimiento, puedo asegurarles que el Sr. Marfil, ni el Letrado Asesor del Ayuntamiento, ni el PSOE que se encuentra personado tras pagar una fianza de 6.000 euros, han presentado NI UN SOLO ESCRITO DE QUEJA o no han cursado NI UNA SOLICITUD CON PETICIÓN DE JUEZ DE APOYO O EN EXCLUSIVA A LA CAUSA.

En cuanto a la falta de concreción de los delitos investigados, referenciado por el Sr. letrado,  nada más lejos de la pura realidad. A la vista está nuestro escrito de denuncia, y subsiguientes ampliaciones, presentados en el juzgado y fiscalía. Tal es así que la SALA SEGUNDA de la Audiencia Provincial de Almería, mediante resolución de fecha 13 de mayo de 2016, y como contestación a la negativa por parte del Sr. Marfil, a la que se sumó el Ayuntamiento de Roquetas, para que no se investigase con la profundidad necesaria y requerida por la instructora los hechos denunciados, manifiesta lo siguiente:

[…] “son a todas luces, pertinentes, necesarias útiles y eficaces en orden a determinar la naturaleza de los hechos denunciados y personas que han participado. Consideramos que no se trata de una investigación prospectiva pues se denuncian hechos concretos, graves y sumamente complejos, enmarcados en el ámbito de la prevaricación urbanística a la que se asocian delitos de falsedad, cohecho y tráfico de influencias que se han cometido- presuntamente- a lo largo de varios años por medio o a través de sociedades mercantiles, presentándose las diligencias de instrucción acordadas por la Juez, claramente orientadas al esclarecimiento de los hechos” […]

Y es, que 2 páginas de publicidad dan para mucho así, el Sr. Marfil, sigue quejándose y acusando a la asociación AMAyT, entre otras cosas, de actuar de forma torticera y de utilizar tácticas dilatorias. El letrado desconoce que su defendido, el Sr. Alcalde de Roquetas de Mar, como cargo público, tiene el deber de soportar jurídicamente las investigaciones que se están llevando a cabo, con independencia de que afecten a socios y familiares de éste y, evidentemente, con la salvaguarda de su Presunción de Inocencia. A éste respecto cabe recordar,  D. Juan, el tiempo que  tardó  el Ayuntamiento, que Preside su cliente, en remitir al juzgado instructor el domicilio del que fuera su concejal de Urbanismo, ni más ni menos que 7 meses; o los DOS AÑOS que se tardó, estando ya acordado, en recibirle declaración. Y lo cierto es que ante tales eventualidades JAMÁS hemos visto, escuchado o leído ningún tipo de queja o insinuación como la que ahora hace ante el panfleto informativo, LA COZ DE ALMERÍA. También podríamos recordarle los errores, supuestamente involuntarios, cometidos por el Sr. Secretario del Ayuntamiento a la hora de emitir las certificaciones requeridas por la juez. Cuestión, esta, que ha motivado la presentación de diversos escritos con su consiguiente demora en el proceso. Pero ya, lo que raya la desvergüenza y cobardía, es la insinuación que realiza cuando hace mención a las supuestas pretensiones que tienen las ACUSACIONES POPULARES, en un claro manifiesto, al igual que el Partido Popular en el Gobierno, por cargarse a quienes les son incómodos para sus intereses personales y los de su cliente, como en éste caso:

[…] “Aquí hay una acusación popular y a las acusaciones populares  hay que ponerles unos filtros porque en su inmensa mayoría buscan unos fines torticeros y normalmente unos fines económicos” […]

 ¡¡¡SE CREE EL LADRÓN QUE TODOS SON DE SU MISMA CONDICIÓN!!!

Sr. Marfil, por favor, no se ponga usted nervioso. Sabe, perfectamente, que en próximas fechas el Sr. Fiscal, a petición de la juez instructora, ha de pronunciarse al respecto de otras cuestiones, delicadas para su cliente,  que ya debieron ser contestadas, y de entender, en éste mismo informe.

¡¡¡LA PREOCUPACIÓN EN EL PP Y SUS PALMEROS NO SE ENCUENTRA, ÚNICAMENTE, EN LA INVESTIGACIÓN QUE SE VIENE REALIZANDO CONTRA SU PRESIDENTE PROVINCIAL SINO EN OTRAS 4 CAUSAS, TAMBIÉN JUDICIALIZADAS Y EN INVESTIGACIÓN, QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE NUESTRA PROVINCIA!!!

EL ALCALDE DE EL EJIDO(Pp), PACO GONGORA, ACUSADO POR LA JUEZ DE 2 DELITOS, COMO COLABORADOR NECESARIO, DE FALSEDAD DOCUMENTAL Y OTRO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA.

Francisco Gongora, alcalde del Partido Popular en el Ayuntamiento de El Ejido ha sido acusado FORMALMENTE mediante resolución judicial dictada el pasado 1 de marzo. El auto mediante el que se procede a la apertura del procedimiento abreviado( traslado a las partes personadas para que procedan a realizar sus escritos de acusación y descripción de los supuestos delitos cometidos), no deja duda alguna ni a interpretación, en sentido de contrario, a los hechos relatados y perfectamente detallados por la instructora.

La rueda de prensa realizada en el día de hoy, a las 10h. de la mañana, por el Partido Socialista de El Ejido ha puesto de manifiesto el sentir de los grupos políticos en la oposición, desde donde se ha pedido la dimisión inmediata del alcalde ejidense.

Los hechos se remontan al año 2000, época en la que Francisco Gongora era Concejal de Urbanismo en el municipio de El Ejido, por el Pp, siendo su alcalde el que fuera, en su día, su protector político, Juan Enciso, quién tuvo que abandonar la alcaldía al ser imputado en la conocida causa como Operación Poniente.
La firma Agrícola Euro Alpujarra, de la que Góngora era socio, compró unos terrenos que se re-calificaron dos años después. Mientras que Agrícola Euro Alpujarra efectuó la compra por 300.000 euros, solo dos años después esta sociedad suscribió un contrato privado para la venta por 1,5 millones de esos terrenos con otra mercantil, Murgi Edificaciones, con un beneficio de 1,2 millones. Pero esa compraventa no se escrituró hasta 2007, casualmente el mismo día que la sociedad vendedora compraba a la sociedad compradora unos locales en el Bulevar de El Ejido a bajo precio.
La revalorización de los terrenos fue del 500% en un plazo inferior a cuatro años. Y aunque la escritura pública de compraventa no se firma hasta agosto de 2007, en ella se reconoce haber percibido 400.000 euros el 10 de noviembre de 2004. Este importe coincide con el facilitado en el documento privado de compra-venta pero, por el contrario, en la escritura elevada a público, el importe total que figura de la operación ronda los 900.000 euros. Es decir, unos 600.000 euros menos del precio real reflejado en el contrato privado. De este modo, se ocultó a la Agencia Tributaria un pago del impuesto de sociedades por 296.072 euros nunca abonado, según el auto del magistrado

 

A pesar de las evidencias existentes, Gongora, sigue manteniendo su posición de no dimitir argumentando que los supuestos delitos que se le imputan “NADA TIENE QUE VER CON SU GESTIÓN PÚBLICA”, así lo manifestaba a europapress.es tras la rueda de prensa facilitada por el Partido Socialista de El Ejido:

[…]”Alcalde de El Ejido (Almería) no se “plantea dimitir” por “algo que no tiene que ver” con su gestión.
Góngora ha remarcado que su procesamiento “no cuestiona en ningún momento ni pone en tela de juicio nada que tenga que ver” su actividad pública “ni pasada ni presente” y que, por tanto, los hechos que se le atribuyen en calidad de presunto cooperador necesario “nada tienen que ver” con su gestión al frente del Ayuntamiento ejidense”[…].

Gongora Cara olvida, o no quiere recordar y admitir, que él era Concejal del Equipo de Gobierno, por el Pp. Concretamente se encontraba al frente del área de Urbanismo a la fecha de constitución de la mercantil AGRÍCOLA EURO- ALPUJARRA SL, así como a la firma de los distintos contratos suscritos para la adquisición y su posterior venta de los terrenos origen de los supuestos delitos que se le imputan.

  • Hay que recordar que ya, en fecha 28 de julio de 2014, Francisco Gongora fue citado a declarar en Calidad de Imputado, situación procesal que sigue en vigor, y por el que se le imputaba, por aquél entonces, los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad en documento público y un delito contra la Hacienda pública. Góngora cometió presuntamente estos delitos cuando ejerció como concejal de Urbanismo.

Junto al alcalde están imputados su hermano José Gabriel Góngora Cara, su padre Gabriel Góngora Peralta, su socio y amigo Serafín López Pizarro y el representante de Agrícola Euro-Alpujarra SL. En su día el juez les impuso una fianza de 2.368.576 euros que los imputados abonaron para evitar el embargo de bienes “suficientes” para cubrir dichas responsabilidades.

Para la Juez Instructora del Juzgado número 2 de El Ejido,  Dª. JUANA-MARÍA GOMEZ OLIVER, que investiga los hechos denunciados, por el Partido de Almería(PAL) contra el actual Alcalde del Pp, Francisco Gongora, resulta indiciariamente acreditado la presunta comisión por parte de los investigados de los siguientes hechos:

[…]”Que los investigados Jose Gabriel Góngora Cara, Francisco Góngora Cara, Gabriel Góngora Peralta y Serafín López Pizarro, al objeto de adquirir la finca rústica sita en la “Loma de los Hornillos”, finca registral núm. 54.455 del Registro de la Propiedad de El Ejido, constituyeron en fecha 23-6-2.000 la sociedad “AGRÍCOLA EURO ALPUJARRA S.L.”, nombrándose administrador de la mismas a Jose-Gabriel Góngora Cara, y tras adquirir la mencionada finca el 14-7-2.000, por un precio de 300.506,05 € (50.000.000 pts) parte de la citada finca fue recalificada como urbanizable. Que Jose-Gabriel Góngora Cara, en su calidad de administrador de la entidad AGRÍCOLA EURO ALPUJARRA S.L, y el investigado Antonio García Molero, en su calidad de administrador de la entidad MURGI EDIFICACIONES S.l. , suscribieron en fecha 19-4-2.004, un contrato privado de compraventa, mediante el cual la mercantil MURGI compraba a AGRÍCOLA 32.000 m2 de la finca anteriormente reseñada por un precio de 1.538.560 €, y en fecha 21-8-2.007 elevan a público ese documento privado mediante escritura pública con protocolo núm.2497, falseando el importe del precio, haciendo constar el de 791.648,30€ mas IVA, y para compensar el precio oculto, en esa misma fecha, ambas partes otorgaron escritura pública de compraventa, protocolo núm.2.495, mediante la cual, AGRÍCOLA compraba a MURGI dos locales comerciales de 120 y 118 m2, por el precio de 150.391,26 € mas IVA, falseando igualmente el precio, ya que el precio de mercado de los mismos rondaban los 600.000 €. Que la entidad Agrícola Euro Alpujarras, en el Impuesto de Sociedades del año 2.007, no declaró el importe realmente recibido por la venta de la finca, y con ello defraudó a la Agencia Tributaria la cantidad de 296.072.03 €. Que la única actividad de la mercantil AGRÍCOLA EURO ALPUJARRAS.L., consistió en la compra de la mencionada fina, la constitución de un préstamo hipotecario para proceder a la compra de la misma, la venta de la finca y compra de los locales y posterior cancelación de la hipoteca constituida sobre la finca. Que los investigados, Francisco Góngora Cara, Gabriel Góngora Peralta y Serafín López Pizarro, socios de la mercantil Agrícola Agro, eran todos sabedores y conscientes de la falsedad de las escrituras públicas respecto al precio consignado en las mismas y del fraude a cometer a la Agencia Tributaria”[…].

La juez entiende que los mencionados hechos, pueden ser constitutivos de DOS DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL previstos y penados en el art. 390 del C.Penal, y que de las pruebas practicadas existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados:

JOSE GABRIEL GONGORA CARA, y ANTONIO GARCÍA MOLERO, como autores, porque el primero como de administrador de la entidad Agrícola Agro Alpujarras S.L, y el segundo como administrador de la entidad Murgi Edificaciones S.L., con el objeto de lograr una ilegal finalidad, cambiaron la realidad del precio de compraventa de la finca y los locales comerciales, convirtiendo en veraz lo que no lo es.
FRANCISCO GONGORA CARA, GABRIEL GONGORA PERALTASERAFÍN LOPEZ PIZARRO, como cooperadores necesarios, porque todos como accionistas, eran conocedores y consintieron de la falsedad documental, contribuyendo con su proceder de forma activa a que se alterara la realidad del precio.

UN DELITO CONTRA LA HACIENDA, previsto y penado en el art 305 del C.Penal, al exceder el fraude de 120.000 €, y que de las pruebas practicadas, existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados:

JOSE GABRIEL GONGORA CARA, como autor porque como administrador de la mercantil Agrícola Agro Alpujarras tenía el deber de liquidar el impuesto.
FRANCISCO GONGORA CARA, GABRIEL GONGORA PERALTA y SERAFÍN LOPEZ PIZARRO como cooperadores necesarios, porque todos como accionistas, cobraron a título particular y en función de su porcentaje de participación en la sociedad “Agrícola Agro Alpujarras S.L.”, el importe de la venta de la finca, contribuyendo con su proceder de forma activa a que se generara ese beneficio económico, que ellos recibieron y que fue el desencadenante del fraude.

[…]Que DEBO ACORDAR Y ACUERDO seguir las presentes actuaciones por las normas contenidas en los artículos 757 y siguientes, Capítulo IV, Título II del Libro IV, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “Del Procedimiento Abreviado”, haciéndose entrega de las mismas al Ministerio Fiscal, previa notificación a las partes personadas, para que en el plazo de 10 días, formulen escrito de acusación contra JOSE GABRIEL GONGORA CARA, FRANCISCO GONGORA CARA, GABRIEL GONGORA PERALTA, SERAFÍN LOPEZ PIZARRO y ANTONIO GARCÍA MOLERO; solicitando apertura del juicio oral, o pida el sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, interese la práctica de aquellas diligencias que estime indispensables para formular acusación.

El empecinamiento del actual alcalde, en su afán de no dimitir, pone en una complicada situación al Presidente de los populares en Almería, Gabriel Amat, que se encuentra en puertas de volver a ser imputado en las Diligencias Previas 34/12 instruidas por el juzgado número 1 de Roquetas de Mar. Causa conocida como “La Trama Amat” que investiga la vinculación y participación de Amat, como alcalde de Roquetas de Mar, y otros 50 familiares en un entramado societario compuesto, en principio, por unas 300 sociedades, conforme lo verifica en su informe la Unidad de Delincuencia y contra el Crimen Organizado de la Costa del Sol (UDyCO). Parecería lógico que Amat apoye, incondicionalmente, a su compañero Gongora a la vista de su propia situación procesal. Pero no solamente pone en un “direte” al Presidente del PP almeriense sino que, también, al propio Mariano Rajoy ya que, Francisco Gongora, es miembro del Comité Nacional del Partido Popular, propuesto, precisamente, por el propio Amat.

¡¡¡JUANMA MORENO, LLEVAS TODAS LAS PAPELETAS DEL SORTEO, TE TOCARÁ A TI!!!

Al PP se le acaban las excusas en su esfuerzo de intentar justificar lo injustificable ante tantos casos de corrupción que afectan, primordialmente, a Concejales, Alcaldes, Presidentes de Diputación cuando no a Presidentes de Comunidades Autónomas, como es el caso de la Región de Murcia. Y es que, ciertamente, el Arco Mediterráneo español no ha tenido desperdicio alguno para los populares, desde Castellon (Eduardo Zaplana), pasando por el/los Presidentes de la Diputación Provincial de Valencia, Diputación Provincial de Alicante, Murcia y, ahora, El Ejido.

  • Lo mismo tenemos que recordar a Magistrados, Jueces y Fiscales que aunque no exista AVE entre la Región de Murcia con la de Almería si que estamos conectados mediante autovía y que en ésta, nuestra provincia, existen causas instruidas y en investigación que también afectan a altos cargos del PP Provincial, cuando no a las instituciones gobernadas por ellos.así que a ver si algunos de estos ilustres se van amarrando “los machos” y no se olvidan que Almería también pertenece al Arco Mediterráneo español.
  • Auto 

1ª Parte:LOS AMAT, TAMBIÉN, INVADIERON LA CAÑADA REAL ROQUETAS DE MAR

Significado de Cañada Real:Terreno bajo entre lomas, regado total o parcialmente por agua y con vegetación propia de tierras húmedas.

Urbanización sobre la Cañada Real de la Costa.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar puso en marcha un plan parcial de urbanismo que afectaba directamente al Paraje Natural de Punta Entinas – Sabinar y a la Cañada Real de la Costa que lo atraviesa. En diciembre de 2001 se procedió al cierre mediante vallado –bajo el pretexto de un “plan de seguridad”- de la pista que limita este espacio protegido por el Norte y que rodea al charcón del Hornillo –Salinas de Cerrillos y Viejas- en su parte más próxima al golf de Playa Serena.

Dentro de los límites del Paraje y en la misma zona, desde entonces, se ha producido  un nuevo proceso especulativo, quebrantando el articulo 38, del título IV de la Ley 2/1989 y la Directiva 92/93 del Consejo de la CEE, entre otras disposiciones. Por este punto discurre la Cañada Real de la Costa que, como vía pecuaria, constituye un bien de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo inalienable, imprescriptible e inembargable por ley. Esta vía se encuentra en la actualidad deslindada y amojonada, presentando expedientes contra la ocupación ilegal de la misma dentro del propio espacio natural por cultivos bajo plástico –invernaderos-, naves industriales, etc…

Según el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se consideran infracciones muy graves –título IV, artículo 21- La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase; la edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras; la instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida totalmente el tránsito de ganado o previsto para los demás usos compatibles o complementarios, exactamente lo que ha venido sucediendo durante todos estos años.
Cuando se trata de zonas de ESPECIAL PROTECCIÓN, dentro de la Unión Europea y propuesta como Lugar de Interés Comunitario, no cabe posibilidad alguna de negociación con aquellos que incumplen deliberadamente la ley pero lo cierto es que, indistintamente que fuese en el año 2001 cuando por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar se procedía al vallado, bajo el pretexto de un “plan de Seguridad”, la CAÑADA REAL estaba siendo USURPADA mediante INFINIDAD DE INTRUSIONES por especuladores de la zona, empresarios de mucha notoriedad y supuestamente reconocido prestigio del termino municipal roquetero.
Tal es la cuestión que por el Sr. D. Estanislao de Simón Navarrete ( por aquél entonces Director Provincial del IARA) en fecha 26 de mayo de 1988 remite, al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Resolución de la Presidencia del Instituto Andaluz de Reforma Agraria de fecha 15 de abril de 1988 mediante el cual se aprobaba el deslinde de la Vía Pecuaria “Cañada Real de la Costa” en el término de Roquetas de Mar, publicado en el B.O.J.A. nº 39 de 20 de Mayo. El escrito continua haciendo la siguiente observación u advertencia:

  • Se ha observado que no obstante tal deslinde se ha venido efectuando trabajos y ocupaciones en dicha vía, incluso con obras, y con posterioridad al 13 de octubre de 1986 en que comenzaron las operaciones materiales del deslinde.
  • Conforme al art. 7 del Reglamento de Vías Pecuarias, aprobado por R.D. 2876/78 de 3 de noviembre, es procedente que por ese Ayuntamiento se emita informe sobre tales obras  y ocupaciones  , y se requiere y exhorta al mismo tiempo a dicha corporación  para que colabore con éste Organismo en defensa de la Vía Pecuaria señalada, como bien de domino público no susceptible de apropiación, enajenación ni prescripción. 

IARA 1988

Como consecuencia de la Resolución adoptada por el IARA, en fecha 09 de febrero de 1990, desde la Jefatura de la Policía Local de Roquetas de Mar se dirige oficio al propio Ayuntamiento de Roquetas de Mar a fin de que por este se faciliten y entreguen, en esa Jefatura, los planos correspondientes al Deslinde las Vías Pecuarias de ese Término Municipal. En el mismo oficio,  el Sub-oficial -JEFE DE LA POLICÍA LOCAL, que suscribe el mismo, recuerda al Ayuntamiento de Roquetas lo siguiente:

La inspección de obras de esta Jefatura tiene el deber de denunciar los ex-polios y anexiones de terreno que se vienen haciendo por especuladores para su provecho, siendo bienes de dominio público. Las citadas vías pecuarias, en muchos tramos de éste núcleo urbano, han desaparecido y de cuya constancia existen antecedentes en esta Jefatura”.

 

POLICIA PIDIENDO PLANOS IARA

 

 

EL DIPUTADO POR C´s, DIEGO CLEMENTE, A LA ESPERA DEL AUTO DE UN JUEZ PARA ENVIAR SUPLICATORIO AL TRIBUNAL SUPREMO

RUEGO TOMEN ESTA INFORMACIÓN EN CONSIDERACIÓN, Y ANALICEN LA DOCUMENTACIÓN QUE LES ADJUNTO. DICEN SER UN PARTIDO DE REGENERACIÓN, Y EN CONTRA DE LOS AFORAMIENTOS. ESTE SEÑOR ESTA A LA ESPERA DEL AUTO DE UN JUEZ PARA ENVIAR AL TRIBUNAL SUPREMO. 

  1. DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DINERARIO
    El Señor Clemente no cumple con sus obligaciones de pagar desde hace seis años, y esta sociedad la obvio en su declaración de bienes en el congreso, siendo administrador mancomunado de la misma.
  2. DEMANDA POR APROPIACIÓN INDEBIDA Y DE DELITO SOCIETARIO (PENAL Y ADMITIDA A TRÁMITE POR EL JUZGADO DE ROQUETAS)
    Al pedir documentación para la primera demanda, se observa que por parte de Don Gumersindo Clemente y Don Diego Clemente, aprovechando que son administradores mancomunados de la sociedad, venden una propiedad de la misma sin acuerdo de la JUNTA GENERAL y por un precio inferior al valorado en aportación, apropiándose (presuntamente) de parte del dinero recibido de la venta.
  3. SOCIEDAD GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVERSIONES DE ALMERIA
    El Señor Clemente, en escritura pública, se queda de administrador único y no registra dicha escritura (la guarda en un cajón, y no consta en el registro a día de hoy), escritura obviada en su declaración de bienes al Congreso de los Diputados.
    Dicha sociedad, tiene dos pólizas de crédito avaladas solidariamente por los socios. El Señor Diego Clemente Giménez no ha hecho frente a sus obligaciones de pago, debiendo caer este en sus socios avalistas.
Pulsando en los siguientes enlaces tendrán acceso a toda la documentación facilitada

https://es.scribd.com/document/337997949/Demanda-Por-Inclumplimiento-Dinerario-Diego-y-Esposa

https://es.scribd.com/document/337998079/Escritura-De-Compraventa-De-Diego-Sin-Registrar

https://es.scribd.com/document/337998344/poliza-de-15-000-diego

https://es.scribd.com/document/337998357/poliza-de-40-000-diego

https://es.scribd.com/document/337998442/Querella-Por-Apropiacion-Indevida-y-Delito-Societario-Diego

https://es.scribd.com/document/337998477/Auto-de-Admision-a-Tramite-de-La-Demanda

 

DIEGO CLEMENTE, DIPUTADO C´s, CITADO EN CALIDAD DE INVESTIGADO POR SUPUESTO DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA(DELITO SOCIETARIO Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL)

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Roquetas de Mar ha admitido a trámite una querella contra el Diputado Nacional( Ex-concejal del Ayto de Roquetas de Mar), por la formación política de C´s, D. Diego Clemente.
La querella, impuesta por uno de los socios del Sr. Clemente, recoge, entre otros aspectos, que la mercantil ONIRIA CAPITAL, de la que el Diputado Clemente es Socio y Administrador Mancomunado, vendió una finca urbana de su propiedad (Plaza de Aparcamiento), sito en las confluencias entre las calles Movimiento Indaliano y José Plaza del término municipal de Roquetas de Mar, paraje Aguadulce. Al parecer, y según los datos de la escritura pública de compraventa, la operación se realizó por importe de 12.000 euros,  de los que se abonaron a la mercantil, mediante transferencia, la cantidad de 4.000 € y un restante de 8.000 € en efectivo al momento de la firma. Cantidad ésta última que se reconoce haber percibido y que no figuran ingresada en las cuentas de la mercantil, según el socio y querellante del Sr. Clemente y las pruebas documentales aportadas en su escrito admitido trámite. Al parecer, así consta en la querella, el Sr. Diputado ha sido requerido en distintas ocasiones, y antes de proceder por la vía judicial, para que ingrese el importe percibido en efectivo, de dicha transacción, en las cuentas de la mercantil . Acciones por otro lado infructuosas, hasta el día de la fecha, a la vista de la querella impuesta.

En su auto de incoación, de las Diligencias Penales 1210/16 instruidas contra el Diputado Clemente, el Juez Instructor considera que los hechos denunciados, en caso de ser ciertos, podrían ser constitutivos de un Delito Societario y de Apropiación Indebida que tipifica y sanciona el Código Penal e interpretando, al mismo tiempo, que la querella cumple con todos los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ello, admite a trámite todas las pruebas solicitadas por el denunciante entre la que se encuentra:

  • “CÍTESE COMO INVESTIGADO A D. DIEGO CLEMENTE GIMENEZ PARA TOMARLE DECLARACIÓN CON INSTRUCCIÓN DE DERECHOS Y ASISTENCIA LETRADA”… PARA EL PRÓXIMO 19 DE DICIEMBRE A LAS 10,00 H.
  • “RECABESE LA HOJA HISTÓRICO PENAL DE LOS INVESTIGADOS”.
(Pinchando en el siguiente enlace podrán tener acceso al Auto dictado por el Juez así como al escrito de querella)https://es.scribd.com/document/334451918/Querella-Clemente-Cs

Pero esto no lo es todo. Resulta, que a raíz de ésta querella, ahora nos enteramos y tras comprobar la declaración de Bienes y Rentas del Sr. Diputado que, el Sr. Clemente, ha obviado (lo mismo que lo ha venido haciendo durante todo éste tiempo,el Sr. Amat, Alcalde de Roquetas de Mar, Presidente del PP y Presidente de la Diputación Provincial de Almería) incluir su participación en ésta sociedad, así como su condición de Administrador Mancomunado, en su Declaración de Bienes y Renta, presentada ante el Congreso de los Diputados en fecha 7 de julio de 2016.

Hecho que podrán consultar pinchando en el siguiente enlace.
https://es.scribd.com/document/334456511/Declaracion-Bienes-Diego-Clemente

Lo cierto es que, el Sr. Clemente, ya era conocedor de la existencia de ésta querella como también de los distintos requerimientos, realizados por sus socios, para que aportase los 8.000 €, percibidos en efectivo, a las cuentas de la sociedad así como de otras acciones judiciales emprendidas contra él. Prueba de ello es el punto primero, del orden del día, de la Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la mercantil ONIRIA CAPITAL SL  que debió tener lugar el 21 de julio de 2016.
convocatoria-clemente

Pero,¿ha sido ésta la única sociedad que el Sr. Diputado Nacional de Ciudadanos, D. Diego Clemente, ha obviado en su declaración ante el Congreso de los Diputados y ante el Ayuntamiento de Roquetas de Mar?

CONTINUARÁ……….

1ª Parte. ¡¡¡AKELARRE JUDICIAL EN ALMERÍA!!! ¿SON AMAT Y EL PARTIDO POPULAR PROTEGIDOS DE LA JUSTICIA?

Habiendo transcurrido 31 años desde que Pacheco proclamará aquella frase, allá por 1985,  que “la justicia es un cachondeo”, gran parte de nuestra sociedad sigue pensando como el exalcalde jerezano sobre todo cuando nos encontramos con resoluciones judiciales que, cuando menos, rayan la poca vergüenza por no decir la “ilegalidad”.

Cierto es, y a ello estamos acostumbrados, que en todos los gremios se “cuecen habas”. Evidentemente, el de los tribunales de justicia pues como que no lo iba a ser menos.  Ni mucho menos, y a la vista de determinados acontecimientos politico judiciales vividos en nuestra provincia, los almerienses, íbamos a permitir diferenciarnos del resto de nuestros conciudadanos españoles dejando pasar de largo el extenso y articulado brazo de la corrupción política que ejerce su presión sobre jueces y fiscales de nuestra provincia…….. ¡¡¡POR FAVOR, NO SE ME ESCANDALICEN!!!. no quiero decir, con lo expuesto, que todos los jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia sean corruptos. Ahora bien, otra cuestión distinta -y que si pretendo demostrar a partir de ésta introducción a mi próximo artículo-, es el trato diferenciado del que gozan, judicialmente, algunos de nuestros más insignes políticos como aquellas instituciones por ellos gobernadas.

A estas alturas no voy a reiterarme contándoles la espléndida y magnífica labor social, desinteresada por otro lado y sin ningún tipo de recurso económico, que viene ejerciendo la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia(AMAyT), en aras de una más que fiel y rotunda colaboración con la justicia en su lucha contra la corrupción política. Una lucha fratricida contra la corrupción y determinadas prácticas, o malos hábitos procesales, que en definitiva vienen a garantizar, de una forma más o menos ortodoxa y en el tiempo,  la eternización de algunas causas judiciales en las que se encuentran involucrados políticos o instituciones gobernadas por estos. Cierto es, y todo sea dicho de paso, que ésta praxis genera cierta desconfianza hacia nuestros operadores judiciales, como cierto que no todos se prestan a ser partícipes de esos conjuros que se manifiestan , “supuestamente”, tras una serie de reuniones, al más alto nivel, y cuya similitud es lo más parecido a una especie de “Aquelarre o  sabbat” de tinte marcadamente político.

En el artículo que publicaré, tras esta introducción, dejaré constancia de algunas resoluciones judiciales emitidas por TRES jueces en TRES causas distintas en fase de instrucción o investigación penal. Expedientes judicializados que afectan a uno de nuestros más insignes y desvergonzados políticos. Como ya habrán supuesto me refiero al todopoderoso alcalde de Roquetas de Mar, Presidente de la Diputación Provincial de Almería, Presidente Provincial del Partido Popular y Presidente Regional del Comité Electoral del PP, D. Gabriel Amat Ayllón.

Algunos de estos Expedientes judiciales, como el definido con el sobrenombre de “LA TRAMA AMAT”, fueron denunciados por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), ante la Jefatura de la Fiscalía del TSJA allá por el año 2011… ¡¡¡5 años, 60 meses!!! los transcurridos y aún en proceso de instrucción. En ésta causa penal, D. Previas 34/12 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar, están siendo investigadas por orden judicial, por ahora, más de 130 sociedades relacionadas, todas, con el propio Alcalde y su circulo familiar mas cercano, compuesto por más de 50 familiares y allegados, según informes de la propia policía judicial, Unidad de Delitos y Contra el Crimen Organizado de la Costa del Sol(UDyCO). Sociedades que, al parecer, se han visto beneficiadas de las resoluciones administrativas, tanto en materia urbanística como en contratación de servicios, adoptadas por D. Gabriel y su Equipo de Gobierno del Partido Popular durante los más de 20 años que éste lleva al frente del Consistorio Roquetero. Todo éste tiempo transcurrido pudiera parecer un periodo más que apropiado si lo venimos a comparar con otros procedimientos judiciales que se tramitan en esta provincia por ejemplo, y sin ir más lejos, con “LA OPERACIÓN PONIENTE” . Expediente judicial cuya complejidad ha quedado de manifiesto a la vista de las penas de prisión peticionadas, número de imputados e indemnizaciones solicitadas en los distintos escritos de calificación procesal presentados por las acusaciones particulares. Recordar, simplemente, que ésta macrocausa se inició allá por el mes de julio-septiembre, aproximadamente, del año 2009(7 años ha durado, por lo pronto, su instrucción e investigación).

La prolongación en el tiempo de este tipo de procedimientos bien podría justificarse, como así lo vienen haciendo y denunciando de forma reiterada los distintos operadores judiciales (Jueces, Fiscales, etc.), como consecuencia de dos factores fundamentales:

  1. La falta de medios que han de ser aportados desde las distintas administraciones.
  2. La modificación, entre otras cuestiones, de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal(LECRIM).

¡¡¡hic est quaestio!!!

Para el primero de los casos no hay que olvidar que, entre otras,  las competencias en materia de justicia se encuentran transferidas a las comunidades autónomas por consiguiente son, éstas, las que han de velar y aportar los medios necesarios para que nuestra justicia sea rápida y eficaz. Respecto a la segunda de las cuestiones ha de ser el Legislativo (nuestro Gobierno de la nación) el que ha de tomar la iniciativa para proponer dicha modificación, circunstancia, ésta, que ya ha sido proclamada por el actual Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá.
Paradójica e irrisoriamente los españolitos nos hemos visto sometidos durante muchísimos años, gracias a nuestro voto y pasividad, a una justicia desequilibrada, a una justicia de DOS VELOCIDADES que de forma inexorable ha permitido la creación de un sistema judicial  apropiado, adecuado o especialmente dispuesto y en claro beneficio de una clase politico-dirigente que, a su vez, es la misma que debería de adoptar, en tiempo y forma, las medidas demandadas por la sociedad civil y asociaciones de jueces y fiscales, entre otros.

¡¡¡En definitiva, los españoles hemos permitido que la ZORRA cuide y vele de nuestro gallinero judicial!!!

Así, y en estos lances, podemos encontrarnos resoluciones judiciales contradictorias, en causas penales muy similares, que comparándolas unas con las otras y dependiendo de qué o de quién se trate generan, cuando menos, una gran desconfianza a la hora de entender el criterio utilizado por sus señorías. Más que lógica ésta cuestión, al menos desde el punto de vista del individuo, ya que cada juez y fiscal es hijo de su padre y madre por tanto no ha de extrañarnos que éste tipo de resoluciones discordantes sean tan usuales en nuestra extensa y no menos contradictoria jurisprudencia, cuando de aplicar criterios o interpretaciones personales se trata.
Tampoco deja de ser menos cierto, como consecuencia de lo expuesto y ante esta falta de medios, que algún que otro espabilado ha venido a convertir , casualmente, esta situación en una práctica habitual donde se denota cierto rechazo, desidia o inacción a la hora de solicitar o admitir a trámite determinadas pruebas que podrían beneficiar el esclarecimiento de los hechos denunciados por la Acusación Popular, en estos 3 casos que trataremos próximamente,  ejercida desde AMAyT.
Pero lo preocupante de la cuestión no es solamente la denegación o rechazo de la admisión a trámite de determinadas pruebas, consideradas fundamentales por la asociación para la agilización de los procedimientos en curso sino que, además, se intenta torpedear y con mucho descaro  ésta acción popular mediante la fórmula de imposición de fianzas desorbitadas. De éstas cuestiones ya les he hablado en alguna que otra ocasión pero lo que ahora les voy a demostrar, con los documentos oportunos, es la disparidad de criterios que manejan TRES jueces en concreto y en TRES causas distintas  pero que, por el contrario, tienen uno o varios denominadores en común:

  • El Sr. Amat, el PP de Almería, altos cargos de éste partido a nivel provincial e instituciones gobernadas por estos forman parte integrante de las tres causas judicializadas y en fase de investigación.
  • Amayt figura como acusación popular en las tres causas judiciales.
  • La petición de fianzas desorbitadas o la imposición de interponer querella (Se da el caso que, en algunas de estas diligencias de investigación penal, estando ya personados como acusación popular, el Magistrado, cambia su criterio y decide que no basta con la denuncia sino que, Amayt, ha de interponer querella).

A la vista de estas decisiones pues como que es normal que estas formas de actuar generan cierto espíritu de desconfianza y desorientación, por no hablar de indefensión jurídica. Pero vayamos al meollo de la cuestión y comencemos a analizar la primera de las causas y últimas resoluciones adoptadas por el Magistrado en cuestión.

  1. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE ALMERÍA.
  • D. Previas 2147/15
  • MAGISTRADO-JUEZD. Rafael Soriano Guzmán
  • SUPUESTOS DELITOS DENUNCIADOS: PREVARICACIÓN, FALSEDAD EN DOCUMENTAL, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y POSIBLE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.
  • OBJETO DE LA DENUNCIA:

Los hechos denunciados versan sobre una serie de adjudicaciones, y contratos de obra, realizados por la Institución Supramunicipal en favor de determinadas empresas. Concretamente, una de ellas, la empresa Hispano Almería SA, que se encontraba, según los propios informes técnicos de la Intervención General y Tesorería de la Diputación Provincial, con deudas contraídas, en principio, con la propia Institución en el momento de su adjudicación por la Junta de Gobierno contraviniendo, a todas luces, lo establecido y entre otros, en el TRLCSP. Además se aprecia una posible interrelación entre empresas que pudiera ir más allá de lo que sería una mera relación comercial, entre sí, con el ánimo de conseguir un posicionamiento privilegiado al respecto del resto de las empresas ofertantes. Empresas que guardan una relación directa y no meramente circunstancial en cuanto a domicilios, órganos sociales, participaciones de accionariado de sus accionistas, poderes de representación entre sus altos cargos y socios, etc., etc., etc., así, como las cesiones de endosos entre ellas y, en algunos de los casos, en favor de sus propietarios a título personal con la sospecha de que las mencionadas cesiones de endosos se realizan por deudas ficticias entre las mismas o como una mera estrategia para la descapitalización de unas en beneficio de las otras, a la vista de los distintos procedimientos judiciales que mantiene y ante una más que previsible regulación de empleo y expediente de Concurso de Acreedores. Empresas con las que, “supuestamente y de forma encubierta”, tendrían vinculaciones de tipo órgano-societaria. Queda más que demostrado que desde la propia Institución, y más concretamente desde la Jefatura del Área de Fomento Agricultura y Medioambiente, así como por la Junta de Gobierno, se reconoce tácita y expresamente las circunstancias en las que se encontraba la empresa al momento de su contratación .

  • ÚLTIMAS RESOLUCIONES. – CRONOLOGÍA JUDICIAL:

08 julio 2015: Amayt presenta escrito solicitando ser requerida para comparecer y formular la correspondiente personación apud acta en calidad de acusación popular en las referidas Diligencias Previas.

◊ 17 de julio 2015: Providencia del Magistrado Soriano mediante la que se acuerda citar a legal representante de Amayt a fin de que comparezca ante la Secretaría de ese juzgado a los efectos de otorgar apoderamiento Apud Acta y tenerle por personado en las presentes diligencias.

23 de julio 2015: Acta de comparecencia judicial, de Amayt, designando abogado y procurador.

04 de mayo 2016: Auto mediante el cual, el Magistrado Soriano, acuerda declarar la causa COMPLEJA, una vez emitido su informe el Ministerio Fiscal.

¡¡¡A ESTA FECHA LA ASOCIACIÓN AMAyT SE ENCUENTRA PERSONADA OFICIALMENTE!!!

20 de septiembre 2016: 12 meses después de la comparecencia de Amayt, ante el Sr. Secretario Judicial, para realizar su designación de Abogado y Procurador incomprensiblemente, el Magistrado Soriano, dicta Providencia mediante la que se requiere a la Asociación para que demuestre que la persona que ha actuado como representante de la misma, su presidenta, Dª Carolina Gutierrez Marín,  presente ante este Juzgado la documentación que acredite dicha representación. De igual forma, y en punto aparte, requiere a la Asociación para que en el plazo de 15 días, a partir de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la L.E.Criminal, presente escrito de querella criminal por el delito que estime pertinente y contra la persona/s que estime oportuno.

Cómo ha de entenderse que después de llevar más de un año personados(14 meses), ahora, su señoría requiera a la Asociación para que presente escrito de querella. ¿Qué ha sucedido durante éste periodo, 14 meses, para que el Magistrado-Juez cambie de opinión?

06 de octubre 2016: El Magistrado, D. Rafael Soriano, dictó Providencia admitiendo, en tiempo y forma, el Recurso de Reforma y Subsidiario de Apelación presentado por Amayt contra su resolución, Providencia de fecha 20 de septiembre, donde requiere a la asociación que interponga querella. Curioso que, a ésta fecha, Amayt ya era considerada como parte personada en las actuaciones judiciales,  según resolución del propio juzgado de  fecha 17 de julio de 2015 y una vez realizada la comparecencia Apud-Acta( 23 de julio 2015), designando abogado y procurador por parte de Amayt.

25 de noviembre 2016: Nueva y contradictoriamente, el Magistrado Soriano, dicta Auto mediante el cual deja sin efecto su Providencia de fecha 20 de Septiembre de 2016, en la que acordaba, entre otras cuestiones, el requerimiento a Amayt para que presentase querella en el plazo de 15 días. Dicha resolución, en su Razonamiento Jurídico, dice literalmente lo siguiente:

“ÚNICO.- Estimando procedentes las alegaciones expresadas por el Ministerio Público, debe acordarse la reforma del auto recurrido dejando sin efecto la providencia de fecha 20.09.2016, únicamente en lo referente a “.- en el plazo de 15 días a partir de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la L.E.Criminal, presente escrito de querella criminal por el delito que estime pertinente y contra la persona que estime pertinente, y con su resultado se acordará”.

Es decir, que el recurso presentado por Amayt más las alegaciones realizadas por el Ministerio Fiscal, que desconozco sus fundamentos expuestos, al menos por el momento, anulan el requerimiento realizado por S.Sª al respecto de que Amayt tenía que presentar querella contra persona determinada y por los delitos que estimase oportunos.

25 de noviembre 2016: ¡¡¡KAFKIANO!!!, el mismo día que dictó la resolución anterior (no sabemos qué fue primero si el huevo o la gallina), su señoría emite otra, nuevo Auto, mediante la que en ésta ocasión requiere a la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia( AMAyT), para que deposite en efectivo, y en calidad de fianza, la nada despreciable y desorbitada cuantía de 10.000€ PARA PODER PERSONARSE COMO ACUSACIÓN PARTICULAR, que no Popular.
Anecdótico, casualmente, que la notificación de ésta resolución la recibe Amayt el mismo día que el Ministro de Hacienda, Montoro, decide limitar   los pagos en efectivo a importes no superiores a 1.000 €.
Así nos encontramos que S.Sª., donde al principio decía “Digo”, ahora, acaba diciendo “Diego” y es que, no me lo podrán ustedes negar, tantas vueltas le ha dado a la tortilla que al final los ingredientes, como los huevos, se los  habrán puesto otros comensales que estarán disfrutando de tan ilustre y delicioso ágape.

A la vista de lo peculiar e interesante de esta resolución procedo a transcribir, literalmente, parte de lo que el Magistrado Soriano considera en el Razonamiento Jurídico de dicho Auto.

Establece el artículo 280 de la L.E.Criminal “El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio.”.

En el caso de autos no concurre ninguna de las causas de exención de obligación de prestar fianza establecidas en el artículo 281 de la propia L.E.Criminal. Por su parte el artículo 591 de la L.E.Criminal dispone que “La fianza podrá ser personal, pignoraticia o hipotecaria, o mediante caución que podrá constituirse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier medio que, a juicio del Juez o Tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate”.

En atención a lo expuesto debe acordarse que la acusación particular deberá prestar fianza en cuantía de  10.000 €, la cual deberá constituirse en dinero efectivo, habida cuenta que la denuncia interpuesta en su día por la citada asociación contra la Exma. Diputación Provincial de Almería, y sus máximos responsables, por delitos variados de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, considerando la misma, en su cuantía, ajustada tanto a las posibilidades de la citada asociación como adecuada dada la gravedad de los delitos denunciados y sobre todo el carácter público de la institución denunciada, y la notoriedad de los responsables de la misma, contra los que en definitiva se dirige la acusación particular” .

El Magistrado Soriano se encuentra en una encrucijada puesto que- ahora-, debería aclarar las siguientes interrogantes:

En primer lugar: ¿tiene o no que presentar querella Amayt?
Partiendo del desconocimiento de las alegaciones realizadas por el Ministerio Fiscal y que sirvieron de fundamento al Magistrado para dejar sin efecto su providencia de fecha 20 de septiembre de 2016, ratificada mediante Auto de fecha 25 de noviembre del año en curso, habría que entenderse que la Asociación no ha de presentar querella a la vista del auto emitido por el Sr. Juez.

En segundo lugar: ¿Por qué ha de prestar  fianza?
El objeto de la fianza se origina con motivo de responder a las resultas del juicio( por ejemplo, denuncia falsa etc..). A la vista de ésto último subyacen otras interrogantes:
¿Considera el Magistrado Soriano que no existen indicios más que suficientes en la denuncia presentada por el Fiscal a pesar de haber iniciado, él mismo Juez, la apertura de diligencias penales y de investigación?
De ser así ¿por qué no procede al archivo de las actuaciones?
Pero es más, si el Magistrado no archiva las diligencias ¿quiere decir ello que los informes policiales, UDyCO, etc, vienen a confirmar los posibles hechos delictivos denunciados por Amayt y por el Ministerio Fiscal?
En éste caso ¿Cuál es o sería el objeto de solicitar una fianza y más por la cuantía y formas en las que se exige? ¡¡¡BLANCO Y EN BOTELLA!!!

En tercer lugar: Volviendo a las formas en las que ha de presentarse la fianza exigida y su importe.
En su resolución, el Magistrado Soriano, viene a confirmar lo que más de uno sospechábamos y es que, en nuestro sistema judicial, existen DOS TIPOS DE JUSTICIA bien diferenciados:

a) La que afecta a la clase política.
b) La del Resto de los mortales.

Si nuestro sistema judicial se vanagloria de ser respetuoso con la Constitución, de la presunción de inocencia y de ser justo y equitativo en las resoluciones que adoptan sus operadores judiciales pero, por el contrario, entiende que la igualdad entre todos sus ciudadanos comienza por diferenciar a estos ante los Tribunales de Justicia, pues como que mal hemos empezado y mal vamos a acabar.

Y continuando con esta resolución judicial, que no tiene ni pies ni cabeza, me pregunto ¿cómo todo un Magistrado, sin ningún tipo de informe de la Agencia Tributaria, económico, financiero, contable, ni nada de nada, se permite dar por sentado que una Asociación sin Ánimo de Lucro puede responder de una fianza de 10.000€, a todas luces injusta, tanto en su importe como en sus formas?
Aseverar tales prerrogativas deja mucho que desear por parte de S.Sª. Denota cierta actitud chulesca, prepotente y un total desconocimiento de las posibilidades económicas y funcionamiento de la Asociación Amayt. Afirmar categóricamente que “la fianza impuesta es ajustada tanto a las posibilidades de la citada asociación…”  es, cuando menos, de una desvergüenza aplastante y por otro lado acorde a algunas de las resoluciones judiciales por él adoptadas.

Ahora bien, todo tiene su explicación, simplemente releer su propia resolución y ahí encontraremos los motivos, para él más que suficientes, por los que impone esa cuantía y la forma en la que hay que depositar la misma:

considerando la misma, en su cuantía, ajustada tanto a las posibilidades de la citada asociación como adecuada dada la gravedad de los delitos denunciados y sobre todo el carácter público de la institución denunciada, y la notoriedad de los responsables de la misma, contra los que en definitiva se dirige la acusación particular” .

¡¡¡PROTECCIONISMO POLÍTICO-JUDICIAL!!!

¡¡¡ PALMARIO!!!…. Tras el cambio radical adoptado por el Magistrado  no subyace nada más que una sóla intención, IMPEDIR, POR TODOS LOS MEDIOS, EL EJERCICIO DE LA ACUSACIÓN POPULAR POR PARTE DE AMAyT. Claro queda tras esta exposición que ésta Asociación es incómoda para nuestra clase política como para algunos Jueces y Fiscales.

Puedo anticiparles, queridos lectores,  que como no podía ser de otra forma, nuevamente, Amayt ha procedido a interponer Recurso de Reforma y Subsidiario de Apelación contra la última y desafortunada resolución adoptada por el Magistrado Soriano así que, nuevamente, las fechas siguen pasando, los recursos se seguirán suscitando y las causas que afectan a estos políticos se seguirán eternizando. Y aunque, como se suele decir, “MAL DE MUCHOS CONSUELO DE TONTOS” estas prácticas o tácticas dilatorias e inquisitoriales dejarán de ser, esperemos que a muy corto plazo, la última rendija por la que se escaquean algunos de nuestros ilustres políticos. Claro es que, para ello, aquellos funcionarios( Jueces, Fiscales) que se rebelan contra el Akelarre Judicial y sus Conjuros han de ser los que den el primer paso, el primer portazo que, de una vez por todas, impida salir ese aire que impregna de cierto “tufillo” el ámbito judicial de nuestra querida Almería.
No irá tan mal encaminada Amayt si la justicia, mejor dicho algunos de sus jueces o fiscales en nuestra provincia, se preocupan tanto por entorpecer, de forma torticera, la labor de la Acusación Popular cuya obstrucción, de ello puedo estar seguro, solamente va encauzada en aras de Intentar demorar, en la mayor medida posible, el acceso a la información judicial obrante en las actuaciones para así evitar la trascendencia social que podría desprenderse de lo investigado, como bien viene a reconocer, en resumidas cuentas y en su propia resolución, el Magistrado Soriano.

En mi próximo artículo se tratarán otras resoluciones judiciales, en otros dos procedimiento distintos pero con los mismos protagonistas. Causas penales que vienen siendo investigadas en los Juzgados de Instrucción número DOS y TRES de nuestra capital siendo, respectivamente,  sus Magistrados, D. Jesús Miguel Hernández Columna (primo hermano del Magistrado Juez Decano de los de Almería, D. Luis Columna) y Dª Ana Belen Vico.

En él, se podrá comprobar como en las Diligencias de Investigación Penal, tramitadas en ambos juzgados, sus señorías, emiten resoluciones judiciales, al igual que las del Sr. Soriano, de carácter marcadamente contradictorio intentando evitar, desde un principio y a toda costa, la personación de Amayt utilizando, para ello, la obligatoriedad de interposición de querella( una vez ya denunciados los hechos ante la fiscalía y ésta ante el juzgado) que, consecuentemente, conlleva implícita la imposición de fianza.

Parece ser, en definitiva,  que se pretenden unificar criterios judiciales, desde las más altas instancias, con un solo objeto “anular o eliminar las acusaciones populares de aquellos procedimientos judiciales donde políticos o instituciones, gobernadas por éstos, se encuentran involucrados”

CONTINUARÁ…………

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